La defensa critica la investigación «inquisitiva y desafiante» contra García Ortiz en el inicio del juicio al fiscal general | España

“El fiscal general ha sido objeto de un proceso injusto en su totalidad, sus derechos no han sido garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones necesarias”. La Abogacía del Estado ha solicitado este lunes la nulidad del procedimiento que ha llevado a juicio al fiscal general del Estado, que enfrenta una acusación de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.

La Abogacía y la Fiscalía, que, en un giro inusual, defiende la inocencia del acusado, han comenzado la vista con dos alegatos contundentes contra la instrucción liderada por el magistrado Ángel Hurtado, en la que, sostienen, se han violado los derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz, incluida la presunción de inocencia. El primer testigo en comparecer, Julián Salto, el fiscal que denunció a González Amador, describió como “orden legal” la solicitud del fiscal general de enviar todos los correos intercambiados con Carlos Neira, abogado fiscalista de González Amador, incluido el que centra la investigación.

La primera sesión del juicio contra el máximo representante del ministerio público ha dejado imágenes inéditas, marcando un precedente al ser el primer juicio contra un fiscal general del Estado en la democracia. A las 9:42 de la mañana, 18 minutos antes de la hora programada para el inicio de la vista, García Ortiz se bajó de su coche oficial y accedió al Tribunal Supremo por la entrada reservada para magistrados y autoridades. Es la primera vez que un acusado entra por esa puerta al alto tribunal para enfrentarse a un juicio penal. La inusual situación ha alterado incluso el protocolo típico de los juicios: el acusado siguió la vista vistiendo la toga de fiscal general y sentado junto a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. A su lado, la Fiscalía, que, en contra de lo habitual, no se sitúa entre las acusaciones ya que demanda la absolución de García Ortiz. El fiscal se dirigió al alto tribunal desde la sede de la Fiscalía General del Estado, donde fue recibido con aplausos por un numeroso grupo de trabajadores.

También resulta casi insólito escuchar a la Abogacía del Estado emitir reproches de tal envergadura contra el Tribunal Supremo, como los que hizo la abogada Consuelo Castro, quien ha sido una figura destacada en la Abogacía General, que ella lideró entre 2018 y 2024. Aunque Castro se unió a la defensa del fiscal general hace solo unas semanas y no participó en la instrucción, la experimentada abogada se ha hecho cargo de la defensa y ha denunciado varios supuestos que, en su opinión, deberían llevar a la nulidad de todas las actuaciones que han permitido llevar a García Ortiz al banquillo.

Durante el trámite de cuestiones previas, donde las acusaciones y defensas plantean cuestiones sobre las que pretenden que el tribunal se pronuncie al inicio del juicio, la abogada del Estado ha sostenido que la instrucción seguida contra García Ortiz ha sido “inquisitiva y de carácter invasivo”. “No sabemos qué hechos se le atribuyen al fiscal general del Estado”, ha afirmado la abogada, quien ha defendido que la instrucción se inició “con la idea preconcebida de que el investigado era culpable” y con el único propósito de “buscar pruebas que solo lo incriminen”.

Castro ha criticado especialmente la orden de entrada y registro en el despacho del fiscal general, que ocurrió el mismo día en que se había convocado a García Ortiz para buscar abogado. La Abogacía del Estado argumenta que tal actuación debería considerarse nula, al igual que todo el material obtenido allí por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como el informe elaborado a partir del análisis de los dispositivos electrónicos de García Ortiz, quienes mostraron que había eliminado todos los mensajes y correos de su teléfono.

La eliminación de estos dispositivos se ha convertido en uno de los dos únicos indicios presentados por la acusación contra el fiscal general. El otro es que la Cadena Ser, el primer medio que mencionó el correo del abogado de González Amador en el que este admitía haber cometido dos delitos fiscales, hizo referencia a ese mail poco después de que el fiscal general lo recibiera. Sin embargo, alrededor de una decena de periodistas que testificaron durante la instrucción afirmaron conocer el contenido del correo (la admisión de los dos delitos como parte de un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel) antes de las 21:59 del 13 de marzo, momento en el que supuestamente lo recibió el fiscal general. Este hecho fue mencionado por la abogada del Estado, quien alertó que el supuesto secreto revelado por García Ortiz ya era “ampliamente conocido” por los medios de comunicación al momento en que recibió ese email.

