La formación profesional privada crece al doble de velocidad que la pública: miles de jóvenes invierten hasta 9.000 euros en obtener un título | Educación

La Formación Profesional (FP) se ha consolidado como una de las grandes historias de éxito educativo en España en esta década. Una serie de factores —cambios en el mercado laboral, transformaciones en la percepción familiar sobre la educación en general y la formación profesional en particular, un claro compromiso político, una nueva legislación y un aumento significativo de fondos europeos— han dado lugar a un crecimiento exponencial en el número de estudiantes. En el lapso de seis años, la FP ha sumado 344.073 alumnos, lo que representa un 41% más, alcanzando un total de 1.181.272. Además, los datos evidencian una rápida expansión de la enseñanza privada en este ámbito, la cual ha crecido más del doble que la pública en este mismo período.

Alejandro Gutiérrez y Javier Barreda, de 18 años, llegan el jueves por la mañana al centro privado Devante MEDAC Albalá, en San Blas-Canillejas, Madrid, donde estudian un grado medio de informática. “Es lo que nos tocó porque no alcanzamos la nota”, explica Gutiérrez. Si hubiese habido disponibilidad, dice, habrían optado por la pública, que sería “más cerca de casa”. El ciclo tiene un coste de 7.200 euros por dos años, aunque ellos pagan la mitad gracias a una beca. Su situación no es aislada. La carencia de plazas públicas, según un informe de Comisiones Obreras publicado este jueves, obliga a un número creciente de jóvenes a abonar entre 3.000 y 9.000 euros para estudiar estos ciclos (en la modalidad pública es gratuita, a excepción de Madrid y Cataluña, donde los ciclos superiores rondan los 800 euros). Y, si no tienen medios económicos, se ven forzados a “abandonar ciertos itinerarios formativos”, lo cual afecta “especialmente a las clases trabajadoras y jóvenes con menos recursos, limitando su acceso a titulaciones” con mejores perspectivas laborales y salariales, advierte el sindicato.

En el curso 2018-2019, la educación pública contaba con 600.113 estudiantes de FP, representando el 72% del total. La privada, en cambio, tenía 237.086, un 28%. Seis años más tarde, la pública ha aumentado a 780.338 y la privada a 400.934, haciendo que sus cuotas de alumnado pasen a ser del 66% y el 34% respectivamente. La pública, impulsada por una inversión de 748 millones de euros por parte del Ministerio de Educación para crear nuevas plazas, incrementó un 30% su número de estudiantes. La privada, por su parte, lo hizo en un 69%, lo que conlleva un crecimiento 2,3 veces más rápido.

El avance de la educación privada se debe en gran medida al notable boom de la FP a distancia. Esta modalidad ha experimentado un crecimiento del 324%, alcanzando los 128.971 alumnos, superando así a la pública, que cuenta ahora con 94.329 estudiantes tras un aumento del 65%. Esta situación se convierte en una segunda señal de alarma mencionada en el informe de Comisiones, ya que la FP privada a distancia no cumple en muchos casos con los estándares requeridos en cuanto a “tutoría, evaluación, presencialidad en las prácticas y transparencia”, por lo que el sindicato exige un verdadero programa de inspección pública.

Disparidad por comunidades autónomas

La presencia de la educación privada varía significativamente entre comunidades autónomas, con diferencias que alcanzan hasta los 35 puntos porcentuales en estudios de FP presenciales. Las comunidades con mayor presencia de educación privada son Euskadi (44%), Madrid (38%), Aragón (36%) y Cataluña (35,6%). Por otro lado, las que presentan menores cuotas son Canarias (9%), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (14%) y Navarra (18%). La media nacional de estudiantes en la educación privada presencial asciende al 28,4%.

En regiones como Madrid y Cataluña, el sindicato señala que “la escasez de plazas públicas en ciclos de alta empleabilidad suele redirigir al alumnado hacia centros privados, incrementando el costo de acceso y perpetuando una lógica de selección por nivel económico”. En contraste, en áreas como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Galicia, los problemas derivan de “la baja densidad empresarial y la dispersión geográfica, que limitan la disponibilidad de prácticas y el acceso efectivo a ciertos ciclos, especialmente fuera de las capitales”.

El informe de Comisiones Obreras presenta datos desglosados por comunidades, excluyendo al alumnado a distancia para evitar distorsiones, dado que la mayoría de las empresas que ofrecen esta modalidad se encuentran en Cataluña y Madrid. Al inscribirse en dichos centros, los estudiantes que residen en otras comunidades son reportados estadísticamente como alumnos de Cataluña y Madrid. Esto explica que entre ambas comunidades aglutinen casi el 80% de la matrícula a distancia de la educación privada (101.851 estudiantes) y que en varias comunidades aparezcan cifras muy reducidas de alumnos de FP privada a distancia (en cuatro de ellas, no se registra a ninguno).

Las titulaciones, un filón para la privada

Comisiones identifica ocho titulaciones donde la educación pública tiene una oferta notablemente inferior a la demanda, o que incluso no se ofrecen en ciertas regiones, facilitando así que la privada encuentre un nicho, la mayoría de ellas en el ámbito sanitario y tecnológico. Estas son: Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear; Radioterapia y Dosimetría; Higiene Bucodental; Anatomía Patológica; Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; Desarrollo de Aplicaciones Web; Educación Infantil e Integración Social. Raúl González, de 18 años y estudiante de Desarrollo de Aplicaciones Web, admite que ni siquiera intentó acceder a un centro público: “No había ni una vacante”, comenta mientras espera el inicio de su clase en el centro privado donde actualmente estudia. Para ello, paga 300 euros al mes, es decir, un total de 7.200 euros por dos años.

En Imagen para el Diagnóstico, una de las titulaciones más solicitadas, se encuentra Jeremías R., de 23 años, quien prefiere no revelar su apellido. Originario de Argentina, había comenzado a estudiar Medicina, pero la burocracia y “los trámites” le impidieron acceder a la educación pública. Comenta que en la educación privada pudo matricularse de manera rápida: “Aquí era cuestión de venir a pagar y listo”, resume desde la entrada del centro. Su curso tiene un costo de 780 euros mensuales (18.720 por dos años). No está totalmente satisfecho con las prácticas: “Nos prometieron muchos convenios, pero no existen. Debemos buscarlos por nuestra cuenta. Actualmente, una profesora está tratando de ver si puede conseguir alguno”.

El sindicato propone una serie de medidas para revertir la tendencia de los últimos años. En primer lugar, es necesario implementar un “plan estatal-autonómico de expansión de la FP pública con financiación plurianual, priorizando centros en áreas de alta demanda y en territorios con mayor privatización o listas de espera. El documento también sugiere establecer criterios obligatorios, como ratios máximas de alumnos por tutor en ambas modalidades. Un refuerzo del sistema de inspección para asegurar la calidad en la educación privada es igualmente necesario. También se propone un sistema integrado de datos que permita conocer cuántas plazas públicas se ofrecen en cada comunidad, cuál es la demanda, la lista de espera por ciclo formativo, así como las tasas de abandono, titularidad y grado de inserción laboral después de finalizar. Comisiones también exige un registro público único de centros autorizados, y que, para ser incluidos, las empresas deben demostrar mínimos en personal, equipamiento y tutoría de prácticas, así como establecer un sistema que garantice la “trazabilidad” de estas prácticas.