La defensa califica de “inquisitiva e invasiva” la investigación contra García Ortiz en el inicio del juicio al fiscal general | España.

“El fiscal general ha sido sometido a un proceso completamente injusto, sus derechos no han sido protegidos y no ha podido defenderse bajo las condiciones necesarias”. Este lunes, la Abogacía del Estado ha solicitado la nulidad del procedimiento que ha conducido al juicio del fiscal general del Estado, acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien está siendo procesado por fraude fiscal.

La Abogacía y la Fiscalía, que defiende de manera poco habitual la inocencia del acusado, han comenzado la vista con alegatos contundentes en contra de la instrucción llevada a cabo por el magistrado Ángel Hurtado, en la cual afirman que se han vulnerado derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz, incluidas la presunción de inocencia. Julián Salto, el primer testigo y fiscal que denunció a González Amador, ha calificado de “orden legal” la solicitud hecha por el fiscal general para recibir todos los correos intercambiados entre Salto y Carlos Neira, el abogado de González Amador, incluido el que se encuentra en el centro de la investigación.

La primera sesión del juicio contra el líder del ministerio público ha generado imágenes sin precedentes, al ser el primer juicio contra un fiscal general del Estado en la democracia. A las 9:42 de la mañana, 18 minutos antes de la hora pautada para el inicio de la vista, García Ortiz descendió de su coche oficial y accedió al Tribunal Supremo por la entrada reservada para magistrados y autoridades. Es la primera vez que un acusado entra por esa puerta en un tribunal de alto rango para enfrentarse a un juicio penal. La singularidad de la situación ha alterado incluso el protocolo habitual de los juicios: el acusado ha seguido la vista vistiendo la toga de fiscal general y sentado en los estrados junto a su defensa, que es ejercida por la Abogacía del Estado. Junto a ella, la Fiscalía, que, de manera inusual, no ocupa un sitio del lado de la acusación porque reclama la absolución de García Ortiz. El fiscal se dirigió al alto tribunal desde la sede de la Fiscalía General del Estado, donde fue aclamado por un grupo considerable de trabajadores.

Es casi insólito escuchar a la Abogacía del Estado criticar al Tribunal Supremo con reproches de tal magnitud como los que ha dirigido a la instrucción del juez Hurtado la abogada Consuelo Castro, una figura prominente en la Abogacía General que dirigió entre 2018 y 2024. Aunque Castro se unió hace solo unas semanas a la defensa del fiscal general y no participó en la instrucción, ha asumido el control de la defensa y ha denunciado varios puntos que, según su criterio, deberían llevar a la nulidad de todas las actuaciones en contra de García Ortiz.

Durante la fase de cuestiones previas ―donde las acusaciones y defensas plantean puntos sobre los cuales desean que se pronuncie el tribunal al inicio del juicio― la abogada del Estado ha afirmado que la instrucción seguida contra García Ortiz ha sido “inquisitiva y de carácter invasivo”. “No sabemos qué hechos se le atribuyen al fiscal general del Estado”, ha señalado, defendiendo que la instrucción comenzó “con la idea preconcebida de que el investigado era culpable” y con el único fin de “buscar pruebas que lo incriminen”.

Castro ha criticado especialmente la orden de entrada y registro en el despacho del fiscal general, que se llevó a cabo el mismo día en que el instructor había instado a García Ortiz a buscar abogado. La Abogacía del Estado considera que esa acción debería ser considerada nula, junto con todo el material obtenido allí por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido el informe basado en el análisis de los dispositivos electrónicos de García Ortiz, que revelaron que había eliminado todos los mensajes y correos de su teléfono.

La eliminación de estos dispositivos se ha convertido en uno de los dos únicos indicios con los que cuenta la acusación contra el fiscal general. El otro es que la Cadena Ser, el primer medio que mencionó el correo del abogado de González Amador en el que este admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, habló por primera vez de ese mail poco después de que lo recibiera el fiscal general. Sin embargo, una decena de periodistas que testificaron durante la instrucción afirmaron que conocían el contenido del correo (la admisión de los dos delitos como parte de un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel) antes de las 21:59 del 13 de marzo, momento en que supuestamente lo recibió el fiscal general. Este hecho fue destacado por la abogada del Estado, quien advirtió que el supuesto secreto revelado por García Ortiz ya era “ampliamente conocido” por los medios de comunicación cuando él recibió ese correo.

