La Junta presentará su demanda contra el Gobierno por las normativas del trasvase Tajo-Segura antes de que termine marzo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé formalizar antes de que termine marzo su reclamación contra el Gobierno de España para demandar la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante una rueda de prensa en Toledo, donde detalló que los servicios jurídicos de la Junta están finalizando el informe que deberá acompañar a la demanda.

Según ha apuntado, este documento es un paso previo esencial para iniciar formalmente el proceso judicial.

La consejera ha manifestado que, en opinión del Ejecutivo autonómico, aún no se justifican las condiciones que avalen el retraso en la modificación de las reglas de explotación del trasvase.

Sostenibilidad hídrica

En este contexto, advirtió que la situación actual de los embalses de cabecera del Tajo-Segura es «excepcional» y podría inducir a una percepción errónea sobre la disponibilidad de agua.

Gómez ha señalado que hace 14 años que no se presentaba una situación hídrica tan favorable en estos embalses, por lo que ha subrayado la necesidad de actuar con prudencia para asegurar la sostenibilidad del recurso.

«Si no somos precavidos y no actuamos de manera sostenible en nuestras decisiones, podemos desperdiciar este recurso», ha enfatizado.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, informa, en una rueda de prensa.

JCCM

La responsable regional ha sostenido que el momento presente es propicio para realizar cambios en la gestión del trasvase. No obstante, ha lamentado la falta de respuesta por parte del Ejecutivo central.

Según ha indicado, la última información que maneja el Gobierno regional señala que el Estado aguardará a la resolución de dos procesos judiciales derivados de recursos presentados por otras administraciones.

Frente a esta situación, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha decidido tomar acciones legales para exigir el cumplimiento de lo estipulado en el real decreto que regula el sistema. «El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará a cabo las acciones legales necesarias para asegurar que se cumpla lo acordado», ha concluido la consejera.