La Fiscalía solicita a Igualdad el cierre de los sitios web de 13 agencias de gestación subrogada | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo para bloquear el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a la gestación subrogada. El ministerio público señala a estas empresas por «ofrecer y realizar prácticas comerciales de gestación subrogada» que son consideradas «ilegales» en España. Este movimiento se produce tras abrir una investigación al recibir múltiples denuncias por publicidad ilegal. El departamento dirigido por Ana Redondo ha indicado en un comunicado que recibió el documento el miércoles por la tarde y que mañana se reunirá con la Abogacía del Estado para su análisis, subrayando que tienen la facultad de “iniciar acciones judiciales para detener la publicidad ilegal que afecta a la imagen de las mujeres, pero no poseen la capacidad administrativa para bloquear webs”.

Las mencionadas empresas operan en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia y Colombia. En España, desde 2006, los vientres de alquiler son una práctica prohibida. Fue en ese año cuando se implementó la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, y además, desde la reforma de la ley del aborto en 2022, se considera una forma de violencia contra las mujeres. En Europa, en 2024, la explotación de mujeres como vientres de alquiler se tipificó como delito mediante una directiva.

A pesar de ello, ciudadanos y ciudadanas españoles viajan anualmente a lugares donde esta práctica no es ilegal y, tras el nacimiento de los bebés, los inscriben en esos países y regresan a España, donde, en virtud del interés superior del menor, el Estado finalmente los reconoce en el Registro Civil para evitar que queden en un limbo legal.

El año pasado, el Ministerio de Justicia emitió una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para cerrar un poco más los vacíos burocráticos; a partir de entonces, ningún certificado extranjero, ningún fallo de tribunales de otros países, ni ninguna declaración acompañada de documentación médica es válida en los Registros Civiles de España, incluidos los de los consulados, para registrar a un bebé nacido mediante gestación subrogada, sin importar el país de origen y las circunstancias individuales.

Además, el Ministerio de Igualdad recuerda en el comunicado que el año pasado “el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios”, y lo “comunicó a la Abogacía del Estado para que emprendiera acciones judiciales para la cesación de la publicidad de cuatro empresas”. También se indica que “la Fiscalía se puso en contacto con el Instituto de las Mujeres para solicitar el informe del Observatorio”.

Precios que oscilan entre 15.000 y 159.000 euros

No hay datos oficiales sobre el número de menores españoles nacidos a través de esta práctica. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021, se contabilizaron más de 3.200 niños desde 2010. En 2024, se registraron 154 bebés en el Registro Civil, según datos del Ministerio de Justicia, que son los más recientes. Tampoco se tiene claro qué precios establecen estas empresas para una actividad que la legislación española tildó como violencia de género.

Los precios por un vientre de alquiler varían considerablemente dependiendo del país y el tipo de cobertura. Una de las agencias mencionadas por la Fiscalía, llamada Success–Maternidad Subrogada, con oficinas en EE. UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTB” en Chipre, hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia que incluye fecundaciones in vitro ilimitadas y garantiza el “nacimiento de un niño sano” por 75.000 euros. La agencia estadounidense Circle Surrogacy cobra 159.000 euros por sus servicios.

La Fiscalía también menciona a Go4Baby, que se presenta en su sitio web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania y para todo tipo de familias en Colombia y México”. “Vuestro sueño está mucho más cerca”, promete a las parejas interesadas. También asegura: “Os ayudamos a formar vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas denunciadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promover esta práctica en España. Asimismo, se señala a Growing Generations y Invest Medical LLC; a la georgiana Betaplus Fertility; y a la mexicana Miracle Surrogacy.

La lista se completa con las compañías Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el informe de la Fiscalía, estas agencias operaban en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha verificado que el miércoles las páginas web de todas ellas eran accesibles desde España. Este periódico ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en las diligencias de la Fiscalía este miércoles por la tarde para saber si han recibido requerimientos y cuál es su valoración. Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta alguna.

A través de una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público señala que su investigación inició con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que llevó a la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones se centraron inicialmente en ocho entidades y, por razones competenciales, se distribuyeron entre varias fiscalías provinciales (de Barcelona, Madrid y Málaga), las cuales lograron que varias “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, durante las investigaciones de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades ubicadas fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan prácticas comerciales de gestación subrogada y son accesibles en sus páginas web desde España”. Esta parte se trasladó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, en diciembre pasado, comenzó a recopilar información sobre las 13 empresas ahora señaladas para bloquear sus sitios digitales.

En el documento enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía enfatiza la necesidad de inhabilitar el acceso a estas páginas desde España para poder cumplir con la legislación nacional sobre la defensa de los derechos de las mujeres. En este sentido, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley clasifica los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” e invita a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas pertinentes”, se contacte con las empresas proveedoras de servicios de internet en España (como Telefónica o Vodafone), para que bloqueen el acceso a dichas web, así como a todos los subdominios que puedan llevar al contenido “ilícito”. Además, en caso de que Igualdad considere que esta acción podría afectar a derechos amparados por la libertad de expresión y de información, la Fiscalía insta a que se solicite la “preceptiva resolución judicial” para poder llevarla a cabo. El Ministerio de Igualdad, repite, estudiará el documento de Fiscalía este jueves, pero insisten en que no tienen competencias para actuar por la vía administrativa, que es lo que se les ha solicitado.