La Fiscalía desestima la denuncia contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la denuncia presentada contra Julio Iglesias por una ONG en representación de dos extrabajadoras del cantante, quienes lo acusaban de presuntas agresiones sexuales y trata, entre otros delitos. El ministerio público, que había iniciado diligencias preprocesales (una investigación preliminar para determinar si tiene competencias para asumir el caso y si hay indicios para continuar), ha argumentado la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” para cerrar el caso, según una resolución firmada este viernes. Las mujeres denunciaron que la supuesta conducta ilícita del artista se habría llevado a cabo en 2021 en República Dominicana y Bahamas.

En el documento de siete páginas, la Fiscalía aclara que la Audiencia Nacional, “siguiendo los criterios” establecidos por el Tribunal Supremo, ha interpretado “reiteradamente” que “España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no haya vínculos relevantes con nuestro país”. Y especifica que, “especialmente”, esto aplica cuando las víctimas son extranjeras y no residen en España; cuando los presuntos autores también son extranjeros o no se encuentran en el país; o cuando siendo residentes no están en territorio español; o cuando los hechos se pueden investigar en el Estado donde ocurrieron.

En este contexto, el ministerio público subraya que “no hay constancia” de que las autoridades de República Dominicana y Bahamas “hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo”. La Fiscalía también revisa otros aspectos que limitaban la posibilidad de iniciar en España una investigación contra Iglesias por esta denuncia: como que “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”; y que las denunciantes no solo carecen de nacionalidad española, sino que tampoco residen en este país, ni mantienen aquí “su centro de vida, intereses o actividad”, “ni han viajado” con el artista a España.

La organización Women’s Link Worldwide presentó la denuncia a principios de enero en nombre de las dos exempleadas. La ONG destacó que optó por no acudir a la justicia de República Dominicana y Bahamas. Señaló que decidió presentar la denuncia en España porque “posee leyes de protección contra la trata y las violencias de género, en virtud de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo, que pueden garantizar el acceso a la justicia a estas mujeres”. Para intentar que la Audiencia Nacional asumiera el caso, la asociación se apoyaba en la nacionalidad española de Iglesias.

Una exempleada del servicio doméstico denunció que fue coaccionada para mantener encuentros sexuales con el cantante. A su vez, una fisioterapeuta relató que sufrió tocamientos indebidos. Ambas indicaron que durante su jornada laboral eran objeto de insultos, según la investigación periodística publicada por elDiario.es y Univision.

Según la ONG, los hechos denunciados podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, como acoso sexual y agresión sexual; y lesiones. Además de a Iglesias, Women’s Link Worldwide implicó a dos mujeres en la presunta actividad irregular (una colombiana y una brasileña).

En su resolución, la Fiscalía menciona que otorgó a las dos exempleadas la condición de testigos protegidos, y las interrogó de manera telemática este miércoles y jueves. Sin embargo, tras escuchar su testimonio y conocer su relato de primera mano, el ministerio público concluye que no tiene competencia para llevar el caso.

“[El Tribunal Supremo] establece claramente los límites a la expansión extraterritorial de la jurisdicción, recordando que no corresponde a España investigar hechos ocurridos fuera de sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para hacerlo”, destaca la Fiscalía. La acusación pública menciona un “precedente” similar en la Audiencia Nacional para rechazar investigar presuntos delitos de tortura y lesa humanidad cometidos en Colombia. Y profundiza en esa línea: “Los hechos deben ser investigados por los Estados directamente competentes, ya que son donde ocurrieron y donde se encuentran las pruebas”.

El ministerio público enfatiza que la Audiencia Nacional “ha reiterado en múltiples resoluciones” que la ley establece que “España solo interviene si el Estado directamente competente no puede o no quiere investigar y se establece así”. “La jurisdicción universal española es residual y tasada”, prosigue la Fiscalía. “El Supremo afirma que el principio de personalidad solo opera como excepción al principio de territorialidad y debe aplicarse de manera restrictiva, ya que no implica que un ciudadano ‘lleve consigo la ley penal española’ más allá de las fronteras del Estado”, cita la resolución emitida el viernes para dar cerrojazo al asunto.

Julio Iglesias ha rechazado las acusaciones en todo momento. El cantante contrató a José Antonio Choclán, uno de los abogados penalistas más influyentes de España, para contrarrestar la ofensiva legal contra él. El letrado, que intentó integrarse sin éxito en las diligencias preprocesales abiertas por la Fiscalía, ya había argumentado que la Audiencia Nacional no tenía competencia para asumir las investigaciones.

Esta decisión del ministerio público no impide que la ONG intente ahora abrir la vía penal mediante la presentación de una querella directamente ante los juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional. El revés de este viernes no cierra ese camino, pero la asociación acudirá a los tribunales sabiendo que la Fiscalía no la respalda.