La histórica prisión franquista de Carabanchel, reconocida por el Gobierno como Sitio de Memoria Democrática.


El Gobierno ha designado como Lugar de Memoria Democrática la antigua prisión provincial de hombres de Madrid, conocida popularmente como la Cárcel de Carabanchel, que fue edificada mediante el trabajo forzado de aproximadamente mil presos republicanos, convirtiéndose en un “símbolo del terror de Estado” durante la dictadura de Francisco Franco. Esta declaración se encuentra en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este viernes.

Esta medida se suma a la reciente declaración como Lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos, que fue sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), y de la tapia de fusilamiento del cementerio del este de Madrid, donde la dictadura ejecutó a casi 3.000 personas tras la Guerra Civil en 1939. La declaración señala que la prisión provincial fue erigida por el régimen franquista para reemplazar a la antigua Cárcel Modelo de Madrid, destruida durante el conflicto. Esta nueva cárcel se construyó entre 1940 y 1944 gracias al esfuerzo de un millar de presos republicanos, convirtiéndose en un emblema del «sistema represivo» de la dictadura.

Diseñada con un modelo panóptico, contaba con seis galerías radiales bajo una gran cúpula de hormigón de 32 metros de diámetro, lo que permitía “la vigilancia total” e ilustraba “la lógica del control absoluto sobre los cuerpos y las conciencias”, reflejando “la mentalidad autoritaria del régimen”. El centro incluía la Escuela de Estudios Penitenciarios, el Hospital General Penitenciario, un Reformatorio de Jóvenes, un Hospital Psiquiátrico y un departamento femenino. Aunque se diseñó para mil internos, desde su apertura el 22 de junio de 1944, sufrió sobrepoblación crónica, alojando a miles de presos en condiciones infrahumanas: celdas pequeñas, sin calefacción ni higiene, escasez de agua, duchas semanales, comida deficiente y frecuentes abusos por parte de los funcionarios.

La Cárcel de Carabanchel fue, además, un centro de aplicación de la pena capital y un símbolo del terror de Estado. Entre 1944 y 1975 se documentaron más de doscientas ejecuciones. Entre las víctimas se encuentran Francisco Granado y Joaquín Delgado (1963), anarquistas ejecutados mediante garrote vil; Julián Grimau, un dirigente comunista; y los militantes del FRAP José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz, fusilados el 27 de septiembre de 1975, en las últimas ejecuciones del franquismo.

La prisión también alojó a numerosas figuras de la resistencia, el sindicalismo y la cultura española, como Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Miguel Boyer, Enrique Múgica, Fernando Savater, Marcos Ana, Ramón Tamames, Miguel Gila, Nicolás Redondo, Fernando Arrabal y Eduardo Saborido, entre otros, según detalla el BOE. Durante la Transición democrática, Carabanchel se convirtió en el epicentro de las revueltas de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), que exigía amnistía, derechos básicos y reformas en el sistema penitenciario. Aquellos movimientos reflejaron “la continuidad del autoritarismo” en las cárceles españolas y culminaron en tragedias como el asesinato del joven anarquista Agustín Rueda Sierra, torturado hasta la muerte por funcionarios en 1978.

Por sus celdas pasaron miles de hombres y mujeres “perseguidos por su ideología, actividad sindical, orientación sexual o pobreza”, convirtiendo la cárcel en “un microcosmos de la sociedad española bajo la dictadura”, donde coexistían “represión, adoctrinamiento y resistencia”. “El valor simbólico de Carabanchel radica en esa diversidad de experiencias: republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, nacionalistas, intelectuales, artistas y personas homosexuales víctimas de la Ley de Peligrosidad Social, todos ellos afectados por el mismo aparato de control político y moral”, continúa la declaración aprobada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Enfoque conmemorativo y didáctico al lugar

En la actualidad, permanecen algunos vestigios materiales del antiguo complejo: el pórtico de entrada, un tramo de muro exterior, el antiguo hospital penitenciario (actual Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE) y restos subterráneos de celdas y galerías, por lo cual las actuaciones que se lleven a cabo con esta declaración no se dirigirán a su uso original. En lugar de esto, se asegurará la preservación y promoción de la memoria del lugar, reconociendo su relevancia en la historia reciente de Madrid y de España, materializada en los vestigios existentes, localizados en la avenida de los Poblados del barrio madrileño de Carabanchel. Además, con un propósito conmemorativo, didáctico y reparador, el Estado facilitará la instalación de placas, paneles o distintivos memoriales interpretativos, así como la señalización de puntos de reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos allí ocurridas.

El Ministerio de Memoria Democrática, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, también impulsará en el espacio físico de la antigua prisión un centro memorial enfocado en la educación y difusión, con una perspectiva de memoria democrática, sobre la represión franquista y los derechos humanos, preservando la memoria del carácter penitenciario del inmueble y las circunstancias padecidas por las personas allí represaliadas. Adicionalmente, se promoverá la implementación de recursos audiovisuales y digitales explicativos en el sitio web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que incluirá una ficha con fotografías y materiales audiovisuales, además de la creación de un archivo digital que recopile todo documento o testimonio relacionado con la prisión.

Celebración con reproches por parte de las entidades promotoras

Desde la Plataforma por un Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel, que agrupa tanto a expresos políticos como a asociaciones vecinales del distrito, celebran que “la declaración refleja las alegaciones más relevantes, que fueron presentadas por decenas, ante el acuerdo de incoación inicial publicado hace un año”. Entre estas, se incluye “el reconocimiento, como vestigios materiales que aún se preservan de la antigua cárcel, del antiguo hospital penitenciario y los restos subterráneos de celdas y galerías”.

Sin embargo, sus elogios tienen matices: “Echamos en falta que la declaración no aclare con precisión que el Lugar de Memoria incluye la totalidad de los terrenos que alguna vez ocupó la cárcel, así como que los restos subterráneos de celdas y galerías no sean objeto de las medidas de protección y difusión mencionadas en el apartado cuarto”. Y añaden: “Queremos dejar claro que esta declaración es solo un primer paso en el reconocimiento de la importancia histórica y memorial de este lugar, exigimos, una vez más, la creación de un verdadero Centro de Memoria de dicha prisión en el solar que la albergó, como un espacio físico que sirva para recordar y documentar lo que allí ocurrió y que no debe repetirse”.

“Por último, exigimos el cierre del CIE de Aluche, ya que consideramos que este uso es incompatible con la memoria del antiguo hospital penitenciario de la cárcel (lugar donde se encuentra), tal como recoge la declaración de Lugar de Memoria. El CIE no deja de ser una prisión donde se priva de libertad a personas que no han cometido delito alguno, sino solo una falta administrativa; es decir, una cárcel tan injusta como la histórica”, concluyen en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

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