La Comunidad de Madrid reprocha al Gobierno su falta de acción en la repatriación de niños inmigrantes.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha denunciado este lunes la “inacción total” de la Delegación del Gobierno en la gestión de los expedientes de repatriación de menores extranjeros no acompañados con serios problemas de adaptación. Según ha señalado, desde abril pasado, el Gobierno central tiene sin atender 58 expedientes presentados por la Comunidad, sin haber proporcionado ninguna explicación ni respuesta formal.

Durante una visita al Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral (COFOIL) de Fuenlabrada, Dávila ha criticado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por “no hacer absolutamente nada” respecto a estos menores que muestran conductas cada vez más problemáticas, lo que dificulta su integración y la convivencia en los centros de acogida. “Los expedientes están íntegramente fundamentados con informes técnicos que sugieren la reunificación familiar en el país de origen como la opción más favorable para su desarrollo personal y social”, ha afirmado.

Frente a esta situación, la consejera ha enviado una carta formal a Francisco Martín demandando el inicio inmediato de los procedimientos de retorno y solicitando una respuesta concreta sobre el estado de los trámites. Ha recordado que la repatriación, cuando es pertinente, tiene como objetivo prevenir situaciones de riesgo como la trata, el consumo de drogas o los conflictos dentro de los centros de protección.

Además, ha exigido una coordinación efectiva entre administraciones y ha advertido que, si se generan incidentes graves por esta inacción, “la responsabilidad recaerá sin duda en la Administración competente por haber desatendido sus obligaciones, a pesar de las reiteradas advertencias de este Gobierno regional”.

La consejera ha enfatizado que desde 2018 la Comunidad de Madrid ha brindado atención a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados, de los cuales 1.532 han llegado solo en el presente año. En cambio, ha criticado que el Gobierno central no haya iniciado “ni un solo expediente de oficio” y que se limite a hacer requerimientos que, según Dávila, no son de su competencia o ya están registrados en otros ministerios.

También ha solicitado fortalecer la vigilancia en el exterior de los centros de menores para asegurar la seguridad de los residentes y del resto de la ciudadanía, ante el colapso que, a su juicio, padecen estos recursos. “Llevamos dos años exigiendo al Gobierno que actúe frente a esta llegada masiva y estos repartos encubiertos y forzosos, que están poniendo en riesgo la protección de los propios menores y la seguridad de los trabajadores”, ha advertido.