La falta de asistencia al trabajo genera un gasto superior a 6.000 millones anuales para las empresas de Madrid.
El absentismo laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones para el tejido empresarial madrileño. Las cifras lo demuestran: más de 6.000 millones de euros al año es el coste que asumen las empresas de la región a causa de las bajas laborales, tras un incremento del 17,2% solo en el último año y de casi un 250% en la última década. Un crecimiento sostenido que, según los empresarios, pone en riesgo la competitividad y destaca las disfunciones del sistema actual de gestión de incapacidades temporales.
La CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE ha hecho eco de esta advertencia, presentando los datos de su último Barómetro de Absentismo, elaborado en colaboración con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). El informe examina la evolución de los procesos de baja laboral en 2025, tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto de España, reflejando la creciente preocupación de los empresarios por la creciente tendencia de ausencias derivadas de accidentes o enfermedades no laborales.
Uno de los datos más destacados es el aumento de las bajas por contingencias comunes, es decir, aquellas que no están relacionadas con accidentes laborales ni enfermedades profesionales. En la Comunidad de Madrid, estos procesos crecieron un 7,8% en 2025, superando los 1,6 millones, mientras que a nivel nacional el incremento fue del 7,1%, alcanzando los 9,1 millones de procesos. Este fenómeno ha generado un impacto económico directo de más de 33.000 millones de euros para las empresas españolas, un 14,3% más que en 2024.
Desde CEIM subrayan que el problema no solo radica en el aumento del número de bajas, sino también en su duración. “El absentismo es una de las principales inquietudes de nuestras empresas. El control no está siendo el adecuado y la prolongación de su duración responde, en muchas ocasiones, a cuestiones más burocráticas que sanitarias”, afirman desde la patronal madrileña, que reclama una revisión en profundidad de los procedimientos actuales.
Si se omite el efecto del crecimiento de la población ocupada, la incidencia mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos se situó en Madrid en 39,29 procesos, lo que representa un 4,1% más que el año anterior y un 75,2% más que hace diez años. En el conjunto de España, el aumento ha sido similar en el último año y aún mayor en la última década, con un 81,2%, lo que refuerza la idea de que se trata de un problema estructural y no coyuntural.
El análisis de los datos por días de la semana revela, además, un patrón que se repite tanto a nivel regional como nacional. Más del 26% de las bajas se concentran los lunes, según la información proporcionada por las mutuas colaboradoras. A partir de ese día, el número de procesos iniciados desciende progresivamente a lo largo de la semana, un comportamiento que las empresas observan con preocupación y que alimenta el debate sobre el control y la justificación de ciertas incapacidades temporales.
El informe también se centra en los tramos de edad, donde se observan tendencias divergentes. Desde 2018, los procesos de baja iniciados entre los jóvenes de 16 a 35 años han aumentado en torno a un 200%, tanto en Madrid como en el resto del país. Sin embargo, es en el grupo de mayores de 55 años donde las bajas tienden a extenderse más en el tiempo, aumentando así el impacto económico y organizativo para las empresas.
Más allá de las cifras, CEIM enfatiza el papel de la burocracia como uno de los factores que contribuyen al aumento del absentismo. Los empresarios madrileños critican la complejidad administrativa asociada a la gestión de las bajas y reclaman una mayor coordinación entre el Servicio Público de Salud y las mutuas, con el objetivo de agilizar pruebas diagnósticas y acortar los plazos de recuperación siempre que sea posible.
Esta preocupación se refleja también en el diálogo social. El informe incluye un análisis detallado de las cláusulas sobre absentismo presentes en los convenios colectivos madrileños, un indicador, según la patronal, de que el problema está plenamente integrado en la agenda laboral y requiere soluciones consensuadas.



