La Audiencia Nacional reduce la importancia del ‘caso Villarejo’ | España

José Manuel Villarejo logró expandir su influencia durante décadas dentro de la Policía Nacional, donde ingresó al final del franquismo. En 2016 se retiró como comisario y, tan solo un año después, fue arrestado y encarcelado en prisión preventiva, siendo el eje de una extensa trama que realizaba encargos de espionaje a cambio de sumas millonarias. El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional abrió entonces un macrosumario, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, el cual ha sumado alrededor de cincuenta líneas de investigación y ha afectado a todos los sectores del Estado, al IBEX 35 y a la Casa Real. Sin embargo, los resultados de los primeros seis juicios del caso distan mucho de las expectativas del ministerio público: hay más absueltos (como la pareja y el hijo de Villarejo) que condenados; las sentencias impuestas son significativamente más bajas que las solicitadas por la acusación; y los ejecutivos de las grandes compañías han salido casi sin sanciones hasta el momento.

Los seis primeros juicios del caso Villarejo han sido una auténtica prueba de resistencia para la macrocausa, con resultados poco satisfactorios en comparación con las expectativas. Según un recuento de EL PAÍS, 35 personas ya se han presentado en el banquillo de la Audiencia Nacional: 19 han sido absueltas; 1, exenta por problemas de salud; y 15 han sido condenadas a prisión (aunque una decena de ellas, a penas mínimas que no superan el año de encarcelamiento). Villarejo, a pesar de ser el más penalizado (con tres sentencias en su contra: una de 13 años, otra de 8 y otra de 3), permanece en libertad al no haberse hecho firmes ninguna de las resoluciones; además, ha logrado detener gran parte de las pretensiones de Anticorrupción: ha sido absuelto en dos juicios, ha desestimado el delito de cohecho en cuatro ocasiones y las penas impuestas en su contra (un total de 24 años de prisión) están lejos de las inicialmente requeridas por el ministerio público (cerca de 200 años).

“Eso pone de manifiesto lo desmedido de las acusaciones en este proceso”, lamenta Sergio Nuño Díez de la Lastra, abogado de Gemma Alcalá, esposa de Villarejo, quien ha conseguido otra victoria en las últimas semanas. A través de un escrito fechado el 6 de noviembre, la Sala de Apelación de la Audiencia notificó que nadie apeló al Supremo la absolución de Alcalá dictada en el primer gran juicio de la trama (referente a los proyectos Iron, Land y Pintor) y, por lo tanto, se declara su firmeza. Esto implica que Anticorrupción, que solicitó más de 83 años de prisión para ella por su participación en la red corrupta, renuncia a continuar luchando por una condena ante el alto tribunal. “Se han instrumentalizado las acusaciones contra los familiares de Villarejo, que era quien realmente interesaba a la Fiscalía”, agrega el letrado.

El cohecho, anulado. El gran revés se dio después del primer juicio, que inició en octubre de 2021, duró un año y trató sobre tres encargos de espionaje realizados por el equipo de Villarejo (los mencionados proyectos Iron, Land y Pintor). Aunque la Fiscalía logró demostrar la existencia de la trama encabezada por el comisario y validó los registros y grabaciones que le fueron incautadas (esos famosos audios que mantuvieron en alerta a las altas esferas del país mientras se revelaban detalles por partes), la Audiencia Nacional solo condenó a 10 de las 27 personas que se sentaron en el banquillo —absolvió, entre otros, a la esposa y al hijo del policía—.

Además, las penas impuestas fueron muy inferiores a las solicitadas por esta parte de las investigaciones (la sentencia de Villarejo fue de 19 años de prisión, luego reducida a 13, frente a los 110 años inicialmente solicitados). Pero, sobre todo, se desestimó el delito de cohecho, que sustenta gran parte del amplio proceso. Dos de los tres magistrados del tribunal consideraron que el comisario no desempeñó las ilegalidades en “el ejercicio de su cargo” (es decir, en calidad de policía), sino que actuó dentro de la “esfera privada”. Esta tesis se ha repetido en el resto de juicios llevados a cabo, lo que ha resultado en el desvanecimiento de las principales acusaciones en su contra (solo ha sido condenado por cohecho en un juicio).

