La Justicia indaga a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid por un posible delito de prevaricación | Noticias de Madrid

La crisis que atraviesa el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) desde las últimas elecciones en diciembre de 2024 ha llegado a los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha aceptado una denuncia penal contra los seis miembros de la Junta Directiva en funciones, incluido su presidente, Manuel Martínez-Sellés, por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, que puede resultar en penas de inhabilitación de entre 9 y 15 años. El tribunal investigará a la Junta Directiva por la resolución adoptada el 17 de marzo, que llevó al cese de la Junta Electoral del Icomem, una decisión controversial vinculada a las elecciones del 17 de diciembre de 2024, donde Martínez-Sellés y su equipo fueron derrotados.

En los comicios de 2024, el candidato Tomás Merina, un médico y empresario respaldado por el sindicato Amyts, ganó con su candidatura Icomem Para Todos, obteniendo el 47% de los votos. Sin embargo, su ascenso al poder fue frustrado, y el anterior presidente, Manuel Martínez Sellés, permaneció en una especie de gobierno de facto durante todo 2025.

La toma de posesión de Tomás Merina, programada inicialmente para el 22 de enero, no se llevó a cabo, ya que la Comisión de Recursos del propio colegio invalidó su candidatura, argumentando que Merina no cumplía con los requisitos necesarios al no estar en ejercicio de la profesión. El presidente electo rechazó esta acusación y llevó el caso al juzgado de lo contencioso-administrativo, que desestimó las medidas cautelares en un primer momento, dejando el conflicto sin resolver hasta la fecha. Martínez Sellés sigue al mando mucho tiempo después de que expirara su período en funciones, debido a que los estatutos del colegio no establecen un protocolo para esta situación insólita.

Paralelamente, mientras se desarrolla este proceso judicial que determinará si el ganador de las elecciones cumple con los requisitos, ambas partes se enfrentan en otra cruzada legal. Tomás Merina señala en su denuncia que el cese de la Junta Electoral se realizó para “eliminar al órgano que garantizaba la transición democrática” y “perpetuarse en el poder tras haber sido vencidos en las urnas”. Además, la denuncia subraya que no existe ninguna norma que facultara a la Junta Directiva, especialmente estando en funciones, a despojar a la Junta Electoral de sus atribuciones.

En su auto de admisión de la denuncia, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la jueza instructora indica que los hechos presentados “muestran características que sugieren la posible existencia de una infracción penal” y, por lo tanto, ha decidido iniciar diligencias y notificar el caso al Ministerio Fiscal para realizar una investigación más exhaustiva.

La denuncia detalla que el cese de la Junta Electoral forma parte de un proceso de “usurpación del poder” que lleva más de un año en marcha en el Colegio de Médicos de Madrid. “La gravedad de esta transformación no puede ser minimizada: significa que la Junta saliente se perpetúa en el poder contra la voluntad de los colegiados, convierte la temporalidad en un mandato ilimitado y elimina al único órgano independiente —la Junta Electoral— encargado de garantizar la pureza del proceso democrático”, reza el documento.

El cese de la Junta Electoral se efectuó “de manera completamente opaca”, según sostiene la parte afectada. El equipo de Tomás Merina se dirigió en múltiples ocasiones al órgano responsable del proceso electoral solicitando apoyo ante lo que calificaron como “atropello democrático” en el Icomem. En un momento dado, la Junta Electoral informó a Merina que dejaría de atender sus peticiones porque la Junta Directiva le restringía el ejercicio de sus funciones.

El Icomem no informó a sus colegiados sobre esta decisión y el equipo de Merina solicitó en cinco ocasiones saber si realmente existía un acuerdo de la Junta Directiva ordenando el cese de la Junta Electoral. Ante la falta de transparencia en las decisiones de Martínez-Sellés, el equipo de Merina optó por acudir al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que finalmente —aunque con varios meses de retraso— obligó al Icomem a proporcionar la información que había estado reteniendo.

La candidatura Icomem Para Todos sostiene que existe un acuerdo de la Junta Directiva que menciona brevemente que, debido al litigio en torno al proceso electoral, “se considera necesario dar por concluida la actividad de la Junta Electoral” y se suspende su labor “hasta que proceda como consecuencia de la resolución administrativa o judicial”.

Según la denuncia presentada por el doctor Merina, este acto “pervierte la democracia interna del Colegio y anula los derechos de los colegiados”, constituyendo un “fraude institucional” que encaja en el tipo penal de prevaricación administrativa.

Los miembros de la Junta Directiva en funciones mencionados en la denuncia son: Manuel Martínez-Sellés (Presidente), Javier Martín (Vicesecretario), José Antonio Valero (Tesorero), María Esther Cordón (vocal de Ejercicio Libre), Rafael Carlos Ortega (vocal de Atención Primaria) y Santiago Sevilla (vocal de Médicos no asistenciales).