La empresa de Cerdán argumentó tener una «sólida presencia en Navarra» para lograr un gran éxito tras solo 12 días de existencia.

Un reciente informe de la Guardia Civil pone de manifiesto que Servinabar, la empresa de Antxón Alonso, junto al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, se jactaba de tener una «buena implantación» en Navarra apenas doce días después de su creación. El análisis policial revela una compleja red de contratos entre Acciona Construcción y el Ministerio de Transportes durante el periodo que está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

La mercantil Servinabar 2000 SL, constituida el 4 de septiembre de 2015, firmó un Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial con Acciona Infraestructuras el 16 de septiembre de ese mismo año. Este documento, firmado por Antxón y Justo Vicente Pelegrini –otro de los imputados– en su calidad de apoderado de Acciona, estipulaba las bases para explotar futuras oportunidades de negocio.

En el preámbulo del acuerdo, ambas partes afirmaban que «Servinabar es una empresa que disfruta de buena implantación en la Comunidad Foral de Navarra». Esta afirmación resulta sorprendente dado que la empresa contaba con apenas doce días de existencia legal. Los investigadores destacan que la real implantación de Servinabar podría estar vinculada a su estrecha relación con Santos Cerdán, quien formó parte del Parlamento Foral de Navarra entre 2014 y 2017.

El marco contractual contemplaba tres áreas de colaboración: promoción delegada, formación de UTEs y subcontratación de servicios especializados. Servinabar se comprometía a actuar como consultora especializada en Prevención de Riesgos Laborales, mientras que Acciona se desempeñaría como contratista principal. A cambio, la empresa de Cerdán conseguiría un 2% del total, lo que representó a la postre el 75% de sus ingresos totales a lo largo de su historia.

La primera concreción de este acuerdo tuvo lugar con el proyecto Mina Muga. El 25 de noviembre de 2015 se formó la UTE Sangüesa/Zangoza Services entre Acciona y Servinabar para llevar a cabo trabajos subcontratados por la empresa de origen australiano Geoalcali. El objetivo era el diseño y posterior explotación de una mina de potasa en Navarra.

Durante el desarrollo del proyecto minero, Santos Cerdán mantuvo contacto regular con Koldo García sobre el progreso. Un contrato privado de compraventa fechado el 1 de junio de 2016 revela que Cerdán adquirió 1.350 participaciones de Servinabar, obteniendo así el control del 45% de la sociedad. Esta operación se formalizó por 6.000 euros. Cerdán sostiene que, a pesar de la firma, el acuerdo no se elevó a escritura pública y, por tanto, carece de validez.

Además, los investigadores de la UCO han encontrado evidencias de que Antxón y Cerdán coordinaron contactos con autoridades marroquíes y navarras para facilitar cuestiones administrativas relacionadas con el proyecto Mina Muga. Un diagrama manuscrito hallado en dispositivos de Koldo García detallaba una estrategia de contactos con funcionarios del PSOE aragonés para obtener una autorización del Ayuntamiento de Remolinos (Zaragoza).

Obras señaladas

Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, la relación entre Acciona y Servinabar experimentó un notable aumento. Entre las adjudicaciones más significativas se encuentra la Autovía A-68 en el tramo Arrúbal-Navarrete (La Rioja). El 19 de diciembre de 2018, Acciona y Servinabar firmaron un Memorándum de Entendimiento para «colaborar conjuntamente» en esta licitación. El anexo presupuestario estimaba honorarios superiores a dos millones de euros para Servinabar.

La UTE Variante Logroño, formada por Acciona y Aquaterra Servicios Infraestructuras, fue adjudicada el 11 de septiembre de 2019 por 92,4 millones. El 22 de octubre de ese año, la UTE contrató a Servinabar por 2.028.267 euros para «gestión de seguridad y salud en obra», equivalente al 2,19% del total adjudicado. Hasta ahora, no se han encontrado los informes resultantes de dichos trabajos.

Patrones similares se observan en el Puente del Centenario de Sevilla y en la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat. En ambos casos, Acciona y Servinabar firmaron memorándums previos a las licitaciones, estableciendo que la empresa navarra recibiría el 2% de los ingresos netos de Acciona.

El análisis bancario revela que al menos el 75,33% de los ingresos de Servinabar —alrededor de 6,7 millones de euros entre 2015 y 2025— provienen de Acciona o UTEs donde participa la constructora. Este porcentaje constituye la principal fuente de financiación de la empresa administrada por Antxón.

La investigación ha identificado transferencias desde Servinabar a la familia de Santos Cerdán. Su hermana Belén Cerdán recibió 22.324 euros entre febrero y junio de 2020. Posteriormente, fue contratada por la cooperativa Erkolan, que recibió 367.290 euros de Servinabar entre julio de 2020 y mayo de 2025.

Francisca Muñoz Cano Paqui, esposa de Cerdán, ingresó 9.500 euros de la cooperativa Noran —cuyo principal ingreso es Servinabar— entre marzo y julio de 2018. Su hermano Antonio Muñoz Cano –condenado por incendiar una casa familiar– trabajó para Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, percibiendo 53.130 euros.

Servinabar también asumió el arrendamiento de propiedades usadas por Cerdán en Madrid. Entre noviembre de 2017 y octubre de 2019, pagó 62.840 euros en alquileres, incluyendo 44.645 euros por la vivienda situada en la calle Hilarión Eslava. Además, cubrió al menos 7.849 euros en mobiliario para dicha vivienda.

Los registros de una tarjeta de crédito de Servinabar revelan cargos realizados durante viajes de vacaciones de Cerdán y su familia. El último uso documentado ocurrió el 19 de febrero de 2024, un día antes de las detenciones en la operación contra la trama de las mascarillas.

La Guardia Civil también ha registrado los domicilios de Justo Vicente Pelegrini, quien ocupó la dirección de construcción de Acciona en España, Portugal y África. Se requieren también registros en las sedes de Acciona Construcción, las cooperativas Erkolan y Noran, así como información tributaria de los implicados. El informe concluye que existen «indicios racionales» de la comisión de diferentes ilícitos penales y solicita medidas para asegurar pruebas documentales y digitales.