La Fiscalía solicita a Igualdad que impida el acceso a los sitios web de 13 agencias de gestación subrogada | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo necesario para bloquear el acceso desde España a las páginas de 13 agencias extracomunitarias que se dedican a la gestación subrogada. El ministerio público, que señala a estas empresas por «ofrecer y llevar a cabo prácticas comerciales de gestación subrogada» consideradas «ilegales» en España, toma esta medida tras abrir una investigación a raíz de varias denuncias por publicidad no permitida. El departamento de Ana Redondo indica en un comunicado que recibió el escrito el miércoles por la tarde y que mañana lo evaluarán en conjunto con la Abogacía del Estado, y subrayan que tienen la autoridad para «iniciar acciones judiciales para cese de la publicidad ilícita que afecta a la imagen de las mujeres, aunque no tienen capacidad administrativa para bloquear webs».

Estas empresas operan en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia o Colombia. En España, desde 2006, la gestación subrogada es considerada ilegal, cuando se implementó la ley sobre técnicas de reproducción asistida; además, se considera una forma de violencia contra las mujeres desde la reforma de la ley del aborto en 2022. En Europa, a partir de 2024, la explotación de mujeres como vientres de alquiler fue tipificada como delito mediante una directiva.

No obstante, ciudadanos españoles viajan cada año a países donde esta práctica no es ilegal y, una vez nacidos los bebés, los inscriben allí y regresan a España, donde el Estado, en nombre del interés superior del menor, los reconoce a través de su inscripción en el Registro Civil para evitar un vacío legal.

El año pasado, el Ministerio de Justicia publicó una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para cerrar aún más las lagunas burocráticas; a partir de ese momento, ningún certificado extranjero, sentencia de autoridades judiciales de otros países, ni declaración acompañada de documentación médica es válida en ningún Registro Civil de España, incluidos los consulados, para inscribir a un bebé nacido por gestación subrogada, sin importar el país de nacimiento ni las circunstancias individuales.

El Ministerio de Igualdad también recuerda en su comunicado que el año pasado «el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe que identificaba a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios», el cual «fue notificado a la Abogacía del Estado para que tomara acciones judiciales para el cese de la publicidad de cuatro empresas». Además, «la Fiscalía se dirigió al Instituto de las Mujeres para solicitar el informe del Observatorio».

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No hay datos oficiales sobre el número de menores españoles nacidos mediante esta práctica. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021 había más de 3.200 niños desde 2010. En 2024, se inscribieron 154 bebés en el Registro Civil, según datos del Ministerio de Justicia, que son los más recientes. Además, no se conoce con precisión el costo que estas empresas asignan a una práctica que la legislación española considera violencia de género.

Los precios por un vientre de alquiler varían considerablemente según el país y el tipo de cobertura. Una de las agencias mencionadas por la Fiscalía, llamada Success–Maternidad Subrogada, que tiene sedes en EE.UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre, hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia que incluye fecundaciones in vitro sin límite y garantiza el “nacimiento de un niño sano” por 75.000 euros. Por su parte, la estadounidense Circle Surrogacy cobra 159.000 euros por el servicio.

En su comunicación, la Fiscalía menciona también a Go4Baby, que se define en su página web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania y para todo tipo de familias en Colombia y México”. “Vuestro sueño mucho más cerca”, promete a las parejas y personas interesadas. “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promocionar esta práctica en España. También se mencionan a Growing Generations, Invest Medical LLC, a la agencia georgiana Betaplus Fertility y a la mexicana Miracle Surrogacy.

La lista la completan las sociedades Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el informe de la Fiscalía, estas agencias centraban su actividad en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha verificado que todas sus páginas web estaban accesibles desde España este miércoles. Este diario ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en las diligencias de la Fiscalía para saber si han recibido algún requerimiento y cuál ha sido su valoración, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

A través de una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público detalla que su investigación se inició con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también llevó a la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones se concentraron en un principio en ocho entidades y, debido a motivos de competencia, se distribuyeron entre varias fiscalías provinciales (de Barcelona, Madrid y Málaga), que lograron que varias “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, durante las investigaciones realizadas por las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades situadas fuera del territorio de la Unión Europea que realizan prácticas comerciales relacionadas con la gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España”. Por esta razón, el caso fue remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se hizo cargo del asunto y, en diciembre pasado, comenzó a recabar información sobre las 13 compañías que ahora buscan bloquear sus sitios digitales.

En el escrito enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía destaca la necesidad de deshabilitar el acceso a esas páginas desde España para asegurar el cumplimiento de la ley nacional que defiende los derechos de las mujeres. En esta línea, el ministerio público menciona que, desde 2023, la ley califica los vientres de alquiler como una “grave forma de violencia reproductiva” e invita a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de los procedimientos administrativos pertinentes”, se comunique con las empresas de servicios de internet en España (como Telefónica o Vodafone) para que estas bloqueen el acceso a dichas páginas, así como a todos los subdominios que puedan llevar a contenido “ilícito”. Igualmente, si Igualdad considera que esta acción podría afectar derechos y libertades de expresión e información, la Fiscalía insta a que se obtenga la “resolución judicial correspondiente” para proceder con ello. El Ministerio de Igualdad, repiten, examinará el comunicado de la Fiscalía este jueves, aunque insisten en que no tienen competencias en la vía administrativa, que es lo que se les solicita.