La defensa califica de «inquisitiva e invasiva» la investigación sobre García Ortiz el primer día del juicio al fiscal general | España

“El fiscal general ha sido objeto de un proceso injusto en su totalidad, sus derechos no han sido protegidos y no ha tenido la oportunidad de defenderse en las condiciones adecuadas”. Este lunes, la Abogacía del Estado ha solicitado la nulidad del procedimiento judicial que enfrenta al fiscal general del Estado, acusado de un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y acusado de fraude fiscal.

La Abogacía y la Fiscalía, que, a diferencia de lo habitual, defienden la inocencia del acusado, han iniciado la vista con dos alegatos contundentes contra la instrucción del magistrado Ángel Hurtado, afirmando que se han violado derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz, incluyendo la presunción de inocencia. El primer testigo en comparecer, Julián Salto, el fiscal que denunció a González Amador, ha descrito como “orden legal” la solicitud del fiscal general de que se le enviaran todos los correos intercambiados entre Salto y Carlos Neira, el abogado fiscalista de González Amador, incluido el que es objeto de la investigación.

La primera sesión del juicio contra el jefe del ministerio público ha dejado imágenes inéditas, dado que es el primer caso de un fiscal general del Estado en la democracia que llega a juicio. A las 9:42 de la mañana, 18 minutos antes del inicio de la vista, García Ortiz se bajó de su vehículo oficial y accedió al Tribunal Supremo por la entrada destinada a magistrados y autoridades. Es la primera vez que un acusado entra por esa puerta al alto tribunal para ser juzgado en un procedimiento penal. La rareza de la situación ha modificado incluso el protocolo habitual de los juicios: el acusado ha asistido a la vista vistiendo la toga de fiscal general y sentado en los estrados con su defensa, provista por la Abogacía del Estado. Al lado de esta, la Fiscalía, que, en un giro poco común, no se ubica junto a las acusaciones, ya que solicita la absolución de García Ortiz. El fiscal se dirigió al alto tribunal desde la sede de la Fiscalía General del Estado, donde recibió aplausos de un numeroso grupo de trabajadores.

Es también bastante excepcional oír a la Abogacía del Estado emitir críticas tan contundentes contra el Tribunal Supremo como las dirigidas a la instrucción del juez Hurtado por la abogada Consuelo Castro, una figura destacada en la Abogacía General, que dirigió entre 2018 y 2024. A pesar de que Castro se unió hace solo unas semanas a la defensa del fiscal general y no participó en la instrucción, la experimentada abogada ha asumido el control de la defensa y ha denunciado múltiples aspectos que, a su juicio, deberían llevar a la nulidad de todas las actuaciones que han puesto a García Ortiz en el banquillo.

Durante el trámite de cuestiones previas, donde se exponen las preguntas que el tribunal debe abordar al inicio del juicio, la abogada del Estado ha afirmado que la instrucción seguida contra García Ortiz fue “inquisitiva y de carácter invasivo”. “No sabemos qué hechos se le atribuyen al fiscal general del Estado”, ha afirmado, defendiendo que la instrucción se inició “con la idea preconcebida de que el investigado era culpable” y con el único objetivo de “buscar pruebas que le pudieran incriminar”.

Castro ha criticado especialmente la orden de entrada y registro del despacho del fiscal general, que ocurrió el mismo día en que el instructor había citado a García Ortiz para que buscara abogado. La Abogacía del Estado considera que esta acción debería ser considerada nula, así como todo el material obtenido allí por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido el informe derivado del análisis de los dispositivos electrónicos de García Ortiz, que mostró que él había eliminado todos los mensajes y correos de su teléfono.

El borrado de estos dispositivos se ha convertido en uno de los dos únicos indicios que tiene la acusación contra el fiscal general. El otro es que la Cadena Ser, el primer medio que mencionó el correo del abogado de González Amador, en el que este admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, hizo referencia a ese mail poco después de que lo recibiera el fiscal general. Sin embargo, una decena de periodistas que testificaron durante la instrucción afirmaron que conocían el contenido del correo (la admisión de los dos delitos como parte de un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel) antes de las 21:59 del 13 de marzo, cuando supuestamente lo recibió el fiscal general. La abogada del Estado ha señalado que el supuesto secreto revelado por García Ortiz ya era “ampliamente conocido” por los medios de comunicación cuando él recibió ese correo.

La Fiscalía se ha sumado a todas las cuestiones planteadas por la Abogacía y ha agregado algunas más. Por ejemplo, ha solicitado también la anulación del registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ya que esta nunca ha sido considerada por el juez ni por la UCO como posible autora de la filtración que se investiga. “Y si no ha sido ella, no se puede allanar su despacho para obtener toda la información”, ha subrayado la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

La nulidad de ese registro implicaría también la del informe de la UCO sobre el teléfono móvil de la fiscal jefa provincial. Ese documento, en el que los agentes afirmaban que García Ortiz desempeñó un “papel preeminente” en la filtración, es la base de gran parte de la acusación contra el jefe del ministerio público, ya que contiene mensajes entre Rodríguez y García Ortiz, los cuales ella le envió el correo del abogado de la pareja de Ayuso a las 21:59 del 13 de marzo. La representante de la Fiscalía también ha hecho hincapié en que no se puede dar por hecho que el delito, la supuesta filtración, se cometió a través de un correo electrónico o una aplicación de mensajería instantánea. “Aún estamos esperando un solo dato que pueda respaldar la afirmación de que la filtración imputada al fiscal general se realizó por medios electrónicos”, ha indicado Sánchez Conde.

Una vez concluidas las cuestiones previas, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha llamado al primero de los 40 testigos citados por el Supremo: Julián Salto, el fiscal encargo de la investigación por fraude contra Hacienda de González Amador. Salto ha relatado que el 7 de marzo de 2024 sus superiores le solicitaron toda la información sobre el caso de González Amador, tras la llamada de un periodista a la Fiscalía General pidiendo información sobre una denuncia presentada contra la empresa Maxwell Cremona. El fiscal reconoció que le sorprendió, ya que no consideraba que se tratara de un asunto “de gran relevancia”, sino “un delito de fraude fiscal más”.

Él envió la documentación sobre el caso a la decana de la fiscalía de delitos económicos y, al día siguiente, al preguntar sobre el interés en ese caso, le informaron que el investigado era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto en respuesta a las preguntas de las acusaciones como de las defensas, Salto ha señalado que esa solicitud de información fue una “orden legal”, dada “la relevancia mediática del caso”.

Salto también ha narrado que el 12 de marzo de 2024, un día antes de la supuesta filtración, tuvo una conversación con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y con la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra. En esa reunión, según afirmó, les dijo que no estaba

seguro, a las 21:26 del 13 de marzo de 2024, cuando estaba en un partido de la Champions del Atlético de Madrid, recibió una llamada de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, preguntándole sobre las negociaciones de conformidad que había tenido con el abogado de González Amador. Esta llamada se produjo después de que, a las 21:29, El Mundo publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, lo que llevó al fiscal general a ordenar recopilar la información necesaria para desmentir esa versión y demostrar que había sido el abogado quien propuso el acuerdo.

Cuando Salto le informó que estaba en un partido de fútbol y que apenas podía escuchar lo que Lastra le pedía, ella le respondió que el asunto podía esperar al día siguiente. Sin embargo, apenas diez minutos después, a las 21:39, fue contactado de nuevo por la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, quien inicialmente le dijo que podía esperar, pero minutos después lo volvió a llamar para indicarle que debía enviar los correos inmediatamente, ya que así lo había solicitado el fiscal general. Según relató, envió los correos a Lastra y Rodríguez alrededor de las 22:00 y llamó a la fiscal superior para informarle y lamentar que le hubieran dado “órdenes contradictorias”.

Acerca de la información de El Mundo que precipitó la actuación de la Fiscalía, Salto ha aseverado que “no solo es mentira”, sino que “se trata de una campaña de desinformación” que ha durado ya “20 meses”. “En ningún asunto, durante mis 20 años de carrera profesional, he escrito o me he puesto en contacto con la defensa de ningún investigado para ofrecer una conformidad”, ha afirmado. Con la misma firmeza, se ha quejado de que el correo electrónico que él envió el 12 de marzo al abogado de González Amador terminara en manos del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo difundió a decenas de periodistas para propagar la falsa versión de que el ministerio público buscaba un pacto con la Fiscalía. “Entiendo que ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid deberían tenerlo. Yo pensaba que, según el artículo 25 del código deontológico de la abogacía, los correos entre el fiscal y los abogados eran estrictamente privados”, concluyó.