La fiscal de Madrid se sintió atrapada entre dos posturas
El carrusel de periodistas que ha apuntado lejos del fiscal general del Estado en la filtración del correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador no ha servido para que la cuarta jornada del juicio al jefe de la Fiscalía haya dejado indemne a Álvaro García Ortiz. El horizonte judicial del fiscal general no solo está marcado por quién filtró el contenido de aquella conversación entre la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía, sino también por la inclusión de citas textuales del mismo en la nota de prensa que el Ministerio Público lanzó el 14 de marzo de 2024. Esta situación escandalizó a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), y, según este testigo, también preocupó a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez: «Se sentía como un sándwich por arriba y por abajo».
Ribón ha indicado que tras la publicación de la nota por parte de la Fiscalía, comenzaron a recibir numerosas llamadas de protesta de compañeros. «Era difícil de creer», ha expresado. El decano del ICAM consideraba tan grave el comunicado, que se puso en contacto con Rodríguez para confirmar su veracidad. En la conversación, notó que la fiscal «era consciente de la gravedad» de la nota de prensa.
En ese momento, Rodríguez se desvinculó de la autoría del escrito, según ha declarado Ribón: «Se sentía como un sándwich por arriba y por abajo y me comenta que la nota lleva el sello de la Fiscalía Provincial, pero que no había salido de la Fiscalía». Esa misma tarde, alrededor de las 19:00, Ribón recibió un mensaje de Álvaro García Ortiz proponiéndole un encuentro presencial al día siguiente en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al día siguiente, 15 de marzo de 2024, Ribón llegó al cuartel general del fiscal acompañado por un miembro del gabinete del ICAM. En ese encuentro, se encontró con cinco fiscales, incluidos el propio García Ortiz, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la FGE. También estuvo presente la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.
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Ribón ha testificado que en esa conversación, García Ortiz intentó justificar la publicación de la nota de prensa en esos términos. Propuso la elaboración de un comunicado conjunto, algo que el decano del ICAM rechazó. «En el momento en que manifiésto que no estoy de acuerdo con esa situación, la conversación se precipita y se da por terminada en dos minutos o pocos segundos», ha declarado.
La Fiscalía «es institución, no medio de comunicación»
Mientras Ribón declaraba, el rostro de García Ortiz permanecía serio, con constantes negaciones a medida que avanzaba la exposición del abogado. Aquel encuentro en la FGE no duró más de 15 minutos, y seguidamente el ICAM convocó una junta para analizar si iniciar acciones penales por la «ruptura del secreto». Ribón ha centrado la motivación de la querella en esa nota de prensa, sin determinar si en la filtración de la información a los periodistas había intervenido García Ortiz.
«Uno de los puntos clave fue la transcripción literal del contenido de los correos y el señalamiento de hora, minuto y todos los detalles. No era necesario revelar el contenido literal de esos correos», ha afirmado. «El Colegio no defiende a un abogado particular, sino un principio universal, en defensa del ejercicio de la Abogacía… La nota es la que genera la alarma y el desconcierto absoluto de la Abogacía«, ha añadido.
Este comunicado apunta directamente a García Ortiz, quien llegó a dictar por vía telefónica fragmentos de los correos de la defensa de González Amador a Mar Hedo, directora de comunicación del FGE, para su elaboración. Ribón ha subrayado que «el colegio no evalúa las publicaciones de los distintos medios de comunicación», y ha reiterado que actuó «solo sobre la nota de prensa de la Fiscalía», que es «muy diferente a la divulgación de la noticia en un medio de comunicación». La Fiscalía «es institución, no medio de comunicación».
Protección de datos
El testimonio de Ribón ha sido el más contundente para los intereses de García Ortiz, pues refuerza la hipótesis de su implicación personal en la publicación de datos privados de la defensa de la pareja de Ayuso en un comunicado público. Después de Ribón y antes del turno de los periodistas, han testificado María Antonia Sanz, fiscal jefa de la Inspección del FGE y Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la FGE.

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Sanz ha indicado que no tuvo tiempo de iniciar una investigación interna sobre la filtración del correo, ya que cuando empezaron a «instruir ya se estaba abriendo la investigación penal«, detalla. Además, Hidalgo ha mantenido un notable intercambio de opiniones con el abogado de la pareja de Ayuso, quien intentó indagar por qué no se inició una investigación por la violación de la protección de datos de su cliente. Hidalgo ha respondido que no está entre sus funciones, ya que se dedica a fomentar la cultura de la «protección de datos» en el Ministerio Público, aunque ha reconocido que el fiscal general del Estado no debería haber usado su correo personal para manejar los mensajes de la defensa de González Amador. Aun así, no lo considera una «brecha de seguridad».
El juicio continúa este miércoles con la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que han elaborado los informes sobre el caso y el testimonio del propio Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo. Si la cara es el espejo del alma, en estos momentos la del jefe de los fiscales no parece coincidir con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya dictó sentencia este fin de semana en El País, proclamando la inocencia del fiscal.
El carrusel de periodistas que ha apuntado lejos del fiscal general del Estado en la filtración del correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador no ha servido para que la cuarta jornada del juicio al jefe de la Fiscalía haya dejado indemne a Álvaro García Ortiz. El horizonte judicial del fiscal general no solo está marcado por quién filtró el contenido de aquella conversación entre la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía, sino también por la inclusión de citas textuales del mismo en la nota de prensa que el Ministerio Público lanzó el 14 de marzo de 2024. Esta situación escandalizó a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), y, según este testigo, también preocupó a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez: «Se sentía como un sándwich por arriba y por abajo».



