La estrategia para generalizar la reducción de ratios en las aulas: considerar como dos estudiantes a aquellos que requieren apoyo | Educación

La iniciativa del Ministerio de Educación para reducir las ratios de estudiantes por aula, presentada el martes a los sindicatos de enseñanza, ha superado las previsiones de estos últimos, que eran bastante bajas, al punto de haber comenzado a preparar movilizaciones de protesta. Aunque el planteamiento del Gobierno sigue siendo percibido como tardío, limitado y “verde”, los sindicatos creen que las propuestas de Educación y su disposición a negociarlas podrían llevar a una mejora en las condiciones del aula.

La idea fundamental del ministerio, liderado por Pilar Alegría, es concentrar la reducción del número de estudiantes por clase en aquellos colegios e institutos con un alto porcentaje de alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. A pesar de valorar positivamente la medida, los sindicatos consideran que está demasiado focalizada en un tipo específico de centro. La mayoría opina que la segunda propuesta del Gobierno, que busca disminuir las ratios en aulas con estudiantes con necesidades educativas especiales, podría tener un impacto más significativo en el sistema educativo si se amplía a todos los estudiantes que requieren apoyo educativo.

Esta categoría oficial incluye, además del alumnado con necesidades especiales que ya aparece en la propuesta del Gobierno, a aquellos con dificultades diversas como dislexia, discalculia, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el desconocimiento del idioma de instrucción y situaciones de vulnerabilidad socioeducativa. La diferencia en magnitud entre ambas propuestas es considerable. La del Gobierno abarca a 249.494 alumnos con necesidades especiales, mientras que la de los sindicatos podría ampliarse hasta 1.088.413.

Los sindicatos reconocen que ciertos perfiles de alumnos con necesidades educativas especiales suponen un desafío mayor para los docentes. Sin embargo, argumentan que todos los estudiantes que necesitan apoyo educativo requieren atención adicional para lograr el éxito académico. Además, el número de estos últimos ha crecido considerablemente (casi el doble en los últimos seis años) en comparación con quienes presentan necesidades especiales, debido a una mejor detección y a la inclusión de alumnos extranjeros.

La propuesta principal del ministerio, que prioriza la intervención en centros educativos con alta complejidad socioeconómica, supone, según el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, la implementación de una política de ratios “con equidad”. Si bien los sindicatos mayoritariamente están de acuerdo con esta medida, enfatizan que extender la reducción de ratios a todas las aulas con estudiantes que requieren apoyo educativo mantendría la misma equidad y beneficiaría especialmente a la enseñanza pública, la cual acoge al 75% de estos alumnos, ocho puntos más que la proporción de esta red educativa en general.

La medida afectaría a una gran parte del sistema educativo, con diferentes grados de intensidad según la diversidad del centro. “Estamos de acuerdo en que los centros de alta complejidad requieren un tratamiento específico. No obstante, hoy en día, excepto quizás en algunos barrios concretos, casi todos los colegios públicos presentan un número significativo de estudiantes con necesidades de apoyo educativo, y no sería justo pasarlos por alto”, resume un representante sindical.

Contar doble

La propuesta del ministerio no especifica cómo se llevaría a cabo la reducción de ratios en las aulas que atienden a alumnos con necesidades especiales (una ampliación que los sindicatos quieren que incluya a todos los que necesitan apoyo). Sin embargo, este tipo de medida suele aplicarse considerando que dichos estudiantes cuenten doble para efectos de las ratios, que actualmente están fijadas en un máximo de 25 en educación infantil y primaria, 30 en la ESO y 35 en Bachillerato, aunque algunas comunidades han empezado a reducir estos números, especialmente en las etapas iniciales, debido a la disminución de la natalidad. Una opción que señalan los sindicatos es no otorgar el mismo valor a todo el alumnado que requiere apoyo educativo; por ejemplo, contar 1.5 para los casos más leves y más de 2 para los más graves.

Implementar esta estrategia podría incentivar una detección más eficaz de los alumnos que requieren apoyo, dado que, a pesar de los avances en los últimos años, aún no se refleja la realidad actual. Según cálculos de CC OO, que utiliza datos sobre la prevalencia de trastornos y del INE para sus estimaciones, hasta el 68% del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (como dislexia, discalculia o TDAH) pasa desapercibido para las administraciones educativas, al igual que al menos el 43% de los jóvenes que enfrentan “carencia material y social severa”. Una mejor detección también conllevaría un incremento en el costo económico de la medida.

Bajada general progresiva

La propuesta del Gobierno, que ha solicitado a los sindicatos una respuesta para principios de octubre, incluye otras dos posibles líneas de acción. La primera es una reducción progresiva de las ratios de manera general. En espera de que el ministerio aclare esta idea, la impresión inicial de los sindicatos es que se trata de un enfoque vago, que podría interpretarse como una mera recomendación para las comunidades autónomas, similar a lo que se estableció en 2019 respecto a la reducción de la jornada lectiva del profesorado o en la Lomloe sobre la priorización de la creación de plazas escolares en centros públicos.

El documento del ministerio también plantea una última vía de actuación, que consiste en centrar la reducción de ratios en niveles específicos, considerados clave para prevenir el fracaso escolar, o donde las máximas actuales resultan excesivas. En concreto, se refiere a 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO, la FP Básica y el Bachillerato. Los sindicatos lamentan que no se incluya la FP de grado medio, que registra altas tasas de abandono, y consideran impreciso el alcance de la propuesta, que podría estar relacionada con la reducción general progresiva mencionada anteriormente. Es decir, que en caso de optar por disminuir las ratios en todas las etapas y centros, se comenzara por los cursos más críticos para el éxito educativo.