La Audiencia Nacional inicia el año judicial con Villarejo nuevamente en el estrado.

La Audiencia Nacional inicia el nuevo año judicial sentando en el banquillo de los acusados al excomisario José Manuel Villarejo por uno de sus supuestos proyectos de espionaje, en el contexto del conocido ‘caso Tándem’, por el cual el excomisario -que aún espera la resolución de la Sala de Apelación- lleva meses aguardando respuesta a la segunda sentencia que lo condenó a 19 años de prisión por varios delitos, a pesar de su absolución en cohecho.

En esta nueva causa, la Audiencia Nacional juzgará desde este lunes a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, por el ‘proyecto Saving’ -una tarea en la que habría indagado posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa-.

Así, en esta pieza vinculada al ‘caso Villarejo’, la Fiscalía Anticorrupción solicita en su apelación 23 años y seis meses de prisión para el excomisario, así como 18 años y nueve meses para su socio Redondo.

En este sentido, Anticorrupción sostiene que los hechos investigados constituyen presuntos delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, perpetrados por un funcionario público, además de falsedad en documento mercantil.

Y solicita, además de las penas de prisión para ambos, que Villarejo y Redondo indemnicen con 5.000 euros a cada uno de los espiados por concepto de responsabilidad civil; al mismo tiempo que apunta que es responsable civil subsidiario la Administración General del Estado, y que se confisque el medio millón de euros que el empresario José Moya pagó al grupo CENYT, la empresa de Villarejo, por estos servicios.

El desarrollo del ‘proyecto Saving’

La Fiscalía explica que este proyecto -que se remonta a 2011, cuando Villarejo estaba activo en la Policía– «incluyó la obtención de información sobre diversas personas que habían tenido alguna relación» con esa inversión y con el procedimiento concursal que afectó a esta empresa. Además, menciona que el resultado de esas investigaciones se registró en una serie de informes.

Según el escrito de acusación, Moya contrató a Villarejo en 2011, cuando este todavía era comisario en activo, para investigar supuestas irregularidades en el proceso concursal tras la quiebra de Martinsa-Fadesa. El empresario había invertido más de 100 millones de euros en acciones de la constructora y se sintió atrapado tras su entrada en concurso en 2008, a pesar de tener un contrato de opción de venta que nunca fue ejecutado.

La investigación atribuido a Villarejo incluyó la obtención ilícita de información sobre tráficos de llamadas de directivos de Ahorro Corporación y de abogados relacionados con el caso, por lo que la Fiscalía sostiene que estos informes se presentaron como servicios legales encubiertos mediante facturas falsas.

En consecuencia, Anticorrupción considera demostrado que el ‘proyecto Saving’ formó parte de la estructura organizada del Grupo CENYT y no fue un hecho aislado. Así, la causa contra el empresario José Moya fue extinguida por su fallecimiento en 2021, mientras que la Fiscalía solicitó archivar la investigación sobre el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín.