La Fiscalía solicita 13 años de prisión para el exmilitar español que vigiló a Assange por la CIA | Internacional

La Fiscalía ha solicitado 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que vigiló a Julian Assange mientras este se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal lo acusa de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. La petición de la acusación pública es similar a la presentada por los abogados de Assange, excepto en lo que respecta al delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks aumenta la solicitud a 20 años y medio de prisión.

El juez Santiago Pedraz, encargado de las diligencias previas, ha dictado este lunes la apertura del juicio oral contra el infante de Marina, director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L., con sede en Jerez de la Frontera. Esta firma fue contratada por el Gobierno de Ecuador para encargarse de la seguridad de su embajada en la capital británica entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, tras la publicación de una investigación de EL PAÍS que reveló los audios y vídeos grabados por empleados de UC Global S.L. al ciberactivista australiano durante su tiempo en la embajada. Semanas después de estas revelaciones, Morales fue arrestado y ha estado en libertad provisional desde entonces.

El escrito del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indica que la embajada contaba con un circuito cerrado de televisión con cámaras sin sonido, cuyo único objetivo era vigilar un posible acceso no autorizado al inmueble. Sin embargo, entre junio y julio de 2017, Morales formó un pequeño grupo de trabajadores a quienes instruyó a recopilar información y reemplazar las cámaras por otras capaces de grabar audio. También instalaron filtros de sonido para eludir la máquina de ruido blanco que Assange activó para proteger sus conversaciones con los abogados.

El fiscal resalta que, sin informar a Assange de estos cambios, se colocaron dos micrófonos, uno de ellos en la base de PVC del extintor de la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano preparaba su defensa con sus letrados. Morales instruyó a su equipo para que habilitaran un sistema de streaming en las nuevas cámaras, permitiendo el monitoreo en tiempo real de todo lo que ocurría dentro de la embajada. El fiscal enfatiza que dicho sistema tenía dos canales, “uno oficial para Ecuador y otro para personas desconocidas, a quienes el acusado se refería como los amigos de Estados Unidos”. Los trabajadores retenían los teléfonos de los visitantes, los fotografiaban y copiaban sus números de IMEI y mensajes.

La extensa investigación judicial ha buscado determinar si Morales proporcionó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, extrabajadores de UC Global S.L., han declarado que el cliente americano era ese servicio de inteligencia de EE UU. La justicia estadounidense no ha respondido a ninguna de las comisiones rogatorias enviadas por el juzgado, y un juez de Nueva York se ha amparado en la Ley de Seguridad Nacional para no responder a una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas durante sus visitas a Assange. El magistrado ha desestimado la denuncia argumentando que de no hacerlo “podría comprometer la seguridad de EE UU”.

La Fiscalía señala que el equipo creado en Jerez de la Frontera viajaba a Londres para recoger las grabaciones, y que recopiló y almacenó información confidencial de Assange durante sus encuentros con médicos, periodistas y abogados, entre otros. Este operativo de espionaje también afectó a trabajadores de la embajada, personal diplomático y figuras como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, pareja del fundador de Wikileaks y actualmente su esposa, entre otros.

El fiscal solicita para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L., que participó en el espionaje, tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, pide que se prohíba a la empresa realizar actividades de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.