La Audiencia Nacional examina si Díez, Fernández y Alonso recibieron más de 700.000 euros por cinco transacciones con empresas de la SEPI.

Así lo establece una resolución a la que tuvo acceso Europa Press, procedente del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que Piña dirige bajo secreto de sumario.

El juzgado indica, a partir de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que los tres investigados forman parte de un grupo autodenominado ‘Hirurok’ que «podría haber orientado diversos expedientes en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas al sector público».

De acuerdo con la resolución, «para perfeccionar este sistema», los tres habrían operado de manera coordinada con el objetivo de «obtener el máximo beneficio económico mediante el cobro de comisiones» a través de «contratación y facturación fraudulentas», canalizando los recursos principalmente a través de la compañía Mediaciones Martínez.

Los investigadores sospechan, según la resolución, que la actividad de los investigados se habría desarrollado «al menos entre 2021 y 2023»; habrían afectado a «distintas administraciones públicas en todo el país», y tomado medidas de seguridad para asegurar «la mayor discreción y confidencialidad de sus operaciones».

En este sentido, se indica que se han identificado cinco operaciones en las que lograron decisiones favorables a sus intereses desde diversas administraciones «y mediante diferentes funcionarios públicos, involucrando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI», presidida por Fernández desde junio de 2018 hasta octubre de 2019.

El rescate de Tubos Reunidos

La primera operación mencionada es la concesión de un rescate brindado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros.

Se detalla que el grupo ‘Hirurok’ habría llevado a cabo acciones de «intermediación» para asegurar esa ayuda, «recibiendo un total de 114.950 euros mediante facturación, aparentemente falsa, emitida por Mediaciones Martínez».

Servinabar sobre la sede de Mercasa

Otra operación es la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa a favor de Servinabar, propiedad de Alonso y de la que sería socio el exdirigente socialista Santos Cerdán, por un monto de 18.119,75 euros, que habría consistido en «la intención de cambiar la sede de la sociedad pública».

«Los investigados, en complicidad con varios directivos de la sociedad pública, diseñaron una operación que, por un lado, generaba de manera fraudulenta esta justificación, y por otro, al mismo tiempo, ofrecía un beneficio económico al grupo», se señala, considerando innecesaria dicha adjudicación.

Se indica que Mercasa contrató a Servinabar para que emitiera «un informe técnico sobre las oficinas de la sede central de Mercasa, cuantificando de manera exagerada el coste de las obras de rehabilitación de la sede«.

A favor de la constructora Eriberri

La tercera adjudicación mencionada es la del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros.

Para los investigadores, los miembros de ‘Hirurok’, a través del presidente de la mesa de contratación, habrían tenido la capacidad de beneficiar a la empresa Eriberri en el proceso de adjudicación y, como compensación, la empresa habría canalizado fondos al grupo por un total de 400.000 euros.

«Realizándolo en algunos casos mediante operativas que parecían tener la finalidad de ocultar el origen de los fondos e impedir la conexión entre este origen y sus destinatarios finales», se añade.

Pagos de Enusa a un despacho de abogados

El juzgado también menciona en la resolución supuestos pagos desde la empresa pública Enusa al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes.

Se explica que la operativa tuvo lugar cuando Acciona mostró interés en adquirir dos explotaciones de la empresa pública, concretamente una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.

«Varios directivos de la mencionada empresa pública» y el grupo de los investigados habrían tenido «la facultad de decidir sobre la contratación del despacho de abogados por parte de Enusa, con el aparente fin de proporcionar soporte jurídico a la operación», se indica.

La contratación habría dado lugar a sobrecostes «aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato que, posteriormente, habrían sido canalizados a sociedades vinculadas a ‘Hirurok’» y «se habrían concretado en una serie de pagos por parte del mencionado despacho a Mediaciones Martínez» por 17.545 euros.

Una ayuda de Sepides para Forestalia

Finalmente, la resolución menciona la concesión de una ayuda otorgada por Sepides a la sociedad Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia, por un valor de 17,32 millones de euros.

«Se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del grupo ‘Hirurok’», que fueron canalizados, como en otras operaciones, a través de la sociedad Mediaciones Martínez.

Inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca

El juzgado sostiene que la mayoría de esos fondos fueron dirigidos a realizar inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), «presumiéndose actualmente como inversiones comunes, y, por lo tanto, asociadas a los tres investigados», aunque otra parte de los fondos fue «a los propios miembros del grupo de manera individual».

Además, se añade que el volumen y la forma de ingreso variaron según la persona, asegurando que el expresidente de la SEPI habría obtenido «al menos 49.350 euros, a través de diversas transferencias e ingresos en efectivo».

El juez Piña dejó este sábado en libertad a Díez, Fernández y Alonso, pero les impuso como medidas cautelares la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales ante el tribunal.

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.