La estrategia de Ayuso para fortalecer la educación concertada: ampliar los acuerdos a 14 años | Noticias de Madrid

La estrategia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en favor de la educación privada avanza con la llegada de la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. La Comunidad de Madrid busca fortalecer aún más la protección de los centros educativos concertados y propone extender la duración de los conciertos de 10 a 14 años. Esta propuesta se ha presentado a las entidades que integran la Comisión de Dictámenes del Consejo Escolar autonómico. Las entidades elaborarán un borrador de resolución el martes, para luego reunirse semanas más tarde con las organizaciones de la Comisión Permanente. Las posiciones y votaciones no tendrán carácter vinculante. La iniciativa podría entrar en vigor en cuestión de meses, tras el periodo de tramitación.

Si el Ejecutivo regional la aprueba, sería la segunda ampliación en solo cinco años, mientras que la mayoría de las comunidades limitan estos convenios a seis años. La propuesta ha generado un debate entre los diferentes miembros del Consejo Escolar madrileño, incluyendo familias, sindicatos y titulares de centros educativos. La organización patronal Escuelas Católicas de Madrid expresa su satisfacción, mientras que Comisiones Obreras anticipa su oposición. En 2021, el Gobierno de Ayuso ya amplió de seis a 10 años la duración de los conciertos, argumentando que era necesario “garantizar la libertad de elección de los alumnos madrileños”.

Esta medida se implementó como respuesta a la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). “El Gobierno autonómico busca ofrecer más seguridad a las familias que eligen la educación concertada”, defendía en medio de su desacuerdo con el Gobierno estatal, que consideraba que se estaba reduciendo el rol de la educación concertada a una red subsidiaria en lugar de complementaria de la pública, además de eliminar conceptos como la demanda social y la educación diferenciada.

A este argumento se suma otro. La Comunidad de Madrid sostiene que la prolongación a 14 años busca acompañar el proceso de reducción de ratios hasta 2031, otorgar estabilidad jurídica, planificar a largo plazo y armonizar las duraciones entre diferentes tipos de enseñanzas financiadas con fondos públicos. Se defiende esta ordenación del sistema mientras se lleva a cabo una transformación estructural.

“Se ampliará en cuatro años la vigencia de los actuales conciertos educativos, beneficiando a las familias de 350.000 alumnos que asisten a más de 550 centros financiados con fondos públicos”, afirman desde el Ejecutivo de Ayuso, añadiendo que la modificación del decreto también alineará la duración de los convenios de sostenimiento de centros privados que imparten el primer ciclo de Infantil y Formación Profesional.

María Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, considera que “la justificación presentada por la Comunidad de Madrid carece de fundamento”. Enfatiza que la reducción de ratios “requiere precisamente una mayor capacidad de adaptación de la Administración educativa, no una disminución a través del alargamiento de los conciertos”. Considera que relacionar la reducción de alumnos por aula con la ampliación de los convenios es ilógico desde el enfoque de planificación educativa. “Si el sistema estará en un estado de ajuste hasta 2030/2031, lo sensato sería mantener mecanismos de revisión periódica, no consolidar decisiones a más largo plazo”, argumenta Morillas.

Afirma que esta medida restrige la capacidad de la Administración para responder a cambios en la demanda, a la evolución demográfica o a la necesidad de equilibrar la red pública con la concertada. “Esto, en la práctica, significa fijar una estructura educativa durante un tiempo excesivo en un contexto incierto. Además, se corre el riesgo de consolidar unidades concertadas, incluso si la demanda disminuye, lo que podría afectar negativamente al desarrollo y fortalecimiento de la red pública, responsable de garantizar el acceso universal en condiciones de equidad”, explica. A su parecer, esta es una decisión política.

Dentro del Consejo Escolar, surgen opiniones divididas. Mientras que Emilio Díaz, secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, sostiene que el cambio es simbólico y no estructural, Aida San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, argumenta que se trata de un “blindaje financiero en un momento en que se están cerrando aulas en la escuela pública”.

Díaz defiende que la ampliación del concierto educativo no implica una decisión definitiva en los centros privados sostenidos con fondos públicos. Su postura es que la Administración puede intervenir en cualquier momento para modificar el número de aulas según las circunstancias. “Puede hablarse de cierta paz administrativa, pero no de blindaje”, rebate. Para San Millán, el efecto de la medida es totalmente opuesto. Resalta que en la educación concertada, las aulas financiadas con fondos públicos suelen adjudicarse por ciclos. “Durante ese periodo, la financiación está asegurada, incluso con matrícula mínima”, afirma.

En contraste, señala que en el sistema público, los ajustes son mucho más inmediatos. “Si hay menos del 50% de la ratio, cierran el aula”. Asegura que esto se manifiesta claramente: “Más de 200 unidades públicas han sido cerradas antes del proceso de escolarización debido a previsiones de baja matrícula”. La Consejería de Educación, por su parte, asegura que realiza previsiones en los centros educativos de la región que se ajustarán a la demanda de plazas durante el periodo de admisión. “Así, dependiendo de las solicitudes, se pueden aumentar los grupos inicialmente previstos”. Sin embargo, San Millán argumenta que ya se condiciona a las familias a optar por la concertada por el temor a quedarse sin plaza en la pública.

Para su organización, la consecuencia es evidente: “Se cierran aulas públicas y luego se deriva a los niños al otro sistema con becas”. Y lo expone sin ambages: “Están blindando la concertada. Ante la caída de la natalidad, quieren llevarse el poco alumnado que quede a la privada”. Isabel Galvín, profesora en la facultad de Educación de la Universidad Complutense y especialista en políticas públicas, afirma que “según la Constitución española, la red que hay que proteger es la pública, la privada debe ser subsidiaria de esta”. Explica que los conciertos surgieron ante la falta de plazas, pero opina que “el sistema ha sido completamente pervertido y se le ha dado la vuelta”.

Galvín también sugiere que la Administración manipula la oferta para condicionar la demanda, ya que “no se puede elegir lo que no existe”. Describe esta política regional como «dumping educativo» y advierte: “Esto no es un mercado, es un derecho fundamental que afecta las oportunidades y la vida de las personas”.

Asegura que, con el concierto actual, las asignaciones económicas han crecido significativamente para la educación concertada, mencionando el Programa 323M, destinado a conciertos, becas y ayudas al estudio. “Este es el que cuenta con la mayor partida presupuestaria, con 1.658,5 millones de euros en 2026, un incremento del 2,5% en comparación con el año anterior”. La mayor parte de estos fondos, alrededor del 70% u 80%, se destina a conciertos educativos, mientras que entre un 20% y un 30% se asigna a becas y ayudas al estudio. Galvín se pregunta cómo, ante la disminución de la natalidad, se opta por estas políticas: “Se hipoteca a la sociedad madrileña. Es un despilfarro, un auténtico chollo para la concertada”.