La defensa del fiscal general refuta las «inferencias» de la UCO, mientras los agentes afirman: «No realizamos investigaciones prospectivas» | España

Las declaraciones de los miembros de la Guardia Civil que han participado en la investigación que ha puesto en juicio al fiscal general del Estado han dado lugar a un conflicto tenso entre ellos y la Abogacía del Estado, que defiende a Álvaro García Ortiz. La abogada Consuelo Castro ha centrado su intervención en describir “las inferencias” a las que llegó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para señalar al fiscal general como “el filtrador” del correo enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el fin de explorar la posibilidad de un acuerdo para obtener una reducción en la pena a cambio de admitir dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por los que ya está procesado.

Los agentes de la UCO han sostenido dos afirmaciones: que el fiscal general tenía el “dominio a todos los niveles” de toda la información sobre Alberto González Amador y que dicha información -el expediente tributario, el correo y la inminente emisión de una nota por parte del ministerio público- se fue filtrando conforme llegaba a la Fiscalía General del Estado. “Muestra un modus operandi de recolección de información y presunta filtración”, han indicado los agentes, cuyos responsables han defendido los informes que apuntan a García Ortiz como autor de la filtración, ya que los indicios conducen a la Fiscalía General, que es un órgano “jerarquizado”. “No hay nada que haya sido filtrado textualmente que no estuviese en poder de la Fiscalía General”, ha afirmado uno de los agentes.

La abogada del Estado ha enfatizado las “inferencias” de los informes de la UCO para tratar de evidenciar algunas “omisiones”. Ha cuestionado, por ejemplo, por qué centran las sospechas en García Ortiz si más de 500 personas tenían acceso a la denuncia del ministerio público contra González Amador y al correo cuya filtración se investiga, al menos 16 dentro de la Fiscalía. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, respondió el responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, lo que provocó algunas risas en la sala, donde algunos fiscales habían acudido en apoyo de García Ortiz. “Primero hay un elenco de personas que se va reduciendo a una concreta”, continuó el agente, justificando así esa deducción en el hecho de que solo el fiscal general tiene “el dominio de toda la acción” de la Fiscalía.

Los 11 agentes de la UCO fueron los últimos de los 40 testigos convocados a declarar en el juicio a García Ortiz, y esta fue la última oportunidad para las acusaciones de intentar demostrar lo que hasta ahora no ha sido probado: que el fiscal general fue el responsable de la filtración en cuestión. El resultado de estas comparecencias arroja dos evidencias. La primera, que la UCO no está segura de que el fiscal general filtrara el correo. La segunda, que el instituto armado ha centrado sus sospechas en él desde el inicio de la investigación y las mantiene. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han subrayado que la conclusión de los agentes no proporciona una base suficiente para condenar a García Ortiz.

La defensa se ha enfocado en el informe elaborado por la Guardia Civil tras el análisis de los teléfonos y el ordenador de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este informe fue fundamental en gran parte de la instrucción porque García Ortiz eliminó el contenido de sus dispositivos y los agentes no encontraron información al analizarlos. En dicho informe, la UCO limita la filtración a un grupo de cinco personas que cumplen dos condiciones: tenían el correo del abogado de la pareja de Ayuso antes de que la SER lo publicara en su página web a las 23:51 y sabían que la Fiscalía estaba preparando una nota de prensa sobre su actuación en la denuncia contra González Amador, un detalle que se recogió en la noticia de la SER.

—¿Por qué dan por supuesto que la persona que filtró el correo debe ser la misma que dijo a la SER que se iba a emitir una nota de prensa?—, cuestionó la abogada del Estado.

—Porque los correos están en la Fiscalía General y el resto [la nota] es algo que nadie conoce, respondió un agente.

El informe indica que esa doble condición —tener el correo y saber que se preparaba una nota de prensa— solo se da inicialmente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe comenzar allí. Y dentro del ministerio público, según los agentes, las sospechas pueden “circunscribirse” a la Fiscalía General del Estado, a la fiscal jefa provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos.

“Ustedes concluyen que esas dos circunstancias se dan en cuatro personas y una institución, pero piden al juez que analice los dispositivos del fiscal general”, advirtió la abogada del Estado, preguntando a los agentes por qué no solicitaron analizar los teléfonos del resto. “Porque sobre esta persona tenemos más indicios y porque la Fiscalía está jerarquizada”, insistió el agente.

Durante las declaraciones de los miembros de la UCO, quienes alegaron no recordar algunos detalles que les fueron consultados, se vio en varias ocasiones a García Ortiz negar con la cabeza e incluso pronunciar palabras de desacuerdo tras las afirmaciones de los agentes que le implicaban. El momento en que se percibió al fiscal general más incómodo fue cuando uno de los guardias que participó en el registro de su despacho aseguró que García Ortiz les dijo que había cambiado de teléfono móvil poco antes y que había “destruido” el anterior. “Me llamó la atención esa palabra”, dijo el agente, mientras la señal de televisión del Tribunal Supremo enfocaba al fiscal general afirmando: “Yo no dije eso”. “¿Hicieron constar eso en el acta del registro?”, preguntó la abogada del Estado. “No”, contestó el guardia.

Los registros de los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez (quien estuvo imputada en el caso durante varios meses), han ocupado gran parte de los interrogatorios a los agentes por parte de la Fiscalía y la Abogacía, que buscan que el tribunal anule esas actuaciones. Para ello, han intentado demostrar que la orden judicial en la que se basaron y la actuación de la Guardia Civil al volcar el contenido de los teléfonos y ordenadores fueron “desproporcionadas”.

El abogado de González Amador había solicitado que se intervinieran las comunicaciones del fiscal general y la fiscal provincial, pero la orden de entrada y registro firmada por el juez Ángel Hurtado, instructor del caso, superó las expectativas de la pareja de Díaz Ayuso. El abogado solo había pedido el cruce de correos entre García Ortiz y Rodríguez entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, así como aquellos mensajes que incluyeran el siguiente texto: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”). Este era el contenido del correo que el abogado envió a la Fiscalía de delitos económicos el 2 de marzo y cuya filtración a los medios de comunicación el Supremo considera delictiva.

Sin embargo, el auto firmado por Hurtado autorizaba “la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente” de todo el contenido entre el 8 de marzo y el día del registro, el 30 de octubre. “Siete meses y 22 días”, ha resaltado el fiscal Javier Montero. Días después, el instructor se corrigió y dijo a la UCO que sólo debía analizar el contenido de entre el 8 y el 14 de marzo, pero los agentes ya habían volcado todo. Lo habrían hecho de todos modos, aseguran, porque “técnicamente” no se puede clonar solo una parte, aunque otros han precisado que en algunos dispositivos sí se puede seleccionar lo que se copia, aunque es un proceso muy laborioso y demanda mucho tiempo.

Antes de concluir la declaración de los últimos guardias, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntó: “Nos dicen que para analizar datos de teléfonos móviles hay que volcar todo y luego filtrar. ¿Para ordenadores es la misma mecánica?”. “Las herramientas forenses permiten hacerlo, pero no siempre se puede. Lo normal, y teniendo en cuenta la buena fe de nuestro trabajo, es hacer una copia completa y luego expurgarla», respondió uno de los guardias.