La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el exmilitar español que vigiló a Assange para la CIA. | Internacional

La Fiscalía ha pedido 13 años y medio de cárcel para David Morales, el exmilitar español que espionó a Julian Assange durante su tiempo en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal lo acusa de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilegal de armas. La solicitud de la acusación pública es similar a la presentada por los abogados de Assange, salvo en lo que respecta al delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks eleva la petición a 20 años y medio de prisión.

El juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias previas, ha decidido este lunes abrir el juicio oral contra el infante de Marina, director y dueño de la empresa de seguridad UC Global S.L., ubicada en Jerez de la Frontera. Esta empresa fue contratada por el Gobierno de Ecuador para asegurar su embajada en la capital británica entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, tras una investigación de EL PAÍS que reveló los audios y vídeos grabados por empleados de UC Global S.L. al ciberactivista australiano durante el tiempo que estuvo recluido en la embajada. Semanas después de estas revelaciones, Morales fue detenido y ha estado desde entonces en libertad provisional.

El escrito del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indica que la embajada contaba con un circuito cerrado de televisión con cámaras sin sonido, cuyo único objetivo era vigilar un posible acceso no autorizado al inmueble. Sin embargo, entre junio y julio de 2017, Morales formó una pequeña unidad de empleados a quienes ordenó recopilar información y sustituir las cámaras por otras capaces de grabar audio. También instalaron filtros de sonido para eludir la máquina de ruido blanco que Assange puso en marcha para proteger sus conversaciones con sus abogados.

El fiscal subraya que, sin informar a Assange sobre estos cambios, se instalaron dos micrófonos, uno de ellos en la base de PVC del extintor de la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano se preparaba para su defensa con sus abogados. Morales instruyó a sus empleados a habilitar un sistema de streaming en las nuevas cámaras para supervisar en tiempo real lo que sucedía dentro de la embajada. El fiscal enfatiza que este sistema contaba con dos canales, “uno oficial para Ecuador, y otro para personas desconocidas a las que el acusado refería como los amigos de Estados Unidos”. Los trabajadores retenían los teléfonos de los visitantes, retrataban y copiaban sus números de IMEI y sus mensajes.

La prolongada investigación judicial ha intentado establecer si Morales proporcionó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, ex trabajadores de UC Global S.L., han manifestado en el proceso que el cliente estadounidense era ese servicio de inteligencia de EE UU. Las autoridades estadounidenses no han respondido a ninguna de las solicitudes de información enviadas por el tribunal, y un juez de Nueva York se ha escudado en la Ley de Seguridad Nacional para no contestar a una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas al visitar a Assange. El magistrado ha sobreseído la denuncia, señalando que, de no hacerlo, “podría poner en riesgo la seguridad de EE UU”.

La Fiscalía resalta que el equipo creado en Jerez de la Frontera se trasladaba a Londres para recoger las grabaciones, y que obtuvo y almacenó información confidencial de Assange durante sus encuentros con médicos, periodistas y abogados, entre otras personas. Este operativo de espionaje también afectó a funcionarios de la embajada, personal diplomático y figuras como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, entonces pareja de Julian Assange y actual esposa, entre otros.

El fiscal pide para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L. y participante en el espionaje, tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, solicita para la empresa la prohibición de llevar a cabo tareas de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.