La Guardia Civil lleva a cabo una investigación encubierta sobre un ataque destinado a afectar las elecciones generales del 23 de julio.

La Audiencia Nacional está llevando a cabo una investigación secreta sobre una operación destinada a influir en las últimas elecciones generales de 2023 y cuestionar la legitimidad de los resultados. El juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, supervisa las indagaciones realizadas por la Guardia Civil. Según fuentes cercanas al caso que han hablado con El Confidencial, las pesquisas se dirigen al grupo NoName057, una organización criminal rusa que opera al servicio del Kremlin.

El proceso se encuentra en una fase avanzada. Aunque no se han descubierto pruebas que indiquen que la ofensiva afectara el escrutinio, sí logró generar dudas sobre la fiabilidad de las instituciones españolas, intensificó la polarización social y sentó las bases para cuestionar la veracidad del resultado en una etapa posterior de la operación que, tras confirmarse que Pedro Sánchez contaba con los apoyos necesarios para mantenerse en el Gobierno, no llegó a llevarse a cabo.

Según las fuentes consultadas, la investigación judicial dio un giro en julio de 2025 con el hallazgo de nuevas pistas sobre la autoría del ataque en la operación Eastwood de la Policía Nacional, un operativo que desmanteló parte de la infraestructura de NoName057 en Europa. En colaboración con Europol y Eurojust, se realizaron registros y detenciones en 19 países.

En España, la Policía detuvo a un individuo en Zaragoza y realizó entradas en 12 domicilios. El análisis de los dispositivos intervenidos proporcionó evidencias claras de que la conspiración contra las elecciones generales de 2023 fue ejecutada por el grupo criminal prorruso. Las pruebas, que señalan a personas específicas, han sido integradas en el sumario del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Ataques DDoS

Actualmente, las investigaciones de la Guardia Civil se concentran en los días previos a las generales del 23-J y en la propia jornada electoral. La maniobra se inició con la supuesta diffusion de correos y contraseñas de usuarios de una importante página web española. Posteriormente, se llevaron a cabo ataques DDoS [denegación de servicio] contra las páginas oficiales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Política Territorial.

El jueves 20 de julio, tres días antes de los comicios, el ataque se centró en el Banco de España y las principales entidades financieras, y durante el fin de semana se expandió a las páginas de transporte, incluyendo los metros de Madrid y Barcelona, así como la compañía de autobuses Avanza y la web de Puertos del Estado.

Sin embargo, los mayores incidentes ocurrieron el mismo día de la votación. Las páginas del Instituto Nacional de Estadística, la Junta Electoral y el Ministerio del Interior, encargado de la organización de los comicios, quedaron inoperativas. Además, ciudadanos rusos residiendo en España recibieron un enlace a un sitio que había clonado el portal oficial de la Comunidad de Madrid. En esta página se decía que ETA estaba planeando un ataque inminente.

De manera paralela, canales asociados al Kremlin emitieron contenido instando a la población a no acudir a votar. Un informe de la Unión Europea de junio de 2024 titulado «Manipulación informativa y amenazas de interferencias extranjeras» señala que en la ofensiva participó la cadena oficial de televisión Russia Today e incluso la embajada de Rusia en Madrid.

Objetivos: UE y OTAN

En perspectiva, Rusia puede parecer un adversario distante para España, pero los expertos advierten que Moscú ha mostrado un gran interés en desestabilizar cualquier país que forme parte de la Unión Europea o la OTAN. España es miembro de ambos organismos.

Vladímir Putin incluso cuenta con los servicios de un ‘hacker’ español. Se trata de Enrique Gil Arias, reclamado por Europol por delitos informáticos con fines terroristas, apología del terrorismo y pertenencia a organización criminal. Es considerado uno de los líderes de la maquinaria de manipulación rusa. Moscú le ha otorgado asilo político. En 2020, durante los peores momentos de la pandemia, elaboró un documento para difundir un bulo contra la Policía Nacional. Gil Arias figura entre los fugitivos más buscados de Europa.

“En sistemas electorales robustos, como suelen ser las democracias occidentales, es casi imposible que un actor externo afecte directamente los resultados de las votaciones. Por eso, lo que Rusia busca con este tipo de campañas de interferencia es principalmente un efecto secundario mucho más accesible: sembrar desconfianza en la limpieza del proceso electoral y generar la percepción de que podría haber ocurrido un pucherazo”, explica Daniel Iriarte, periodista especializado en seguridad global y desinformación y autor del libro ‘Guerras Cognitivas’ (Arpa, 2025).

“Esa estrategia genera una situación de malestar que luego puede ser aprovechada en una segunda fase, por ejemplo convocando protestas y alimentando los bulos sobre fraude electoral”, añade Iriarte. “Rusia ha aplicado esta estrategia en numerosos países, como EE.UU. (2016, 2020 y 2024), Francia (2017) o, más recientemente, República Checa (2025). En los Países Bajos, durante las elecciones generales de 2017, el esfuerzo fue tan exitoso que las autoridades electorales decidieron contar los votos de forma manual para prevenir de antemano cualquier duda”.