La defensa del fiscal general cuestiona “las deducciones” de la UCO mientras los agentes afirman: “No realizamos investigaciones anticipadas” | España

Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil involucrados en la investigación que ha llevado al juicio del fiscal general del Estado han resultado en un tenso conflicto entre ellos y la Abogacía del Estado, que representa a Álvaro García Ortiz. La abogada Consuelo Castro ha enfocado su intervención en detallar “las inferencias” realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para identificar al fiscal general como “el filtrador” del correo enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se exploraba la posibilidad de un pacto para obtener una reducción de pena a cambio de aceptar dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, por los cuales ya está procesado.

Los agentes de la UCO han sostenido dos aspectos: que el fiscal general tenía el “dominio a todos los niveles” de toda la información relacionada con Alberto González Amador y que dicha información -el expediente tributario, el correo, y la emisión de una nota por parte de la Fiscalía- se fue filtrando conforme llegaba a la Fiscalía General del Estado. “Esto muestra un modus operandi para recopilar información y presuntamente filtrarla”, han afirmado los agentes, cuyas directrices han defendido los informes que apuntan a García Ortiz como presunto autor de la filtración, dado que los indicios apuntan a la Fiscalía General, un órgano “jerarquizado”. “No hay nada que haya sido filtrado de manera textual que no estuviera en poder de la Fiscalía General”, ha declarado uno de los agentes.

La abogada del Estado ha subrayado las “inferencias” de los informes de la UCO, tratando de señalar algunas “omisiones”. Ha interrogado, por ejemplo, por qué centran las sospechas en García Ortiz si más de 500 personas tenían acceso a la denuncia del ministerio público contra González Amador y al correo cuya filtración se está investigando, al menos 16 solo en la Fiscalía. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, respondió el responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, lo que provocó algunas risas en la sala, donde estaban presentes fiscales en apoyo de García Ortiz. “Primero hay un elenco de personas que se van reduciendo a una concreta”, continuó el agente, justificando su deducción en que solo el fiscal general tiene “el dominio de toda la acción” de la Fiscalía.

Los 11 agentes de la UCO fueron los últimos de los 40 testigos convocados a declarar en el juicio contra García Ortiz y la última oportunidad para las acusaciones de intentar demostrar lo que hasta ahora no ha sido probando: que el fiscal general fuera el autor de la filtración en cuestión. El resultado de estas comparecencias ha proporcionado dos evidencias. La primera, que la UCO no está segura de que el fiscal general haya filtrado el correo. Y la segunda, que la unidad ha mantenido sus sospechas sobre él desde el inicio de la investigación. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han enfatizado que la conclusión de los agentes no ofrece base suficiente para condenar a García Ortiz.

La defensa ha centrado su atención en el informe elaborado por la Guardia Civil tras analizar los teléfonos y el ordenador de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este informe estructuró gran parte de la instrucción porque García Ortiz borró la información de sus dispositivos y los agentes no encontraron datos al analizarlos. En dicho informe, la UCO limita la filtración a un grupo de cinco personas con dos circunstancias: que tenían el correo del abogado de la pareja de Ayuso antes de que la SER lo publicara en su página web a las 23:51 y que sabían que la Fiscalía estaba preparando una nota de prensa sobre su actuación en la denuncia contra González Amador, un detalle recogido en la noticia de la SER.

—¿Por qué ustedes suponen que la persona que filtró el correo tiene que ser la misma que le informó a la SER que se iba a emitir una nota de prensa?—, cuestionó la abogada del Estado.

—Porque los correos están en la Fiscalía General y el resto [la nota] es algo que nadie conoce, respondió un agente.

El informe indica que esa doble condición —tener el correo y saber que se preparaba una nota de prensa— “solamente se presenta inicialmente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe originarse en esta”. Según los agentes, las sospechas pueden “circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, a la fiscal jefa provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”.

“Ustedes concluyen que esas dos circunstancias se dan en cuatro personas y una institución. Pero solicitan al juez que se analicen los dispositivos del fiscal general”, advirtió la abogada del Estado, cuestionando a los agentes por qué no pidieron analizar los teléfonos del resto. “Porque en esta persona tenemos más indicios y porque la Fiscalía es jerarquizada”, insistió el agente.

Durante las declaraciones de los miembros de la UCO, que alegaron no recordar ciertos detalles por los que se les preguntaba, se pudo ver varias veces a García Ortiz negar con la cabeza e incluso pronunciar palabras de desacuerdo ante las afirmaciones de los agentes que lo incriminaban. El momento en que el fiscal general mostraba mayor molestia fue cuando uno de los guardias que participó en el registro de su despacho afirmó que García Ortiz les dijo que había cambiado de teléfono móvil poco antes y que había “destruido” el anterior. “Esa palabra me llamó la atención”, aseguró el agente, mientras la transmisión de televisión del Tribunal Supremo enfocaba al fiscal general diciendo: “Yo no dije eso”. “¿Se anotó eso en el acta del registro?”, preguntó la abogada del Estado. ”No», respondió el guardia.

Los registros de los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez (quien estuvo imputada en el caso durante varios meses), acapararon gran parte de los interrogatorios a los agentes por parte de la Fiscalía y la Abogacía, que buscan que el tribunal anule esas actuaciones. Para ello, han intentado demostrar que la orden judicial en la que se basaron y la propia actuación de la Guardia Civil al volcar el contenido de los teléfonos y ordenadores fueron “desproporcionadas”.

El abogado de González Amador había solicitado que se intervinieran las comunicaciones del fiscal general y la fiscal provincial, pero la orden de entrada y registro firmada por el juez Ángel Hurtado, instructor del caso, superó las expectativas de la pareja de Díaz Ayuso. El abogado solo había solicitado la revisión de correos entre García Ortiz y Rodríguez desde el 5 hasta el 18 de marzo de 2024, así como aquellos mensajes que contuvieran el siguiente texto: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”). Este contenido se corresponde con el correo que el abogado envió a la Fiscalía de delitos económicos el 2 de marzo, cuya filtración a los medios de comunicación considera delictiva el Supremo.

Sin embargo, el auto firmado por Hurtado autorizaba “la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente” de todo el contenido entre el 8 de marzo y el día del registro, el 30 de octubre. “Siete meses y 22 días”, recalcó el fiscal Javier Montero. Días después, el instructor se corrigió y le pidió a la UCO que solo analizara el contenido entre el 8 y el 14 de marzo, pero los agentes ya habían volcado toda la información. Afirmaron que habrían actuado de la misma manera, porque “técnicamente” no se puede clonar solo una parte, afirmó uno de los agentes, aunque otros precisaron que en algunos dispositivos se puede seleccionar lo que se copia, pero es laborioso y llevaría mucho tiempo.

Antes de concluir la declaración de los últimos guardias, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntó: “¿Nos dicen que para analizar datos de teléfonos móviles hay que volcar todo y luego filtrar? ¿Y para ordenadores la mecánica es la misma?”. “Las herramientas forenses permiten hacerlo, pero no siempre es factible. Lo normal, y teniendo en cuenta la buena fe de nuestro trabajo, es hacer una copia completa y luego expurgarla», respondió uno de los guardias.