La Audiencia Nacional inicia investigaciones contra Zapatero por su vínculo con Venezuela.

«Los hechos derivados de las actuaciones anteriores presentan características que podrían indicar la posible existencia de una infracción penal», señala el auto del magistrado Antonio Piña, al que ha tenido acceso ABC. Este también menciona que realizará la investigación previa «esencial» necesaria para definir qué pasos seguir, dado que «no se ha determinado la naturaleza y circunstancias de los hechos».

Hazte Oír presentó esta querella el pasado 4 de enero, después de enterarse de que desde 2020 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado formalmente ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios del régimen venezolano por delitos de narcotráfico internacional, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y blanqueo de capitales, en relación con el denominado cártel de los Soles.

La querella sostiene que esta organización tenía un alcance internacional con impacto directo en España, como país de tránsito y destino, y subraya que el expresidente del Gobierno español estuvo «integrado en dicha organización, de manera directa o indirecta». «Es jurídicamente necesario registrar la relación continuada, directa y privilegiada del querellado Rodríguez Zapatero con Nicolás Maduro y con la cúpula del régimen venezolano, ya que esta relación no puede ser considerada como un mero vínculo político o diplomático aislado,» apunta.

«Interlocución directa»

Como evidencia de su postura, la asociación explica que es conocido que Zapatero mantuvo durante años «una interlocución directa con Nicolás Maduro», incluso cuando ya existían acusaciones formales en su contra por narcotráfico, conspiración criminal y por utilizar las instituciones del Estado como instrumentos para cometer delitos transnacionales.

Destacan que esta interlocución «se manifestó en encuentros personales, gestiones políticas, declaraciones públicas de apoyo y acciones de mediación internacional que exceden con mucho el marco de una diplomacia informal o neutral».

Tras mencionar y datar varios de esos encuentros, así como documentarlos con fotografías, Hazte Oír recuerda que Zapatero «fue reconocido explícitamente por el régimen venezolano como mediador de confianza, actuando como canal privilegiado de interlocución en negociaciones internas y externas del régimen, incluyendo procesos políticos, electorales y diplomáticos» con el fin de «preservar» a Maduro en el poder y atenuar el aislamiento internacional del régimen.

Además, la asociación menciona en su querella que Zapatero ha tenido una relación cercana de «cercanía personal» con la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez, y recoge mensajes publicados en prensa donde él la describe como «su amiga». A juicio de los querellantes, esto convirtió al expresidente en «un colaborador necesario de todas las actividades realizadas por Nicolás Maduro y su gobierno, incluidas aquellas delictivas que están siendo perseguidas por las autoridades y tribunales estadounidenses».

Asimismo, acusan al antiguo jefe del Ejecutivo socialista de mediar para atraer de manera opaca fondos económicos a Venezuela para sortear el aislamiento impuesto internacionalmente al régimen, y enfatizan que hay una «concurrencia temporal y funcional entre el fortalecimiento económico» de Zapatero y su entorno familiar -sus hijas- «con la intensidad de su relación con Maduro y con el entramado institucional del régimen venezolano».

En este sentido, mencionan que cuando Zapatero dejó La Moncloa, su registro de bienes patrimoniales de 2012 indicaba un total de activos de 130.562,14 euros, desglosado en 15.955,07 euros en bienes inmuebles según valor catastral y 114.607,07 euros en otros bienes. Y citan informaciones periodísticas que sugieren que en 2026 el patrimonio inmobiliario del expresidente y su familia asciende a 3,7 millones. «Este aumento patrimonial ocurre temporalmente a partir de 2014–2015, periodo que coincide con el inicio y la intensificación de la actividad del querellado como interlocutor político y mediador internacional del régimen venezolano», destacan.

Declaración como investigado

Ante esta situación, concluyen que «la posición singular ocupada por el querellado, su cercanía personal a los máximos responsables de la organización criminal y su intervención en ámbitos políticos y económicos estratégicos hacen jurídicamente insostenible cualquier intento de excluir su conducta del ámbito de la investigación penal; siendo esencial determinar si dicha actuación constituyó una forma de colaboración consciente, cooperación necesaria o facilitación activa de delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales».

Y solicitan varias diligencias, entre las que destaca que se ordene a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investigar el patrimonio, las cuentas bancarias y los activos inmobiliarios en España vinculados de manera directa o indirecta a él. Además, la asociación desea que comparezcan como testigos el empresario Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ya que consideran que podrían aportar información relevante sobre posibles negocios de Zapatero en Venezuela.

Finalmente, añaden la declaración como investigado del propio Zapatero y piden que se establezcan medidas cautelares contra él, como la retirada del pasaporte, la obligación de firmar semanalmente en los juzgados y que se imponga una fianza.