La Fiscalía solicita al Ministerio de Igualdad que restrinja el acceso a los sitios web de 13 agencias de gestación subrogada.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo necesario para restringir el acceso desde España a los sitios web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a la gestación subrogada. La institución pública, que identifica a estas compañías por “ofrecer y realizar prácticas comerciales de gestación subrogada” consideradas “ilegales” en España, toma este paso tras abrir una investigación a raíz de varias denuncias recibidas por publicidad ilegal. El departamento encabezado por Ana Redondo aclara en un comunicado que recibió el escrito por la tarde del miércoles, y que al día siguiente lo analizarán junto a la Abogacía del Estado, subrayando que tienen la capacidad de “iniciar acciones judiciales para la cesación de publicidad ilícita que afecte la imagen de las mujeres, pero no la autoridad administrativa para bloquear sitios web”.

Las mencionadas empresas operan clínicas en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia y Colombia. En España, desde 2006, la gestación subrogada es ilegal. Este fue el año en que se implementó la legislación sobre técnicas de reproducción humana asistida; además, desde la reforma de la ley del aborto en 2022, se considera una forma de violencia contra las mujeres. En Europa, a partir de 2024, la explotación de mujeres como vientres de alquiler fue tipificada como delito a través de una directiva.

A pesar de esto, ciudadanos españoles viajan cada año a naciones donde esta práctica no es ilegal y, una vez que los bebés nacen, los inscriben allá y regresan a España, donde, en nombre del interés superior del menor, el estado les reconoce mediante su inclusión en el Registro Civil, evitando así un limbo legal.

El Ministerio de Justicia, el año pasado, emitió una instrucción en el Boletín Oficial del Estado con el objetivo de cerrar las lagunas burocráticas; de ahí en adelante, ningún certificado extranjero, sentencia de autoridades judiciales de otros países o declaración acompañada de documentación médica será válida en ningún Registro Civil de España, incluidos los consulados, para inscribir a un bebé nacido por gestación subrogada, sin importar el país o las circunstancias individuales.

En su comunicado, el Ministerio de Igualdad recuerda que el año pasado, “el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en distintos medios”, y lo “comunicó a la Abogacía del Estado para que se tomaran acciones judiciales contra cuatro empresas”. Asimismo, la Fiscalía se dirigió al Instituto de las Mujeres para solicitar el informe del Observatorio.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No se poseen datos oficiales sobre el número de menores españoles nacidos mediante esta práctica. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021, se reflejaban más de 3.200 niños desde 2010. En 2024, se inscribieron en el Registro Civil 154 bebés, según datos del Ministerio de Justicia, que son los últimos disponibles. Tampoco se conoce de manera precisa el costo que estas agencias imponen por un servicio que la legislación española considera violencia de género.

Las tarifas por gestación subrogada varían notablemente dependiendo del país y el tipo de cobertura. Una de las agencias mencionadas por la Fiscalía, llamada Success–Maternidad Subrogada, con oficinas en EE.UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre, hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia que incluye fecundaciones in vitro ilimitadas y promete el “nacimiento garantizado de un niño sano” por 75.000 euros. La estadounidense Circle Surrogacy cobra 159.000 euros por su servicio.

En su escrito, la Fiscalía también menciona a Go4Baby, que se presenta en su sitio web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania, así como para todo tipo de familias en Colombia y México”. “Vuestro sueño mucho más cerca”, promete a las parejas y personas interesadas. Además, agregan: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres debido a la promoción de esta práctica en España. También se señala a Growing Generations y Invest Medical LLC; la georgiana Betaplus Fertility; y la mexicana Miracle Surrogacy.

La lista se completa con las sociedades Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el escrito de la Fiscalía, estas agencias desarrollaban su actividad principalmente en Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha verificado que todas sus páginas web eran accesibles desde España este miércoles. Este diario ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en las diligencias de la Fiscalía para conocer si han recibido algún requerimiento y cuál es su valoración. Hasta ahora, no se ha obtenido respuesta.

A través de una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público señala que su investigación se inició debido a varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también provocó la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones se enfocaron primero en ocho entidades, y, por razones de competencia, se dividieron entre varias fiscalías provinciales (Barcelona, Madrid y Málaga), logrando que varias “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, durante las investigaciones de las fiscalías de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan prácticas comerciales de gestación subrogada y que son accesibles y visitables a través de su web desde España”. Esta información fue remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia, y el pasado diciembre comenzó a recopilar datos sobre las 13 compañías señaladas para bloquear sus páginas digitales.

En el comunicado enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía destaca la importancia de inhabilitar el acceso a estas webs desde España para cumplir con la legislación nacional sobre la defensa de los derechos de las mujeres. En esta línea, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley considera los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” e insta a tomar acciones para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “tras la tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes”, se comunique con las empresas que ofrecen servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone), para que bloqueen el acceso a estas webs, así como a todos los subdominios que puedan conducir a contenido “ilícito”. Además, si Igualdad considera que esta acción podría afectar derechos amparados por la libertad de expresión e información, la Fiscalía sugiere que se solicite la “resolución judicial pertinente” para poder llevarla a cabo. El Ministerio de Igualdad, reiteran, examinará el escrito de la Fiscalía este jueves, pero afirman que no tienen competencia por la vía administrativa, que es lo que se les solicita.