La Fiscalía solicita a Igualdad que impida el acceso a los sitios web de 13 agencias de gestación subrogada | Sociedad


La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo para bloquear el acceso en España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a la gestación subrogada. El ministerio público, que denuncia a estas compañías por “ofrecer y realizar prácticas comerciales de gestación subrogada” consideradas “ilegales” en España, actúa así tras abrir una investigación debido a varias denuncias por publicidad ilícita. El departamento de Ana Redondo aclara en un comunicado que recibió la petición en la tarde del miércoles y que mañana la analizarán en conjunto con la Abogacía del Estado, señalando que tienen la capacidad para “iniciar acciones judiciales para cesar publicidad ilícita que menoscabe la imagen de las mujeres, pero carecen de autoridad administrativa para bloquear páginas web”.

Estas agencias operan en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia y Colombia. En España, la gestación subrogada es ilegal desde 2006, año en que se implementó la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida; además, se considera violencia contra las mujeres desde la reforma de la ley del aborto de 2022. A nivel europeo, en 2024, se tipificó la explotación de mujeres mediante gestación subrogada como delito a través de una directiva.

Pese a ello, anualmente, ciudadanos españoles viajan a naciones donde esta práctica no es ilegal, inscribiendo a los recién nacidos en el extranjero y regresando a España donde, en nombre del interés superior del menor, el Estado los reconoce mediante su inclusión en el Registro Civil para evitar un limbo legal.

El año pasado, el Ministerio de Justicia emitió una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para cerrar aún más las brechas burocráticas; desde entonces, ningún certificado extranjero, ninguna sentencia de autoridades judiciales de otros países, ni declaración con documentación médica es válida en el Registro Civil de España, incluidos los consulados, para registrar un bebé nacido mediante gestación subrogada, independientemente del país de nacimiento o las circunstancias individuales.

El Ministerio de Igualdad, asimismo, recuerda en su comunicado que el año pasado “el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe que identificó a empresas que publicitaban servicios de gestación subrogada en diversos medios”, informando a la Abogacía del Estado para que emprendiera acciones judiciales contra cuatro compañías. Además, “la Fiscalía se comunicó con el Instituto de las Mujeres solicitando el informe del Observatorio”.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No se cuentan con datos oficiales sobre el número de menores españoles nacidos de esta manera. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021 aparecían más de 3.200 niños desde 2010. Según los últimos datos del Ministerio de Justicia, en 2024 se inscribieron 154 bebés en el Registro Civil. Tampoco se tiene claro el coste que estas agencias asignan a esta práctica, considerada por la legislación española como violencia de género.

Las tarifas por gestación subrogada varían notablemente según el país y el tipo de cobertura. Una de las agencias señaladas por la Fiscalía, Success–Maternidad Subrogada, con oficinas en EE. UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia, que incluye fecundaciones in vitro ilimitadas y garantiza “el nacimiento de un niño sano” por 75.000 euros. Circle Surrogacy, otra agencia estadounidense, cobra 159.000 euros por sus servicios.

La Fiscalía también menciona a Go4Baby, que se presenta en su sitio web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania, y para todo tipo de familias en Colombia y México”. Prometen a parejas e interesados que su “sueño está mucho más cerca” y ofrecen “ayudar a construir familias con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas denunciadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por anunciar esta práctica en España. También se incluyen Growing Generations, Invest Medical LLC, la agencia georgiana Betaplus Fertility y la mexicana Miracle Surrogacy.

El listado se completa con las entidades Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el escrito de la Fiscalía, estas agencias operan en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha constatado que todos sus sitios web eran accesibles desde España este miércoles. Este medio ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en las diligencias de la Fiscalía para saber si han recibido algún requerimiento y cuál es su opinión, pero hasta ahora no se ha obtenido respuesta.

Mediante una resolución firmada el martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público detalla que su investigación empezó con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también llevó a la intervención del Defensor del Pueblo. Inicialmente, la investigación se centró en ocho entidades y luego se distribuyó entre varias fiscalías provinciales (Barcelona, Madrid y Málaga), que lograron que algunas “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, durante las pesquisas realizadas por las fiscalías de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades ubicadas fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan prácticas comerciales de gestación subrogada, accesibles y visitables a través de sus sitios web desde España”. Esta parte se remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, en diciembre pasado, empezó a recabar información sobre las 13 compañías ahora señaladas para bloquear sus portales digitales.

En el documento enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía enfatiza la necesidad de inhabilitar el acceso a esas páginas desde España para cumplir con la legislación nacional que protege los derechos de las mujeres. En esa línea, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley califica los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” e invita a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las acciones administrativas pertinentes”, se comunique con las empresas que prestan servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone) para que bloqueen el acceso a dichas páginas, así como a todos los subdominios que puedan conducir al contenido “ilícito”. Asimismo, si Igualdad considera que esta acción podría afectar a derechos de expresión e información, la Fiscalía insta a que se solicite la “preceptiva resolución judicial” para poder llevarla a cabo. El Ministerio de Igualdad, repiten, estudiará el documento de la Fiscalía este jueves, pero reiteran que no poseen competencias por la vía administrativa, que es lo que se les está solicitando.

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