La defensa del fiscal general cuestiona “las conclusiones” de la UCO y los agentes afirman: “No realizamos investigaciones anticipadas” | España

Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que han participado en la investigación que ha llevado a juicio al fiscal general del Estado han culminado en un enfrentamiento tenso entre estos y la Abogacía del Estado, que defiende a Álvaro García Ortiz. La abogada Consuelo Castro ha enfocado su intervención en explicar “las inferencias” que realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para identificar al fiscal general como “el filtrador” del correo enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el fin de explorar un posible pacto para obtener una reducción de la pena a cambio de aceptar dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por los que ya está procesado.

Los agentes de la UCO han sostenido dos puntos: que el fiscal general poseía el “dominio a todos los niveles” de toda la información relativa a Alberto González Amador y que dicha información -el expediente tributario, el correo, y la inminente emisión de una nota por parte del ministerio público- se fue filtrando conforme llegaba a la Fiscalía General del Estado. “Muestra un modus operandi de recoger información y supuestamente filtrarla”, han subrayado los agentes, cuyos responsables han defendido los informes que incriminan a García Ortiz como el autor de la filtración, sustentando que los indicios apuntan hacia la Fiscalía General, que es un organismo “jerarquizado”. “No hay nada que haya sido filtrado de manera textual que no estuviera en manos de la Fiscalía General”, ha asegurado uno de los agentes.

La abogada del Estado ha insistido en las “inferencias” de los informes de la UCO, buscando también resaltar algunas “omisiones”. Preguntó, por ejemplo, por qué centran las sospechas en García Ortiz si más de 500 personas tenían acceso a la denuncia del ministerio público contra González Amador y al correo cuya filtración se investiga, al menos 16 solo en la Fiscalía. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, ha respondido el responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, provocando risas en la sala, donde se encontraban algunos fiscales en apoyo a García Ortiz. “Primero hay un elenco de personas que se van reduciendo a una concreta”, ha continuado el agente, justificando esa deducción en que solo el fiscal general tiene “el dominio de toda la acción” de la Fiscalía.

Los 11 agentes de la UCO han sido los últimos de los 40 testigos convocados a declarar en el juicio contra García Ortiz y la última oportunidad para las acusaciones de intentar probar lo que hasta ahora no ha quedado demostrado en el juicio: que el fiscal general haya sido el responsable de la filtración objeto de investigación. El resultado de estas declaraciones ha revelado dos evidencias. La primera, que la UCO no está convencida de que el fiscal general fuera quien filtró el correo. Y la segunda, que el instituto armado ha mantenido sus sospechas sobre él desde el inicio de la investigación. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han trabajado para evidenciar que la conclusión de los agentes no ofrece una base suficiente para condenar a García Ortiz.

La defensa ha centrado su atención en el informe elaborado por la Guardia Civil tras analizar los teléfonos y el ordenador de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este atestado fue fundamental en gran parte de la instrucción, dado que García Ortiz borró la información de sus dispositivos y los agentes no encontraron datos al analizarlos. En dicho informe, la UCO limita la filtración a un grupo de cinco personas que comparten dos características: que tenían acceso al correo del abogado de la pareja de Ayuso antes de que la SER lo publicara en su sitio web a las 23:51 y que eran conscientes de que la Fiscalía estaba preparando un comunicado de prensa sobre su actuación en la denuncia contra González Amador, un detalle que fue recogido por la noticia de la SER.

—¿Por qué suponen que la persona que filtró el correo es la misma que les informó a la SER sobre la inminente nota de prensa?—, preguntó la abogada del Estado.

—Porque los correos están en la Fiscalía General y el resto [la nota] es algo que nadie conocía, respondió un agente.

El informe menciona que esa doble condición -tener el correo y saber que se estaba preparando una nota de prensa- solo se presenta primordialmente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe haberse originado allí. Y dentro del organismo público, según los agentes, las sospechas podrían “circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, a la fiscal jefa provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”.

“Ustedes concluyen que esas dos características se dan en cuatro personas y una institución. Pero piden al juez que se analicen los dispositivos del fiscal general”, advirtió la abogada del Estado, cuestionando a los agentes por qué no solicitaron examinar los teléfonos de los demás. “Porque sobre esta persona tenemos más indicios y porque la Fiscalía es jerárquica”, reiteró el agente.

Durante los testimonios de los miembros de la UCO, que a menudo afirmaron no recordar ciertos aspectos, se pudo ver varias veces a García Ortiz negando con la cabeza e incluso pronunciando algunas palabras de desagrado tras las afirmaciones de los agentes que lo acusaban. El momento en que se percibió al fiscal general más incómodo fue cuando uno de los policías que realizó el registro de su despacho afirmó que García Ortiz les había dicho que había cambiado de móvil poco antes y que había “destruido” el anterior. “Me llamó la atención esa palabra”, apuntó el agente, mientras la señal de televisión del Tribunal Supremo enfocaba al fiscal general, quien exclamó: “Yo no dije eso”. “¿Se hizo constar eso en el acta del registro?”, preguntó la abogada del Estado. “No», respondió el policía.

Los registros en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez (quien estuvo imputada en la causa durante varios meses), han ocupado gran parte de los interrogatorios a los agentes por parte de la Fiscalía y de la Abogacía, que buscan que el tribunal declare nulas esas actuaciones. Para tal propósito, han intentado demostrar que la orden judicial en la que se basaron y la actuación de la Guardia Civil al volcar la información de los teléfonos y ordenadores fue «desproporcionada».

El abogado de González Amador había solicitado que se intervinieran las comunicaciones del fiscal general y la fiscal provincial, pero la orden de entrada y registro firmada por el juez Ángel Hurtado, instructor del caso, superó las expectativas de la pareja de Díaz Ayuso. El abogado solo había extendido la solicitud a cruzar correos entre García Ortiz y Rodríguez entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, y aquellos mensajes que incluyeran el siguiente texto: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”). Este era el contenido del correo que el abogado envió a la Fiscalía de delitos económicos el 2 de marzo y cuya filtración a los medios de comunicación el Supremo considera delictiva.

Sin embargo, el auto firmado por Hurtado autorizaba “la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente” de todo el contenido desde el 8 de marzo hasta el día del registro, el 30 de octubre. “Siete meses y 22 días”, destacó el fiscal Javier Montero. Días después, el instructor se corrigió y le indicó a la UCO que solo analizara el contenido entre el 8 y el 14 de marzo, pero los agentes ya habían volcado todo. Ellos afirmaron que lo hubieran hecho de cualquier forma, ya que “técnicamente” no se puede clonar solo una parte, aunque otros precisaron que en algunos dispositivos sí se puede seleccionar lo que se copia, aunque es una tarea laboriosa y requeriría demasiado tiempo.

Antes de concluir la declaración de los últimos guardias, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntó: “Nos dicen que para analizar datos de teléfonos móviles hay que volcar todo y luego filtrar. ¿Es la misma mecánica para ordenadores?” ”Las herramientas forenses permiten hacerlo, pero no siempre es posible. Lo habitual, y considerando la buena fe de nuestro trabajo, es hacer una copia completa y luego expurgarla», respondió uno de los guardias.