La insolvencia discreta que dejó a 15 familias en Madrid en un edificio no registrado, bajo el control del «banco malo».

La crisis habitacional ha dado vida a un nuevo término: inquiokupación. Este concepto se refiere a un inquilino que, tras haber firmado un contrato de arrendamiento legalmente, deja de cumplir con sus obligaciones, ya sea por impago o negándose a abandonar la propiedad. Este término ha ganado notoriedad a través de la repetición por parte de ciertos partidos políticos y medios de comunicación, aunque ha sido objeto de críticas por su falta de precisión. Mientras tanto, hay un caso en Madrid que ejemplifica esta situación, pero de manera opuesta: en este caso, ha sido el propio edificio quien ha incumplido lo pactado. Ahora, la mitad de los residentes ha recibido un nuevo contrato con cláusulas abusivas, mientras que los demás enfrentan una orden de desalojo para el 12 de noviembre.

“Estamos convencidos de que esto es ilegal o, al menos, cuestionable”, afirman enérgicamente desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que logró frenar un primer intento de desalojo hace un año e iniciar negociaciones con los propietarios. La saga en el número 1 de la calle María Guerrero, en Carabanchel Alto, comenzó poco después del estallido de la crisis inmobiliaria de 2008. La empresa constructora del edificio, Inversiones Winner S.L., se declaró en quiebra inmediatamente después de su conclusión, lo que llevó a que tanto el edificio como la deuda millonaria que conllevaba pasaran a un concurso de acreedores sin haberse registrado previamente en el catastro, según el sindicato.

Lo curioso es que, desde entonces, un administrador de la antigua propietaria continuó alquilando las viviendas (15 en total) a familias e inquilinos, sin informarles, según ellos, sobre la compleja situación legal que enfrentaban. La compañía continuó extendiendo contratos y recibiendo pagos durante meses, incluso cuando ya no eran los legítimos propietarios del inmueble. El verdadero estado de las cosas no salió a la luz hasta más de diez años después. Alberto, el vecino que ha vivido más tiempo en el edificio, comenzó a tener sospechas el día en que intentó empadronarse. “Me dijeron en administración que la dirección que proporcionaba no correspondía con ningún edificio, sino con un terreno vacío”, recuerda en una conversación con Somos Madrid.

Empresa privada, un concurso de acreedores y finalmente la Sareb

Sorprendido, trató de registrarse varias veces e incluso solicitó que agentes de la Policía Municipal de Madrid fueran a su casa para corroborar su residencia. Han pasado al menos diez años desde que vive de alquiler en un apartamento que ahora comparte con su pareja. Otro momento crucial fue cuando el banco comenzó a rechazar los pagos mensuales a Inversiones Winner S.L., que hasta mayo –dos años después de su venta a Sareb y más de diez desde su quiebra– seguía firmando el cobro de sus facturas de electricidad, según lo corroborado por este periódico.

El año pasado, los inquilinos recibieron una carta de desalojo en la que no figuraba el nombre de su arrendador habitual. La carta fue firmada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb o el banco malo. Al investigar, descubrieron que la Sareb –una entidad creada en 2012 para gestionar activos tóxicos de la banca– había adquirido en 2023 la deuda del edificio, convirtiéndose en la nueva propietaria. Con este cambio radical, los vecinos también encontraron que sus casas no estaban registradas y que “llevaban años utilizando la electricidad y el agua de una construcción cercana”.

Un día, sin previo aviso, enviaron nuevos contratos solo para la mitad de inquilinos con 12 posibles cláusulas abusivas.

Miren Beriain
— Sindicato de Vivienda de Carabanchel

Los residentes subrayan que el edificio tampoco contaba con cédula de habitabilidad, un requisito que no es obligatorio en la Comunidad de Madrid, pero sí en otras regiones. Presentaron el caso al Sindicato de Vivienda de Carabanchel, del cual se desligó solo un vecino de un piso, que asumió las riendas de las negociaciones con Sareb para las 14 viviendas restantes. “Comenzamos con buen pie y logramos detener la expulsión hasta alcanzar un acuerdo. La sorpresa llegó un día cuando, sin previo aviso ni justificación, enviaron nuevos contratos solo para la mitad de los inquilinos, con hasta 12 posibles cláusulas abusivas”, destaca Miren Beriain, una de las integrantes del sindicato.

Fuentes de Sareb niegan que haya un criterio diferente entre unos pisos y otros: en realidad, explican, esto se debe a que “no todos los vecinos colaboran equitativamente” o entregan la documentación necesaria para regularizar su situación tras el cambio en la propiedad. “Cuando un agente intenta hablar con ellos u obtener esa información y no hay respuesta, o no están dispuestos a proporcionarla, no podemos dejar que continúen de forma irregular”, insisten. Desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel niegan rotundamente que esta afirmación corresponda a la situación en el bloque de María Guerrero. “Nosotros hemos enviado la documentación de todas las viviendas y nunca hubo respuesta. Nadie ha venido a inquirirles y, si lo hicieron, se fueron antes de asegurarse de la situación”, concluyen.

