La Audiencia Nacional procesa a los altos mandos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Rajoy por el caso ‘Kitchen’, revelado por OKDIARIO.

Trece años tras los acontecimientos (2013), la Audiencia Nacional inicia este lunes el juicio contra los implicados en la trama Kitchen, que fue revelada en exclusiva por OKDIARIO en 2018: el espionaje contra el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, tras su detención por corrupción, en el contexto de la caja B del Partido Popular o caso Gürtel. Entre los acusados se encuentra Jorge Fernández Díaz, quien era ministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy. La Fiscalía solicita para él 15 años de prisión, la misma pena que reclama para su mano derecha, el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez. También será juzgado el ex comisario Villarejo, así como Eugenio Pino, quien en ese momento era el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Estos individuos, junto a otras seis personas, serán procesados desde este lunes por haber llevado a cabo una operación de espionaje ilegal destinada a obtener documentos comprometidos para el PP que estaban en poder de Bárcenas. Había un undécimo imputado, pero ha sido declarado exento por «incapacidad mental sobrevenida», derivada de un ictus sufrido en 2022.

Este juicio es parte de una de las 47 piezas separadas surgidas de la investigación de la operación Tándem, en la que Villarejo fue un protagonista central. Dicha operación destapó numerosas causas penales que han sido objeto de investigaciones judiciales específicas. El presente juicio corresponde a la séptima pieza separada que se abrió a raíz de la operación Tándem y que está conectada con el caso Gürtel.

Las penas a las que se enfrentan

Por los delitos relacionados con la trama Kitchen, la Fiscalía Anticorrupción exige 15 años de prisión y 33 de inhabilitación para el ex ministro Jorge Fernández Díaz, acusado de encubrimiento, malversación y violación de la intimidad.

En su acusación, la Fiscalía detalla que la supuesta operación se originó en la primera mitad de 2013. «Desde la alta dirección del Ministerio del Interior, liderado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, se planificó una operación policial de inteligencia ilícita», indica el documento de acusación.

Anticorrupción expone que esta operación ilegal tenía como objetivo «obtener tanto información como pruebas que pudieran ser incriminatorias para el Partido Popular y sus líderes» en el caso Gürtel que se investigaba en la Audiencia Nacional.

El propósito específico era apoderarse de documentos que «pudiesen estar en poder de Bárcenas, quien era tesorero del partido y estaba formalmente bajo investigación».

«Todo esto tenía como fin evitar que dicho material, que podría ser incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes, fuera presentado oficialmente en el procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción Número 5», añade la Fiscalía.

En «la ejecución de esta operación de inteligencia ilegal para impedir la inclusión de material incriminatorio en el procedimiento judicial» también habrían participado los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas y Enrique García Castaño; el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, y el ex chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Anticorrupción también solicita 15 años para Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Adicionalmente, pide una condena de 19 años para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. En el caso de Ríos, la Fiscalía reclama 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario policial.

Para Martín Blas, el jefe de Asuntos Internos de la Policía en el periodo de presunto espionaje, el Ministerio Público solicita dos años y medio de cárcel.

Los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, también están acusados, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para ellos por no existir suficientes pruebas.

La acusación particular corresponde a Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo, vocalista del grupo musical Taburete. PSOE y Podemos están constituidos como acusación popular.

Rajoy y Cospedal, llamados a testificar

Los testimonios en el juicio por la Operación Kitchen están programados para desarrollarse en más de veinte sesiones hasta finales de junio, incluyendo algunas el sábado para manejar el elevado número de declaraciones previstas.

El listado de testigos incluye nombres de gran relevancia política. El 23 de abril se espera la comparecencia de la ex secretaria general del PP, Cospedal, el expresidente Rajoy y el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, todos mencionados por Podemos. El 27 de abril testificarán la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ex vicesecretario del PP Javier Arenas, entre otros.

El 20 de abril está programada la declaración de Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, propuestos por varias partes: el primer acusado, el PSOE, Podemos y la acusación popular. Se anticipa que su testimonio será uno de los momentos más tensos del juicio.

Fondos reservados y espionaje

Además de los testigos políticos, comparecerán decenas de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, identificados solo por su número de agente, algunos de los cuales cuentan con protección bajo el «auto de protección de testigos» que se anota en el decreto.

También han sido llamados a declarar agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, funcionarios del Centro Criptológico Nacional y técnicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Los interrogatorios a los once acusados están programados para el 14, 18 y 19 de mayo de 2026. La audiencia concluirá entre el 20 de mayo y el 30 de junio con la «audición de archivos de audio», el «visionado de archivos», la «lectura de los folios» y los «informes» de las partes.

Exclusiva de OKDIARIO

Fue OKDIARIO el medio que destapó en noviembre de 2018 la trama que ahora se juzga. Este periódico reveló el 8 de noviembre de ese año que el Ministerio del Interior había abonado durante dos años —en 2013 y 2014— un sobresueldo de 2.000 euros mensuales al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, utilizando fondos reservados, con la finalidad de que actuara como confidente y reportara sobre los movimientos del extesorero del PP.

Según la investigación, Villarejo pagaba personalmente esa suma en metálico cada mes a Ríos Esgueva. Tras la detención de Villarejo en noviembre de 2017, la Policía encontró en su hogar recibos firmados por el chófer y grabaciones de conversaciones con mandos policiales que corroboraban los hechos.

La trama alcanzó su punto álgido la noche del 23 de octubre de 2013, cuando un individuo disfrazado de sacerdote irrumpió en la casa de los Bárcenas, amenazando a Rosalía Iglesias y a su hijo Guillermo: «Tú túmbate en el suelo o le pego un tiro a tu madre».

El objetivo era recuperar tres pendrives con información comprometida sobre el PP. Posteriormente, el Ministerio del Interior alegó que el incidente involucraba a «un desequilibrado».