La Fiscalía solicita a Igualdad que impida el acceso a los sitios web de 13 agencias de gestación subrogada | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicial el procedimiento administrativo necesario para restringir el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias no comunitarias dedicadas a la gestación subrogada. Esta acción del ministerio público se debe a que estas compañías están señaladas por «ofrecer y llevar a cabo prácticas comerciales de gestación subrogada» que han sido declaradas «ilegales» en España. Esta medida sigue a la apertura de una investigación tras recibir múltiples denuncias por publicidad ilícita. Según el comunicado del departamento de Ana Redondo, el escrito fue recibido el miércoles por la tarde y será analizado con la Abogacía del Estado al día siguiente, además de señalar que tienen la capacidad para «iniciar acciones judiciales para cesar la publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres», aunque no cuentan con la capacidad administrativa para bloquear páginas web.

Las empresas mencionadas cuentan con clínicas en naciones como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia y Colombia. En España, esta práctica es ilegal desde 2006, cuando se implementó la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida; además, desde la reforma de la ley del aborto de 2022, se considera una forma de violencia contra las mujeres. En Europa, a partir de 2024, la explotación de mujeres para la gestación subrogada fue catalogada como delito mediante una directiva.

A pesar de ello, ciudadanos españoles viajan cada año a países donde esta práctica no es ilegal y, tras el nacimiento de los bebés, los registran allí antes de regresar a España, donde el Estado los reconoce oficialmente en el Registro Civil en nombre del interés superior del menor, evitando así su situación de limbo legal.

El año pasado, el Ministerio de Justicia publicó una instrucción en el Boletín Oficial del Estado que cerró aún más los vacíos administrativos; desde ese momento, ningún certificado extranjero, sentencia de autoridades judiciales de otros países ni declaración acompañada de documentación médica puede ser utilizado en ningún Registro Civil de España, incluidos los consulados, para registrar a un bebé nacido mediante gestación subrogada, independientemente del país de origen y de las circunstancias individuales.

Además, el Ministerio de Igualdad recuerda en su comunicado que el año pasado, “el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe que identificaba a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios”, y se lo “comunicó a la Abogacía del Estado para que emprendiera acciones judiciales para cesar la publicidad de cuatro empresas”. Asimismo, “la Fiscalía se dirigió al Instituto de las Mujeres para solicitar el informe del Observatorio”.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No hay datos oficiales sobre el número de menores españoles nacidos de esta manera. Sin embargo, según los registros consulares, en 2021 había más de 3.200 niños nacidos desde 2010. En 2024, se inscribieron en el Registro Civil 154 bebés, según los últimos datos del Ministerio de Justicia. Tampoco se tiene información precisa sobre el costo que estas agencias cobran por esta práctica, que la legislación española considera violencia de género.

Los precios por un vientre de alquiler varían considerablemente dependiendo de los países y el tipo de cobertura. Una de las agencias apuntadas por la Fiscalía, llamada Success–Maternidad Subrogada, que tiene sus oficinas centrales en EE. UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre, hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia que comprende fecundaciones in vitro ilimitadas y garantiza el “nacimiento de un niño sano” por 75.000 euros. La agencia estadounidense Circle Surrogacy cobra 159.000 euros por su servicio.

En su escrito, la Fiscalía menciona también a Go4Baby, que se presenta en su web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania y para todo tipo de familias en Colombia y México”. “Vuestro sueño mucho más cerca”, promete a parejas y personas interesadas, añadiendo: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas denunciadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promocionar esta práctica en España. También se señala a Growing Generations y Invest Medical LLC; a la georgiana Betaplus Fertility; y a la mexicana Miracle Surrogacy.

El listado es complementado por las sociedades Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el escrito de la Fiscalía, estas agencias centraban su actividad en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha verificado que este miércoles, todas sus páginas web eran accesibles desde España. Este periódico ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en las diligencias de la Fiscalía, por la tarde, para conocer si han recibido algún requerimiento y cuál es su evaluación. Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta alguna.

A través de una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público explica que su investigación comenzó con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también provocó la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones se centraron inicialmente en ocho entidades y, por motivos de competencia, se distribuyeron entre varias fiscalías provinciales (Barcelona, Madrid y Málaga), que lograron que varias “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, durante las investigaciones de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades ubicadas fuera del territorio de la Unión Europea que operan comercialmente en gestación subrogada y son accesibles a través de su web desde España”. Esta información fue remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, en diciembre pasado, comenzó a recabar datos sobre las 13 compañías ahora señaladas para restringir el acceso a sus páginas digitales.

En el escrito enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía destaca la necesidad de desactivar el acceso a esas webs desde España para poder cumplir con la legislación nacional sobre la defensa de los derechos de las mujeres. En esta línea, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley considera los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva”, e invita a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas pertinentes”, se ponga en contacto con las empresas que proporcionan servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone), para que éstas bloqueen el acceso a dichas páginas, así como a todos los subdominios que puedan redirigir al contenido “ilícito”. Igualmente, en caso de que Igualdad considere que esta acción pudiera afectar a datos protegidos por derechos y libertades de expresión e información, la Fiscalía insta a solicitar la “preceptiva resolución judicial” para su ejecución. El Ministerio de Igualdad, repiten, analizará el escrito de la Fiscalía este jueves, aunque insisten en que no tienen competencias por la vía administrativa, que es lo que se les está requiriendo.