La Fiscalía de la Audiencia Nacional interrogará como testigos protegidos a dos exempleadas de Julio Iglesias | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional interrogará a las dos ex trabajadoras de Julio Iglesias que lo han denunciado por acoso y agresión sexual, en su calidad de testigos protegidas. Este miércoles, Women’s Link Worldwide, la organización que ha presentado la denuncia, lo anunció públicamente. Los hechos denunciados, según la ONG, podrían constituir un delito de trata de seres humanos para la imposición de trabajo forzado y servidumbre, así como delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, incluyendo acoso y agresión sexual, así como lesiones. La Fiscalía no confirma ni desmiente esta declaración debido al carácter reservado de las diligencias, según fuentes del ministerio público. Desde la organización afirman que no hay una fecha establecida para el interrogatorio, el cual podría realizarse de manera telemática.

Las denuncias se remontan a 2021. Una exempleada del servicio doméstico sostiene que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias, describiendo situaciones de penetraciones, bofetadas, y vejaciones tanto físicas como verbales. Por su parte, una fisioterapeuta relata haber sufrido tocamientos inapropiados. Ambas han señalado que durante su jornada laboral recibían insultos, según una investigación periodística realizada por eldiario.es y Univisión.

Las portavoces de Women’s Link han indicado que han recibido testimonios de otras mujeres que aseguran haber trabajado para Iglesias, aunque han preferido no proporcionar más detalles para su protección. “No podemos ofrecer más información por razones de seguridad”, comentó Jovana Rivas, directora ejecutiva de la organización.

Los hechos fueron informados a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 5 de enero pasado. Ahora, la Fiscalía debe decidir, primero, si reconoce la jurisdicción de la justicia española para investigar y enjuiciar los hechos. En segundo lugar, debe determinar quién sería el órgano competente. Y, en tercer lugar, definir por qué delitos tendría que imputar. En caso afirmativo, iniciaría una querella contra el acusado, o cerraría las diligencias preprocesales si considera que no hay elementos suficientes para sostener una acusación.

Jovana Rivas ha señalado que la Fiscalía ha decidido tomar declaración a las denunciantes y les ha otorgado el estatus de testigos protegidas. Esto, explica Rivas, es esencial considerando que el denunciado “posee un poder considerablemente diferente al de las denunciantes”. Por esta razón, también se han solicitado medidas de protección para las mujeres y sus familias. La condición de testigo protegido implica que su identidad, imagen y datos personales se mantienen en secreto y se implementan medidas de seguridad (como protección policial, reubicación o cambio de nombre) para garantizar su bienestar y el de sus seres queridos.

Al ser preguntadas sobre las medidas mencionadas por Rivas, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional afirmaron: “Dado el carácter reservado de las diligencias de investigación no se proporcionará información acerca del contenido de las mismas ni sobre su desarrollo, hasta que no haya una resolución que concluya en el sentido que corresponda”.

Gema Fernández, abogada y directora legal para Europa de Women’s Link, ha subrayado el poder que, supuestamente, ejercía Julio Iglesias, ya que esto contribuyó a crear un ambiente de “intimidación” y a aumentar la “vulnerabilidad” de Rebeca y Laura, nombres ficticios utilizados para proteger la identidad de las denunciantes. Las abogadas de la organización que han informado los hechos a la Fiscalía pidieron, según Fernández, que la declaración “no sea revictimizante”, dada la delicada situación de las víctimas.

Rebeca, según se explicó en la rueda de prensa, decidió exponer su caso por tres razones: “Hago esto por tres motivos de justicia: primero, por mí misma y por lo que he sufrido al contar esto y salir de esa situación; segundo, por las mujeres que trabajan en su casa, que sean fuertes, que levanten la voz y que recuerden que no es invencible; y tercera, por mi país, la República Dominicana, para que él entienda que no puede venir aquí a hacer lo que quiera sin enfrentar consecuencias”, según el testimonio leído por las representantes de Women’s Link. Laura, por otro lado, afirmó: “Las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables”.

Las dos mujeres narraron en una investigación realizada por eldiario.es y Univisión el clima de terror que dicen haber vivido en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas: gritos, humillaciones, tocamientos, besos no consentidos, agresiones sexuales y jornadas de trabajo de hasta 16 horas. La situación que describieron se asemeja a un estado de “esclavitud”, según la investigación de los dos medios.

No contaban con contrato laboral, les exigían mostrar el contenido de sus teléfonos e incluso se les prohibía abandonar la vivienda, según las indagaciones periodísticas. Julio Iglesias, además, sometía a sus empleadas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y revisiones ginecológicas. El control sobre las mujeres era supuestamente ejercido por las encargadas de confianza del artista, que en ocasiones eran testigos de lo que ocurría y en otras, participaban.

Fernández explicó por qué considera que los hechos podrían constituir un delito de trata. “Está definido por una serie de elementos que incluyen la captación, el traslado, la recepción y la finalidad de explotación, y los medios: cómo se logra captar a una persona, sacándola de su entorno, llevándola a otro lugar con la finalidad de explotarla, obteniendo un beneficio económico a través del engaño, la violencia, o el abuso de poder”. En el caso de Rebeca y Laura, según la directora legal de Women’s Link, hubo engaño, pues no conocían las condiciones laborales que enfrentarían. “Nunca hubo una conversación formal sobre el trabajo en sí; fue una captación a través de ciertos mensajes en redes donde se sabía que podían encontrar mujeres y chicas que cumplían con las preferencias del denunciado, en términos de edad, origen social y etnia o color de piel.”

Eso fue la captación. “Luego, el traslado las aísla un poco de su entorno, llevándolas a vivir en una casa donde también trabajarían. Y es aquí donde se produce esta explotación”.

Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional España, también presente en la rueda de prensa, expresó su deseo de que las víctimas obtengan “verdad, justicia y reparación, y que durante el proceso no haya revictimización”. Describió la situación de terror relatada por las dos víctimas como algo común y no como un hecho aislado. “A nivel internacional estamos llevando a cabo investigaciones que demuestran que lo que le ha sucedido a Laura y Rebeca es parte de un patrón observado en otros países donde mujeres, principalmente migrantes y provenientes de contextos de pobreza, enfrentan estructuras laborales construidas sobre la idea de que su tiempo, trabajo y cuerpo son baratos y sustituibles”.

El teléfono 016 ofrece atención a las víctimas de violencia machista, sus familias y su entorno las 24 horas, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. La llamada no queda registrada en la factura telefónica, pero es recomendable borrar el registro en el dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico [email protected] y por WhatsApp al número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no se puede llamar, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.