La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el exmilitar español que hizo espionaje a Assange para la CIA | Internacional

La Fiscalía ha pedido 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que espió a Julian Assange durante su tiempo en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal le imputa los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. La solicitud de la acusación pública coincide con la presentada por los abogados de Assange, a excepción del delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks incrementa la solicitud a 20 años y medio de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias previas, ha dictado este lunes la apertura del juicio oral contra el infante de Marina, director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L., con sede en Jerez de la Frontera. Esta compañía fue contratada por el Gobierno de Ecuador para asegurar la embajada en la capital británica entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, tras la publicación de una investigación de EL PAÍS que reveló los audios y vídeos grabados por empleados de UC Global S.L. al ciberactivista australiano durante su estancia en la embajada. Pocas semanas después de estas revelaciones, Morales fue arrestado y ha estado en libertad provisional desde entonces.

El informe del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indica que la embajada disponía de un circuito cerrado de televisión con cámaras sin sonido, cuyo único propósito era vigilar un posible acceso ilegítimo al inmueble. Sin embargo, entre junio y julio de 2017, Morales estableció un pequeño grupo de trabajo al que ordenó recopilar información y reemplazar las cámaras por otras con capacidad para grabar audio. Además, instalaron filtros de sonido para evadir la máquina de ruido blanco que había activado Assange para proteger sus conversaciones con los abogados.

El fiscal subraya que, sin informar a Assange sobre estos cambios, se instalaron dos micrófonos, uno de los cuales estaba escondido en la base de PVC del extintor de la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano se reunía con su defensa. Morales dio instrucciones a sus empleados para habilitar un sistema de streaming en las nuevas cámaras, permitiendo el monitoreo en tiempo real de lo que ocurría dentro de la embajada. El fiscal resalta que dicho sistema disponía de dos canales: “uno oficial para Ecuador y otro para personas desconocidas a quienes el acusado se refería como los amigos de Estados Unidos”. Los trabajadores también retenían los teléfonos de los visitantes, tomaban fotos y copiaban sus números de IMEI y mensajes.

La exhaustiva investigación judicial ha buscado esclarecer si Morales proporcionó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, ex trabajadores de UC Global S.L., han afirmado en el proceso que el cliente americano era esa agencia de inteligencia de EE.UU. La justicia estadounidense no ha respondido a ninguna de las solicitudes enviadas por el juzgado, y un juez de Nueva York se ha amparado en la Ley de Seguridad Nacional para no atender una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas al visitar a Assange. El magistrado archivó la denuncia señalando que de no hacerlo “podría poner en peligro la seguridad de EE.UU.”

La Fiscalía resalta que el equipo originario de Jerez de la Frontera viajaba a Londres para recoger las grabaciones, recopilando y almacenando información confidencial de Assange durante sus encuentros con médicos, periodistas y abogados, entre otros. Este operativo de espionaje también afectó a empleados de la embajada, personal diplomático y personalidades como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, en ese momento pareja del fundador de Wikileaks y hoy su esposa, entre otros.

Además, el fiscal pide tres años y medio de prisión para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L., quien estuvo involucrado en el espionaje, por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. También solicita a la empresa la prohibición de realizar tareas de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.