La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el exmilitar español que realizó espionaje a Assange para la CIA | Internacional.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que espió a Julian Assange durante su tiempo en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal lo acusa de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. La solicitud de la acusación pública es similar a la de los abogados de Assange, a excepción del delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks eleva la petición a 20 años y medio de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias previas, ha ordenado este lunes la apertura del juicio oral contra el infante de Marina, director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L., con sede en Jerez de la Frontera. Esta compañía fue contratada por el Gobierno de Ecuador para asumir la seguridad de su embajada en la capital británica entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, tras una investigación de EL PAÍS que publicó audios y vídeos grabados por empleados de UC Global S.L. al ciberactivista australiano durante su reclusión en la embajada. Semanas después de estos hallazgos, Morales fue detenido y ha estado en libertad provisional desde entonces.

El escrito del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, menciona que la embajada contaba con un circuito cerrado de televisión con cámaras sin sonido, cuyo único propósito era vigilar un posible acceso ilegítimo al inmueble. Sin embargo, entre junio y julio de 2017, Morales formó un pequeño equipo de trabajadores a los que ordenó recopilar información y reemplazar las cámaras por otras que pudieran grabar audio. También se instalaron filtros de sonido para evadir la máquina de ruido blanco que Assange activó para proteger sus conversaciones con sus abogados.

El fiscal subraya que, sin notificar a Assange de estos cambios, se colocaron dos micrófonos, uno de los cuales estaba escondido en la base de PVC del extintor de la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano preparaba su defensa con sus abogados. Morales instruyó a su equipo a habilitar un sistema de streaming en las nuevas cámaras para que se pudiera monitorear en tiempo real todo lo que sucedía dentro de la embajada. El fiscal enfatiza que dicho sistema contaba con dos canales: “uno oficial para Ecuador, y otro para desconocidos a los que el acusado llamaba los amigos de Estados Unidos”. Los empleados retenían los teléfonos de los visitantes, los fotografiaban y copiaban sus números de IMEI y mensajes.

La extensa investigación judicial ha tratado de establecer si Morales proporcionó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, excolaboradores de UC Global S.L., han testificado en el caso que el cliente estadounidense era ese servicio de inteligencia. La justicia estadounidense no ha respondido a ninguna de las solicitudes enviadas por el juzgado, y un juez en Nueva York ha invocado la Ley de Seguridad Nacional para evitar responder a una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas al visitar a Assange. El magistrado ha desestimado la denuncia, señalando que de no hacerlo “podría poner en peligro la seguridad de EE UU”.

La Fiscalía señala que el equipo establecido en Jerez de la Frontera viajaba a Londres para recoger las grabaciones, y que acumuló y almacenó información confidencial sobre Assange durante sus encuentros con médicos, periodistas y abogados, entre otros. Este operativo de espionaje también afectó a trabajadores de la embajada, personal diplomático y figuras como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, entonces pareja del fundador de Wikileaks y actualmente su esposa, entre otros.

La Fiscalía solicita para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L. y participante en el espionaje, tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Igualmente, pide para la empresa la prohibición de llevar a cabo tareas de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.