La Comunidad comienza el proceso para establecer el registro de objetores de conciencia al aborto.

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Comunidad de Madrid ha dado inicio a los procesos necesarios para establecer el Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), en cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En este sentido, el Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia de la Comunidad un Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad para crear dicho registro.

Con este trámite, se abre un plazo de 30 días hábiles a partir de mañana para presentar alegaciones al proyecto, según la información consultada por Europa Press.

Esta acción responde a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instaba al Gobierno regional a empezar los trámites para la creación del registro de objetores. En su resolución, el TSJM consideraba la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad, en virtud de la Ley Orgánica 1/2023, a raíz de la inactividad administrativa del Gobierno autonómico.

Específicamente, el artículo 19.ter de esta norma estipula que cada Comunidad Autónoma debe crear un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la intervención directa en la práctica de la IVE.

Aunque la resolución judicial no implicaba la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí establecía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su implantación de acuerdo con el protocolo consensuado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Este órgano aprobó el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para implementar el registro en todas las administraciones sanitarias, un acuerdo adoptado por unanimidad, con la participación de todas las comunidades autónomas, y que tiene carácter vinculante como instrumento de coordinación administrativa.

REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE SANIDAD

En este contexto, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad emitió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid, estableciendo un plazo de un mes para su respuesta sobre el registro. Una vez pasado dicho plazo, el 15 de noviembre, la ministra de Sanidad anunció que el Gobierno iniciaría este contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaraba esta decisión, afirmando que el aborto es «un derecho esencial, convertido en negocio» para la Comunidad de Madrid; algo que su Gobierno no iba a «permitir».

De esta manera, el departamento dirigido por Mónica García anunció el 16 de enero la presentación de un recurso contencioso-administrativo. En esa ocasión, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmó que el Gobierno regional defendería, «con la Constitución en la mano», la libertad de objeción frente al aborto.

Entre otros puntos, desde la Comunidad de Madrid se ha argumentado que la creación del registro es una medida organizativa que requiere un desarrollo reglamentario y que su imposición cautelar podría anticipar el resultado del proceso principal.

La Administración autonómica también sostuvo que la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo está plenamente garantizada en su sistema sanitario mediante mecanismos organizativos propios. En este sentido, explicaron que, cuando todos los profesionales de un servicio determinado ejercen la objeción de conciencia, las pacientes son derivadas a centros autorizados que pueden prestar el servicio.

Igualmente, se plantearon objeciones en relación con la legitimidad del Ministerio de Sanidad para promover el recurso, así como dudas sobre la interpretación de la obligación legal de implantar el registro.

AYUSO: «NO VOY A SEÑALAR A NADIE»

Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha defendido que la Comunidad «está cumpliendo con la garantía del derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo».

«Contamos con capacidades de autoorganización que la ley, el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, nos reconoce, y en ese ejercicio de autoorganización, tenemos perfectamente organizado el servicio para compatibilizar el derecho, como puede ser de los médicos, con la prestación de ese servicio en las circunstancias necesarias», manifestó recientemente el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García.

En este contexto, Ayuso ha reiterado en numerosas ocasiones que no va a «señalar» a «los médicos que no deseen» realizar interrupciones voluntarias del embarazo. «No voy a señalar a nadie, ni por abortar ni por no abortar, ni a aquellos médicos que no quieran hacerlo», ha indicado en varias ocasiones.

Por su parte, la ministra ha alertado a la presidenta madrileña que su negativa a crear el registro de objetores podría conllevar su inhabilitación para ejercer un cargo público, conforme al artículo 410 del Código Penal.

«Este artículo establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a cumplir resoluciones judiciales u órdenes de la autoridad competente podrían incurrir en responsabilidades penales, incluyendo multas e inhabilitación para cargos públicos», advirtió la titular de Sanidad.

La responsable de Sanidad también mencionó que «hay parte del PP que ha despertado» para recordarle a Ayuso que «la ley debe cumplirse» en lo que respecta al aborto. Esto, a raíz de que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se mostrara «convencida» de que la Comunidad de Madrid «acatará» la decisión del TSJM.

«Ayuso ha dicho que se empeñará en cerrar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Y yo le reitero a la señora Ayuso que me empeñaré en que ella cumpla la ley», finalizó García, quien enfatizó que ese derecho fue conquistado «por las mujeres de este país hace muchos años».