La Fiscalía ha respaldado todas las cuestiones planteadas por la Abogacía y ha añadido algunas más. Por ejemplo, que también debería anularse el registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ya que esta nunca ha sido considerada por el juez ni la UCO como posible autora de la filtración que se investiga. “Y si no lo ha hecho ella, no se puede allanar su despacho para obtener toda la información”, ha enfatizado la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

La nulidad de ese registro implicaría también la anulación del informe de la UCO sobre el teléfono móvil de la fiscal jefa provincial. Este documento, en el que los agentes afirmaban que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en la filtración, es la base de buena parte de la acusación contra el jefe del ministerio público, ya que recoge mensajes entre Rodríguez y García Ortiz que ella le envió el correo del abogado de la pareja de Ayuso a las 21:59 del 13 de marzo. La fiscal ha llamado la atención sobre el hecho de que se presume que el delito, la supuesta filtración, se cometió a través del correo electrónico o una aplicación de mensajería instantánea. “Todavía estamos esperando que nos proporcionen un solo dato que sirva de soporte para afirmar que la filtración imputada al fiscal general se hizo por medios electrónicos”, ha señalado Sánchez Conde.

Una vez finalizadas las cuestiones previas, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha llamado al primer testigo de los 40 citados por el Supremo: Julián Salto, el fiscal a cargo de la investigación de fraude contra la Hacienda de González Amador. Salto ha relatado que el 7 de marzo de 2024, sus superiores le solicitaron toda la información sobre el caso de González Amador, después de que un periodista hubiera contactado con la Fiscalía General para pedir información sobre una denuncia presentada contra la empresa Maxwell Cremona. El fiscal admitió que le sorprendió esta solicitud porque no le parecía un asunto “de mucha relevancia” sino “un delito de fraude fiscal más”.

Él envió la documentación sobre el caso a la decana de la fiscalía de delitos económicos y, al día siguiente, al preguntar por el interés en ese caso, le informaron que el investigado era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto en respuesta a preguntas de las acusaciones como de las defensas, Salto afirmó que esa solicitud de información fue una “orden legal”, dada “la relevancia mediática del caso”.

Salto también relató que el 12 de marzo de 2024, un día antes de la supuesta filtración, mantuvo una conversación con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y con la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra. En esa reunión, según su testimonio, les comentó que no estaba

claro, a las 21:26 del 13 de marzo de 2024, cuando estaba en un partido de la Champions del Atlético de Madrid, recibió una llamada de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien le preguntó sobre las negociaciones de conformidad que había llevado a cabo con el abogado de González Amador. Esa llamada se produjo después de que, a las 21:29, El Mundo publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, lo que llevó al fiscal general a ordenar recopilar la información necesaria para desmentir esa versión y demostrar que había sido el abogado quien propuso el acuerdo.

Cuando Salto le indicó que estaba en un partido de fútbol y que no podía escuchar bien lo que Lastra le pedía, ella le dijo que el asunto podía esperar hasta el día siguiente. Sin embargo, apenas diez minutos más tarde, a las 21:39, le llamó la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, quien primero le dijo también que podía esperar y luego, minutos después, volvió a llamarle para decirle que debía enviar los correos ya que así lo había solicitado el fiscal general. Él, según relató, envió los emails a Lastra y Rodríguez alrededor de las 22:00 y llamó a la fiscal superior para informarle y lamentar que le hubieran dado “órdenes contradictorias”.

Respecto a la información de El Mundo que desencadenó la actuación de la Fiscalía, Salto afirmó que “no solo es falsa”, sino que “es una campaña de desinformación” que ha durado “20 meses”. “En ningún asunto, en mis 20 años de carrera profesional, he escrito o me he puesto en contacto con la defensa de ningún investigado para ofrecer una conformidad”, aseguró. Con la misma firmeza, se quejó de que el correo electrónico que envió el 12 de marzo al abogado de González Amador acabara en manos del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo distribuyó a numerosos periodistas para difundir la falsa versión de que el ministerio público buscaba un pacto con la Fiscalía. “Entiendo que no tiene por qué tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Yo creía que, de acuerdo con el artículo 25 del código deontológico de la abogacía, los correos entre el fiscal y abogados son solamente privados”, concluyó.