Alberto fue uno de los residentes que recibió el documento, que considera “absolutamente inaceptable”. Una de las exigencias que más le llamó la atención fue la correspondiente al pago de una bonificación, que se sumaría al precio base de la vivienda durante el primer año del contrato. En la guía de cláusulas abusivas elaborada por el movimiento Plan Sareb, un conjunto de colectivos sociales o sindicatos de vivienda que denuncian las prácticas de esta entidad, se describe este procedimiento como una “estrategia” de la empresa para “imponer incrementos desmedidos a la renta inicial” en cada revisión anual.

Nuevas notificaciones de desalojo, pero solo para seis viviendas

Las diferentes bonificaciones exigidas a cada uno de los ocho pisos que recibieron este contrato varían según el inmueble, pero oscilan entre 40 y 90 euros mensuales como mínimo y superan los 200 o 300 euros en los sumas más altas, según la evaluación por pisos realizada por el sindicato del distrito. “Crecí en este barrio y fue gracias a contactos en la zona que me enteré de esta oferta de alquiler, que acepté [hace una década] por 500 euros al mes. Pero cada vez se revaloriza más, así que intentan sacar lo máximo posible de los contratos”, reflexiona Alberto, que actualmente paga 1.200 euros por el mismo alquiler en un piso periférico de una habitación.

El viernes pasado, otros seis apartamentos del edificio recibieron una nueva notificación de desalojo, dando solo un mes de margen y fijando la fecha para el 12 de noviembre. “Nadie nos ha explicado cuál fue el criterio para que unos debieran irse ya y el resto deba lidiar con un contrato envenenado. Parece que quieren dividir la fuerza del bloque”, sentencia Beriain, que asegura no haber tenido noticias de la Sareb tras el último aviso. Sugiere varias hipótesis. Este año, el Gobierno central anunció la creación de una empresa estatal de vivienda que adquirirá unos 40.000 inmuebles de la Sareb, de la cual posee un 45% a través del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El resto pertenece a capital privado.

Liquidar activos que la Sareb no pueda traspasar al Estado

La idea del Gobierno es sumar estas propiedades a otras 55.000 de nueva construcción levantadas sobre 2.400 terrenos públicos para abordar la grave crisis habitacional que enfrenta el país. Sareb, que deberá ceder las viviendas de manera voluntaria, ha empezado a liquidar activos que no cumplen con los requisitos mínimos para la transferencia, con el fin de saldar su deuda antes de 2027, año en que deberá disolverse, según el mandato por el cual fue constituida. El Estado, avalista de Sareb, tendrá que asumir los costos que no se logren cubrir antes de esa fecha.

“No me sorprendería que quisieran acabar con los contratos actuales para vender el edificio o sacar más provecho económico antes de que pasen dos años”, sugiere la portavoz del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. También señala que los pisos que han recibido una notificación de desalojo son “los más amplios” de todo el edificio. Por lo general, un apartamento en María Guerrero número 1 tiene entre 50 y 60 metros cuadrados y una o dos habitaciones, dependiendo del caso.

Sin embargo, Sareb desmiente esta hipótesis. “Este bloque de viviendas cumple muchos criterios para estar entre las transferidas al Sepes [la Entidad Pública Empresarial de Suelo, que gestionará la futura empresa estatal de vivienda], así que es falso que estemos considerando venderlas ya que casi con seguridad las cederemos gratuitamente [al Gobierno central]”, aseguran desde la entidad de activos inmobiliarios.

Desde ahora y hasta el 12 de noviembre, fecha del desalojo de seis pisos en el bloque, la estrategia para los vecinos es presionar para lograr una negociación colectiva que cierre contratos sin cláusulas abusivas para todos los residentes, y no solo para algunos seleccionados. Esto es confirmado por fuentes del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que subrayan las dificultades en las comunicaciones regulares con una entidad compuesta por decenas de empresas gestoras.

“Se les ha olvidado que un contrato es una negociación entre dos partes, y no algo que puedan imponer sin posibilidad de respuesta. Hemos enviado nuevos borradores con condiciones similares a las de una vivienda pública; al fin y al cabo, muchas de sus propiedades pasarán a serlo en menos de dos años”, comentan fuentes del órgano sindical, que intentan mantener la unidad entre los vecinos ante lo que consideran “una estrategia de desgaste” por parte de la Sareb. “Si el Gobierno se esfuerza tanto por resolver el problema de la vivienda, ¿cómo puede estar llevando a cabo esto una empresa que es casi un 50% pública?”, se preguntan mientras se acerca la fecha de los desahucios.