Esta es una de las grandes cuestiones que el Tribunal Supremo tiene pendiente resolver. La Audiencia Nacional ya ha comunicado que se han elevado a esta instancia las condenas dictadas contra Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo. Si el Supremo reintroduce el cohecho, cambiará el panorama para los numerosos juicios que aún faltan —en enero, por ejemplo, se espera que el comisario vuelva al banquillo por cohecho por haber supuestamente aceptado un encargo del empresario Javier López Madrid para hostigar a la doctora Elisa Pinto—.

Exonerados los directivos de Planeta, Repsol y Caixabank. Otros dos juicios contra la trama resultaron en condenas de prisión para Villarejo, quien recibió tres años y un día de cárcel por realizar en 2014 un encargo del Grupo Planeta; y otros ocho años por espionaje para Repsol y Caixabank. No obstante, la Audiencia Nacional limitó toda la responsabilidad penal al comisario y a algunos de sus colaboradores directos, excluyendo a los cinco directivos de estas empresas que también habían sido procesados. El tribunal consideró como un hecho probado que esos gigantes empresariales contactaron con la trama a través de sus jefes de Seguridad y contrataron sus servicios. Sin embargo, en el caso de Planeta, exculparon a sus altos cargos porque no “ha quedado probado que supieran” que Villarejo estaba en servicio activo. Y al analizar las acusaciones contra Caixabank y Repsol, consideraron que no se acreditó “fehacientemente” que conocían que la red corrupta accedía a datos confidenciales para sus actividades de espionaje. Cuatro de esos directivos de las tres compañías eran funcionarios de la Policía en excedencia.

Dos absoluciones. Los dos juicios más recientes celebrados contra la trama han resultado en sendas victorias para Villarejo, quien ha sido absuelto en ambos. Este octubre, el comisario evitó otra condena de 23 años de cárcel que le exigía la Fiscalía por el llamado Proyecto Saving. A pesar de que el tribunal validó que José Moya, expresidente de la compañía Persan, le pagó medio millón de euros por un encargo de espionaje y que, incluso, la trama obtuvo el tráfico de llamadas de varias víctimas; los magistrados determinaron que no se había probado “con el rigor exigido en el proceso penal” que el policía utilizó su cargo para acceder a ese material confidencial. “No se puede presuponer, en contra del reo, que por su condición de alto cargo policial, se prevaleció de su específica función pública para tal fin”, señalaron.

Este noviembre se produjo su segunda absolución. La Audiencia consideró nuevamente como acreditado que su equipo recibió en 2015 otro encargo de espionaje que implicaba recopilar datos reservados de un empresario de Marbella (Málaga). Estos datos confidenciales llegaron a manos de la trama, pero los jueces sostuvieron que no se presentaron suficientes indicios que demuestren la implicación directa de Villarejo en la obtención de esa información sensible. La Fiscalía le solicitaba otros nueve años de prisión.

La pieza de Barajas. Uno de los seis juicios del caso Villarejo llevados a cabo hasta ahora no tuvo al policía como protagonista. En esta audiencia se presentaron en el banquillo el también comisario Carlos Salamanca, exjefe de fronteras en el aeropuerto madrileño de Barajas y amigo de Villarejo; y el empresario y abogado Francisco Menéndez. La Audiencia Nacional condenó a Salamanca a cinco años y ocho meses de cárcel (una pena posteriormente reducida a tres años) por recibir entre 2010 y 2015 importantes sumas de dinero (al menos, más de 125.000 euros en efectivo) y regalos (coches de alta gama, relojes de lujo, viajes…) para que hiciera la vista gorda y permitiera la entrada sin control en España de altos cargos de la petrolera estatal guineana Gepetrol, vinculada al régimen dictatorial de Teodoro Obiang. A Menéndez, quien acudió en 2017 a la Fiscalía para denunciar la trama de Villarejo y confesar, solo le impusieron tres meses de prisión.