La Justicia indaga a Reyes Maroto por afirmar que los ancianos fueron «asesinados» en las residencias.



El Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid ha iniciado el procedimiento para atender la querella presentada por la Comunidad de Madrid contra la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, debido a su negativa a retractarse de sus afirmaciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia, durante el acto de conciliación del pasado 10 de junio.

Esto significa que la Justicia está investigando a la portavoz socialista, quien deberá presentarse a declarar el próximo 11 de noviembre a las 11:45 horas por un presunto delito de calumnias con publicidad, según informa el auto, según han comunicado fuentes del Gobierno regional.

Reyes Maroto señaló que las personas mayores fueron «asesinadas» en las residencias de la comunidad durante la pandemia, una afirmación que desde el Ejecutivo regional consideran que traspasa «todas las líneas rojas de la decencia política».

En respuesta, el Gobierno regional presentó la demanda de conciliación el 19 de marzo, como un paso previo a la querella, si Reyes Maroto no se disculpaba por sus declaraciones, con el fin de proteger a los profesionales que durante tanto tiempo se esforzaron por salvar vidas y combatir la pandemia. Al no retractarse, el Ejecutivo autonómico optó por presentar la querella, la cual ha sido admitida a trámite.

Reyes Maroto matizó sus declaraciones a través de un comunicado en la red social X: «Con respecto a mis afirmaciones realizadas ayer sobre el documental ‘7291’, referente a las personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid, de las cuales me retracto, reconozco que no fui suficientemente precisa. No era mi intención, evidentemente, incriminar a nadie de asesinato, sino resaltar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir la atención médica oportuna. Las responsabilidades, en todo caso, serán determinadas por la Justicia», sostuvo.

Sin embargo, el Gobierno regional consideró que esto no era una retractación suficiente y decidió continuar con las acciones judiciales.


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