La Fiscalía solicita a Igualdad que impida el acceso a las páginas de 13 agencias de gestación subrogada | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo necesario para bloquear el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a los vientres de alquiler. El ministerio público señala a estas empresas por “ofrecer y realizar prácticas comerciales de gestación subrogada” que han sido declaradas “ilegales” en España. Esta acción se lleva a cabo tras abrir una investigación tras varias denuncias por publicidad ilícita. Ana Redondo, a cargo del departamento, explica en un comunicado que recibieron la solicitud en la tarde de este miércoles y que la analizarán mañana junto a la Abogacía del Estado. Además, apuntan que tienen la competencia para “iniciar acciones judiciales para cesar la publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, pero no cuentan con la capacidad administrativa de bloquear webs”.

Las mencionadas empresas tienen clínicas en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia y Colombia. En España, desde 2006, los vientres de alquiler son considerados ilegales. Esto ocurrió cuando se implementó la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, y además se considera una forma de violencia contra las mujeres desde la reforma de la ley del aborto en 2022. En Europa, la explotación de mujeres como vientres de alquiler fue tipificada como delito en 2024 mediante una directiva.

De todas formas, ciudadanos y ciudadanas españolas viajan cada año a países donde esta práctica no es ilegal y, tras el nacimiento de los bebés, los inscriben allí y regresan a España, donde el Estado los reconoce en el Registro Civil, en nombre del interés superior del menor, para evitar que queden en un limbo legal.

El año pasado, el Ministerio de Justicia publicó una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para cerrar aún más las lagunas burocráticas; desde entonces, ningún certificado extranjero, ninguna sentencia de autoridades judiciales de otros países, ni declaración con documentación médica es válida en ningún Registro Civil de España, incluidos los consulados, para inscribir a un bebé nacido por vientre de alquiler, sin importar el país de nacimiento o las circunstancias individuales.

Además, el Ministerio de Igualdad menciona en el comunicado que el año pasado “el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe que identificó a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios”, y lo “comunicó a la Abogacía del Estado para que actuara judicialmente contra la publicidad de cuatro empresas”. La Fiscalía también se dirigió al Instituto de las Mujeres para solicitar el informe del Observatorio.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No hay datos oficiales sobre el número de menores españoles nacidos bajo esta modalidad. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021, había más de 3.200 niños desde 2010. En 2024, se inscribieron en el Registro Civil 154 bebés, según cifras del Ministerio de Justicia, que son las más recientes disponibles. Además, se desconoce el precio que estas empresas asignan a esta práctica que la legislación española califica como violencia de género.

Los precios por un vientre de alquiler varían significativamente según el país y el tipo de cobertura. Una de las agencias mencionadas por la Fiscalía, Success–Maternidad Subrogada, con oficinas en EE. UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre, hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia que incluye fecundaciones in vitro sin límite y garantiza el “nacimiento de un niño sano” por 75.000 euros. La estadounidense Circle Surrogacy cobra 159.000 euros por sus servicios.

La Fiscalía también menciona a Go4Baby, que en su página web se define como una agencia de gestación subrogada que ofrece “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania y para todo tipo de familias en Colombia y México”. Prometen a las parejas y personas interesadas que “su sueño está mucho más cerca” y afirman: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promocionar esta práctica en España, así como Growing Generations, Invest Medical LLC, la georgiana Betaplus Fertility y la mexicana Miracle Surrogacy.

El listado incluye también a Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según informa la Fiscalía, estas agencias operaban en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha confirmado que todas sus páginas web estaban accesibles desde España este miércoles. Este periódico ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en la diligencia de la Fiscalía para saber si han recibido algún requerimiento y cuál es su valoración, pero hasta ahora no se ha tenido respuesta.

Mediante una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía menciona que su investigación inició con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también llevó a la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones comenzaron centrándose en ocho entidades y, por motivos de competencia, se distribuyeron entre varias fiscalías provinciales (en Barcelona, Madrid y Málaga), logrando que varias “cesaran su actividad ilícita tras requerimientos del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, a medida que avanzaron las investigaciones de las fiscalías de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades fuera del territorio de la Unión Europea que realizaban prácticas comerciales relacionadas con la gestación subrogada, accesibles a través de sus páginas web desde España”. Este aspecto fue trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y en diciembre del año pasado comenzó a recopilar información sobre las 13 compañías ahora señaladas para bloquear sus sitios web.

En el documento enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía enfatiza la necesidad de inhabilitar el acceso a esas páginas desde España, a fin de cumplir con la legislación nacional sobre la defensa de los derechos de las mujeres. Asimismo, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley considera los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” e insta a implementar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas correspondientes”, se comunique con las empresas de servicios de internet en España (como Telefónica o Vodafone) para que bloqueen el acceso a dichas páginas, así como a todos los subdominios que puedan dirigir a contenido “ilícito”. Adicionalmente, en caso de que Igualdad considere que esta acción podría impactar en derechos y libertades vinculados a la expresión y la información, la Fiscalía aconseja solicitar la “resolución judicial necesaria” para poder llevarla a cabo. El Ministerio de Igualdad, por su parte, señala que estudiará el escrito de la Fiscalía este jueves, aunque insiste en que no tienen competencias administrativas en relación a lo que se les requiere.