La Audiencia Nacional programa el juicio a Ignacio González por el campo de golf del Canal Isabel II para septiembre de 2027 | Noticias de Madrid

La Audiencia Nacional ha estipulado el 13 de septiembre de 2027 como fecha de inicio de la vista oral contra el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras cuatro personas, bajo la acusación de manipulación de contratos para la construcción y explotación del campo de golf situado en las instalaciones del Canal de Isabel II durante el mandato de Esperanza Aguirre. Esta es una de las líneas de investigación del caso Lezo. En un auto dado a conocer este lunes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal considera que la vista podría extenderse hasta el 30 de septiembre del mismo año, aunque carece de calendario específico por el momento.

González se enfrenta en este juicio a una solicitud de pena de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de prisión, mientras que la acusación presentada por la Comunidad de Madrid eleva esa cifra a 16 años. Se le imputa haber diseñado presuntamente un sistema que permitió que parte de los beneficios de dichas adjudicaciones fueran a parar a una empresa asociada a dos familiares, lo que le permitió a la trama acumular más de medio millón de euros entre 2006 y 2012. Junto a él, se sentarán en el banquillo de los acusados Ildefonso de Miguel, gerente del Canal y estrecho colaborador de González, así como los tres socios de la empresa favorecida con el supuesto amaño: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, siendo los dos últimos el hermano y el cuñado del exdirigente del PP madrileño, respectivamente.

De acuerdo con el auto emitido en agosto de 2021 por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para llevar a juicio a los cuatro acusados, se supone que González estaba en la cúspide de la trama, ya que en esos años presidía el consejo de administración del Canal de Isabel II como vicepresidente de la Comunidad, cargo que desempeñó de 2003 a 2012, año en el que asumió la presidencia del Ejecutivo regional tras la salida de Esperanza Aguirre. El relato de hechos también incluye a De Miguel, quien, según la Fiscalía, aprovechó «la preeminencia orgánica y funcional de sus cargos» para realizar cambios irregulares en los concursos y pactar con la empresa adjudicataria la subcontratación de Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, SL, donde eran socios el hermano y el cuñado de González.

El primer contrato presuntamente manipulado fue el otorgado a la constructora Dragados para la “consolidación, impermeabilización y ajardinamiento” de los terrenos destinados al campo de golf. En 2004, un año después de la concesión, la trama alteró el proyecto y, en lugar de realizar una nueva licitación como requería la ley, acordó con la constructora que se encargara de los nuevos trabajos a cambio de que subcontratara una parte, valorada en más de tres millones de euros, a la empresa del hermano y el cuñado de González, aunque esta carecía de capacidad para llevarlos a cabo. Tecnoconcret, a su vez, subcontrató esos trabajos a otras dos compañías (Onlygolf y Fieldturf España), de las que presuntamente cobró una comisión del 8%, lo que resultó en un beneficio de 381.029 euros.

El segundo contrato en cuestión adjudicaba, por un período de cinco años, la gestión y explotación de las instalaciones del campo de golf. El Canal de Isabel II lo concedió en 2006 a una unión temporal de empresas (UTE) que incluía a Tecnoconcret y a una sociedad de Dragados. Tras la adjudicación, las empresas de la UTE formaron la firma Green Canal Golf, que subcontrató a Tecnoconcret el mantenimiento del césped del campo por un importe mensual de 9.875 euros. Esta, que también carecía de capacidad para realizar ese trabajo, lo subcontrató a Onlygolf por 7.941 euros al mes. De este modo, la empresa de los familiares de González obtuvo un beneficio aproximado del 20% por su mera intermediación, lo que se traduce en un total de 123.752 euros.

El juicio se llevará a cabo más de dos décadas después de que se anunciara el proyecto del campo de golf, que ha estado rodeado de controversia desde su concepción. Los populares José María Álvarez del Manzano, entonces alcalde de Madrid, y Alberto Ruiz-Gallardón, quien era presidente autonómico, presentaron el proyecto en 2003 como un “parque El Retiro de Chamberí”, que abarcaba 118.000 metros cuadrados destinados a jardines, un estanque e incluso un helipuerto. Años después, en 2006 y ya bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, el proyecto se transformó en el campo de golf, lo que generó una ola de críticas entre los vecinos del distrito, quienes preferían áreas verdes a este tipo de instalaciones. Finalmente, el campo de golf fue construido, pero en 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo declaró ilegal y ordenó su demolición. No fue hasta 2018 que la instalación fue derribada y se creó el parque Santander en su lugar.

González, quien estuvo en prisión provisional casi siete meses, enfrenta otras dos causas que también forman parte del caso Lezo. En una de ellas se le acusa de supuestas irregularidades en la adjudicación, en 2007, de la infraestructura del tren de Navalcarnero a OHL, por lo que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel. También está implicado en la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, operación que supuestamente le permitió obtener comisiones millonarias, por la cual el ministerio público le reclama otros ocho años de prisión.