La Junta y el TSJ apoyarán a individuos con trastornos mentales en procesos judiciales o en riesgo de cometer delitos.

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la región han firmado un protocolo de colaboración para la atención de personas con enfermedades mentales en proceso o riesgo de judicialización. El documento fue rubricado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del TSJ, María Pilar Astray Chacón.

El propósito principal de esta firma es formalizar y fortalecer la colaboración institucional, estableciendo mecanismos adecuados de actuación para atender a aquellos que han tenido contacto con el sistema judicial o penal por haber cometido un delito o por estar en riesgo de hacerlo, según ha señalado el Gobierno regional en un comunicado.

Ambas entidades han trabajado conjuntamente desde 2013 a través de las Comisiones de Análisis de Casos, que están compuestas por profesionales del ámbito judicial, sanitario, social, penitenciario y de asociaciones de pacientes. Tales comisiones son responsables de analizar situaciones específicas, compartir información, desarrollar estrategias de intervención, hacer seguimiento de casos complejos y detectar deficiencias en la red asistencial.

El protocolo persigue varios objetivos. Entre ellos, busca mejorar las oportunidades de integración social de las personas afectadas por trastornos mentales, discapacidades intelectuales o adicciones. También tiene como meta facilitar la comunicación entre las dos administraciones y el intercambio de recursos para un mejor aprovechamiento en beneficio de los pacientes.

Un aspecto clave del acuerdo es el apoyo a las estrategias de prevención impulsadas por las mencionadas Comisiones, con el fin de minimizar el riesgo de judicialización mediante la detección temprana y la adecuada adaptación de los programas de tratamiento y recursos asistenciales.

El protocolo también contempla la creación de guías conjuntas. Se destaca un documento fundamental para mejorar la inserción social y asegurar el seguimiento comunitario de las personas con enfermedades mentales que han cumplido su condena.

Por último, el acuerdo tiene como objetivo difundir las Comisiones entre los profesionales de las administraciones implicadas para aumentar el número de casos evaluados. Este incremento facilitará la puesta en común de casos complejos. A partir de ellos, se podrán desarrollar protocolos generales de actuación para casos representativos y contar con las herramientas necesarias para una atención integral efectiva.