La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el exmilitar español que realizó espionaje a Assange para la CIA | Internacional

La Fiscalía pide 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que espió a Julian Assange durante su tiempo en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal lo acusa de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. La solicitud de la acusación pública es similar a la presentada por los abogados de Assange, con la excepción del delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks eleva la petición a 20 años y medio de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias previas, ha dictado este lunes la apertura del juicio oral contra el infante de Marina, director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L., con sede en Jerez de la Frontera. Esta compañía fue contratada por el Gobierno de Ecuador para hacerse cargo de la seguridad de su embajada en la capital británica entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, tras una investigación de EL PAÍS que publicó los audios y vídeos grabados por trabajadores de UC Global S.L. al ciberactivista australiano durante su reclusión en la embajada. Semanas después de estas revelaciones, Morales fue detenido y ha estado en libertad provisional desde entonces.

El escrito del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indica que la embajada contaba con un circuito cerrado de televisión con cámaras sin sonido, cuyo único objetivo era supervisar un posible acceso no autorizado al inmueble. Sin embargo, entre junio y julio de 2017, Morales creó un pequeño grupo de trabajadores a quienes les ordenó recopilar información y reemplazar las cámaras por otras con capacidad para grabar audio. También instalaron filtros de sonido para eludir la máquina de ruido blanco que activó Assange para proteger sus conversaciones con sus abogados.

El fiscal subraya que, sin informar a Assange sobre estos cambios, se colocaron dos micrófonos, uno de ellos oculto en la base de PVC del extintor de la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano trabajaba en su defensa con sus letrados. Morales ordenó a sus empleados que habilitaran un sistema de streaming en las nuevas cámaras para controlar en tiempo real todo lo que sucedía dentro de la embajada. El fiscal enfatiza que este sistema tenía dos canales, “uno oficial para Ecuador y otro para personas desconocidas a las que el acusado se refería como los amigos de Estados Unidos”. Los trabajadores retenían los teléfonos de los visitantes, los fotografiaban y copiaban sus números de IMEI y mensajes.

La extensa investigación judicial ha tratado de establecer si Morales proporcionó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, antiguos empleados de UC Global S.L., han declarado en la causa que el cliente americano era ese servicio de inteligencia de EE.UU. La justicia estadounidense no ha respondido a ninguna de las comisiones rogatorias enviadas por el juzgado, y un juez de Nueva York se ha amparado en la Ley de Seguridad Nacional para no contestar a una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas al visitar a Assange. El magistrado ha desestimado la denuncia argumentando que de no hacerlo “podría poner en peligro la seguridad de EE.UU.”.

La Fiscalía destaca que el equipo formado en Jerez de la Frontera se trasladaba a Londres para recoger las grabaciones y que recopiló y almacenó información confidencial de Assange durante sus reuniones con médicos, periodistas y abogados, entre otros. Este operativo de espionaje también afectó a trabajadores de la embajada, personal diplomático y a figuras como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, entonces pareja de Assange y actualmente su esposa, entre otros.

El fiscal pide para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L. que participó en el espionaje, tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, solicita que se prohíba a la empresa realizar labores de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.