La Fiscalía inicia investigaciones para determinar si funcionarios del Gobierno de Ayuso ordenaron la contratación de las obras implicadas en el ‘caso FP’ | Noticias de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha conseguido que se convoquen a siete directores de diversos centros educativos de Madrid para esclarecer quién ordenó las reformas en sus instalaciones, en el marco del caso FP. El juzgado número 39 de Plaza de Castilla investiga la posible comisión de un ilícito de prevaricación administrativa entre 2021 y 2023, ya que se sospecha que las obras se realizaron sin el correspondiente concurso público, empleando supuestamente la táctica de fraccionar facturas para seleccionar a dedo a la empresa encargada de llevar a cabo los trabajos. En este contexto, la Fiscalía registró el 12 de diciembre un escrito, al que accedió EL PAÍS, para solicitar la citación de los siete directores como testigos y determinar si en sus centros actuaron de forma autónoma o recibieron instrucciones para contratar con el grupo Virelec, responsable de las obras en cuestión. Como resultado, la jueza ha citado a los implicados para el 11 de marzo.

“De acuerdo con los informes definitivos de control financiero, en todos los centros mencionados se llevaron a cabo reformas en las que participaron empresas del grupo Virelec, obras que, según los citados informes, podrían presentar ciertas irregularidades en su tramitación debido a un posible fraccionamiento indebido, o porque los presupuestos presentados correspondían a empresas del mismo grupo empresarial”, señala el escrito de la Fiscalía. “Es necesario conocer las circunstancias bajo las cuales los responsables de los centros educativos contactaron con las empresas del grupo Virelec, así como las personas dentro del centro que tomaron la decisión de contratar a esas empresas o que, en su caso, recibieron instrucciones al respecto”.

En la investigación están involucrados el exsubdirector de FP, quien negó haber dado instrucciones para llevar a cabo las obras sin los concursos públicos necesarios; el empresario al frente de Virelec, a quien conocía desde sus años de estudiante; el exdirector general de Secundaria y FP, que alegó no estar al tanto de la situación, a pesar de que un subordinado afirmó haberle advertido; y dos directores de centros educativos, que apuntan hacia la consejería. “Esto venía dado desde arriba”, afirmaron en el juzgado.

Ahora comparecerán como testigos aquellos que eran directores entre 2021 y 2023 de la Escuela de Arte Alberto Corazón, IES Antonio Machado, Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, IES Príncipe Felipe, IES Virgen de la Paloma, IES Ciudad de los Poetas e IES Tetúan de las Victorias, sumándose al IES San Fernando. Además, se ha convocado como testigo a la que era directora del IES San Fernando en ese periodo.

“(Es necesario aclarar) las partidas a las cuales se imputaron dichos gastos, y en el caso de partidas extraordinarias, si se presentó algún tipo de solicitud o memoria para justificar su necesidad o, en su defecto, las circunstancias en las que dichas partidas extraordinarias llegaron al centro en cuestión”, solicita la Fiscalía.

3,9 millones de euros

Todo comienza así. En septiembre de 2023, dos centros educativos de FP de la Comunidad de Madrid, los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar, reciben burofaxes de la empresa Virelec reclamando 1,4 millones de euros por obras impagas. En la Dirección General de Infraestructuras afirman desconocer la situación, a pesar de la magnitud de las reclamaciones, y se activan todas las alertas. El gobierno regional pide un informe de auditoría a la Intervención General, que detecta “provisionalmente” hasta 3,9 millones en pagos realizados solo a esta empresa. La Comunidad de Madrid presenta una denuncia en abril de 2024 contra quien había sido el subdirector regional de FP y los dos directores de centros educativos a quienes la constructora exigía pagos pendientes.

La investigación judicial se enfoca en determinar si los directivos actuaron por iniciativa propia (lo cual niegan) o siguiendo instrucciones de cargos de la Consejería de Educación (como sugieren los informes de Inspección y la Intervención). Las posibles irregularidades que se contemplan según la ley de contratos del sector público incluyen la posible contratación verbal (artículos 37 y 132), la falta de un documento que detalle las condiciones de licitación (artículo 153), o el fraccionamiento del monto de los contratos para poder recurrir al contrato menor.

Durante la investigación, llevada a cabo a lo largo de 2024, la Fiscalía observó “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” por parte del Gobierno regional.

La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre de 2024 “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.

Finalmente, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a solicitud de la Fiscalía, coinciden en apuntar a la responsabilidad de la Consejería de Educación.

“Se han detectado gastos gestionados como contratos menores que superan el importe permitido para este tipo de contratos”, se indica. “Además, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (…) con el objetivo de no sobrepasar los límites establecidos para el contrato menor (…) y evadir el procedimiento de contratación con licitación correspondiente”, se agrega. “Dada la naturaleza e importe de dichos gastos, hubiera sido necesario tramitar un expediente de contratación por el órgano competente de la consejería”.