La Audiencia Nacional otorga la libertad condicional al etarra Asier Carrera, sentenciado por el homicidio del socialista Buesa | España

La Audiencia Nacional ha decidido otorgar la libertad condicional al preso de ETA Asier Carrera Arenzana, quien fue condenado a más de 100 años de prisión por el asesinato, el 22 de febrero de 2000 en Vitoria, del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez. Esta información fue divulgada por la asociación de apoyo a los reclusos de ETA, Etxerat, y confirmada por fuentes jurídicas y del Gobierno vasco a EL PAÍS. Este homicidio conmocionó a la sociedad vasca y provocó la ruptura de los acuerdos suscritos un año antes entre la coalición PNV-EA y Euskal Herritarrok, heredera de Batasuna.

Carrera, que ha cumplido 25 de los 30 años de condena efectiva, estaba en régimen abierto o semilibertad desde octubre de 2023 y, durante el último año, se encontraba bajo control telemático, lo que le eximía de presentarse en prisión. Tras recibir la libertad condicional este lunes, el etarra deberá seguir diversas restricciones y «reglas de conducta» en su vida cotidiana hasta que su pena esté completamente extinguida. Con su liberación, ya son 53 los reclusos de la organización terrorista que han obtenido este beneficio penitenciario desde 2019, según el último informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Los informes penitenciarios recientes sobre Carrera, quien ha estado encarcelado desde noviembre de 2000, destacaban positivamente su presentación de escritos de arrepentimiento, siendo uno de ellos datado el 13 de diciembre de 2021, donde «lamentaba profundamente el sufrimiento causado a las familias» de las víctimas, mencionándolas por su nombre, lo que se valoró como «un avance significativo en su evolución». Además, se enfatizaba su «actitud y comportamiento efectivo» en relación con la responsabilidad civil impuesta por la sentencia. También se subrayaba que desde que comenzó a disfrutar de salidas periódicas, había realizado voluntariado en una ONG que atiende a migrantes, lo cual contribuía a su evolución. Su pronóstico de reincidencia ya era considerado «bajo».

En octubre de 2022, la Consejería de Justicia del Gobierno vasco le concedió el tercer grado o semilibertad, una medida que fue impugnada por la Fiscalía y que la Audiencia Nacional terminó revocando en febrero del año siguiente. En ese momento, la jueza María Reyes Jimeno justificó su decisión argumentando que el beneficio penitenciario había sido otorgado de manera “prematura”, ya que aunque la evolución del recluso era positiva y había mostrado arrepentimiento, todo ello no era suficiente para permitirle en ese momento un régimen carcelario que le permitiera salir de prisión a diario. Un año después, en octubre de 2023, finalmente accedió al régimen abierto, que se amplió al año siguiente cuando empezó a cumplir su condena bajo un régimen más flexible con control telemático.

Recientemente, las libertades condicionales otorgadas por la Audiencia Nacional a presos de ETA incluyen, entre otras medidas, la obligación de “obtener autorización previa” del juez “para realizar cualquier desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual o cambio de esta o de domicilio”. También se prohíbe expresamente “realizar cualquier tipo de entrevista, declaración o aparición en medios de comunicación que enaltezca el terrorismo o suponga humillación a las víctimas”. Además, se les recuerda la necesidad de seguir pagando las responsabilidades civiles impuestas en sentencia, aunque sea en cantidades simbólicas mensuales; y la prohibición de acercarse al domicilio de las víctimas o participar “en cualquier tipo de homenaje o acto público que se celebre en su honor o en honor a otros miembros de la organización terrorista ETA”.

Según la sentencia que condenó a Carrera y Luis Mariñelarena en junio de 2002, ambos miembros del comando Ituren colocaron una furgoneta cargada con más de 20 kilos de explosivos y metralla en el campus universitario de Vitoria. Buesa, portavoz del PSE en el Parlamento vasco, tenía 53 años, estaba casado y tenía tres hijos. Su escolta tenía 26 años y estaba soltero. Ambos salieron recientemente del domicilio del parlamentario acompañados de uno de sus hijos, de quien acababan de despedirse. Los terroristas de ETA los observaron cuando, según el fallo, Carrera activó el mando a distancia que detonó el explosivo, causando la muerte instantánea a las dos víctimas y heridas a otras dos personas.