La Fiscalía se ha unido a todas las cuestiones planteadas por la Abogacía y ha añadido algunas más. Por ejemplo, que también debería anularse el registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, porque nunca ha sido considerada por el juez ni la UCO como posible autora de la filtración objeto de investigación. “Y si no fue ella, no se puede allanar su despacho para obtener toda la información”, ha enfatizado la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

La nulidad de ese registro implicaría también la del informe de la UCO sobre el teléfono móvil de la fiscal jefa provincial. Ese documento, en el que los agentes sostenían que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en la filtración, es la base de gran parte de la acusación contra el jefe del ministerio público, ya que documenta mensajes entre Rodríguez y García Ortiz en los que ella le envió el correo del abogado de la pareja de Ayuso a las 21:59 del 13 de marzo. La representante de la Fiscalía también ha señalado que no se ha demostrado que el delito, la supuesta filtración, ocurriera a través del correo electrónico o una aplicación de mensajería instantánea. “Aún estamos esperando un solo dato que sirva de apoyo para afirmar que la filtración imputada al fiscal general se realizó por medios electrónicos”, ha subrayado Sánchez Conde.

Tras concluir las cuestiones previas, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha llamado al primero de los 40 testigos convocados por el Supremo: Julián Salto, el fiscal a cargo de la investigación por fraude contra Hacienda de González Amador. Salto ha relatado que el 7 de marzo de 2024, sus superiores le solicitaron toda la información sobre el caso de González Amador, después de que un periodista hubiera contactado con la Fiscalía General para solicitar información sobre una denuncia presentada contra la empresa Maxwell Cremona. El fiscal ha admitido que le sorprendió esta solicitud, ya que no le parecía un asunto de gran relevancia, sino “un delito de fraude fiscal más”.

Él envió la documentación sobre el caso a la decana de la fiscalía de delitos económicos y, al día siguiente, al indagar sobre el interés especial en el caso, le informaron de que el investigado era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto a preguntas de las acusaciones como de las defensas, Salto ha comentado que esa solicitud de información fue una “orden legal”, dada “la relevancia mediática del caso”.

Salto también ha recordado que el 12 de marzo de 2024, un día antes de que se produjera la supuesta filtración, sostuvo una conversación con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y con la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra. En esa reunión, según ha afirmado, les comunicó que no le parecía lógico cómo, a las 21:26 del 13 de marzo de 2024, mientras estaba en un partido de la Champions del Atlético de Madrid, recibió una llamada de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien le consultó sobre las negociaciones de conformidad mantenidas con el abogado de González Amador. Esta llamada ocurrió poco después de que, a las 21:29, El Mundo publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, lo que llevó al fiscal general a ordenar la recopilación de información para desmentir esa versión y demostrar que fue el abogado quien planteó el acuerdo.

Cuando Salto le indicó que estaba en un partido de fútbol y que apenas podía escuchar lo que Lastra le pedía, ella le sugirió que podría esperar hasta el día siguiente. Sin embargo, apenas diez minutos más tarde, a las 21:39, recibió una llamada de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, quien en primer lugar le dijo que podía esperar y, minutos después, volvió a llamarle para informarle que debía enviar de inmediato los correos a petición del fiscal general. Él, según relató, envió los correos a Lastra y Rodríguez alrededor de las 22:00 y llamó a la fiscal superior para informarle y lamentar que hubiera recibido “órdenes contradictorias”.

Respecto a la información de El Mundo que llevó a la actuación de la Fiscalía, Salto ha afirmado que “no solo es falsa”, sino que constituye “una campaña de desinformación” que ya lleva “20 meses”. “En mis 20 años de carrera profesional, nunca he escrito ni me he puesto en contacto con la defensa de ningún investigado para ofrecer una conformidad”, ha aseverado. También se ha quejado de que el correo electrónico que envió el 12 de marzo al abogado de González Amador terminara en manos del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo distribuyó a numerosos periodistas para propagar la versión errónea de que el ministerio público estaba buscando un pacto con la Fiscalía. “No creo que deba tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Yo pensaba que, de acuerdo al artículo 25 del código deontológico de la abogacía, los correos entre el fiscal y los abogados eran de carácter privado”, concluyó.