La Justicia instruye a Hacienda a restituir 107 millones a MasOrange y Vodafone por el IAE | Empresas

La Audiencia Nacional ha emitido dos nuevas sentencias que exigen a la Agencia Tributaria el reembolso de un total de 107,5 millones de euros a las operadoras Orange y Vodafone. Estas decisiones abordan cobros indebidos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) realizados durante años a los principales operadores de telefonía móvil en España. Los dictámenes judiciales se fundamentan en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en 2022, que declaró este impuesto como improcedente al considerarlo incompatible con la normativa comunitaria sobre telecomunicaciones.

La mayor parte del monto reconocido corresponde a Orange, que actualmente forma parte del grupo MasOrange tras su fusión con MásMóvil. La Administración Pública deberá reintegrar 62,3 millones de euros a la compañía, cantidad que coincide con la reclamación efectuada por la operadora a través de un recurso contencioso-administrativo. La resolución, fechada el 10 de marzo, especifica que el reembolso incluye las cantidades pagadas en exceso entre los ejercicios de 2018 y 2020.

Vodafone España recibirá una devolución de 45,1 millones de euros según la sentencia emitida el 18 de febrero. La desglose judicial indica que 22,8 millones de euros corresponden al ejercicio fiscal de 2018 y otros 22,3 millones de euros provienen de la liquidación exigida por la Agencia Tributaria en 2019. Además, ambas operadoras recibirán, junto al monto principal, los intereses de demora acumulados desde el momento del pago y los costes procesales impuestos a la Administración del Estado.

Estos dictámenes forman parte de una serie de éxitos judiciales para el sector de las telecomunicaciones en el primer trimestre de 2026. Junto a Orange y Vodafone, Digi Spain Telecom ha obtenido recientemente el reconocimiento de su derecho a recuperar los pagos efectuados entre 2015 y 2018. Aunque la sentencia del 12 de febrero no especifica el total a devolver por Hacienda, las actas judiciales mencionan un pago de 6,9 millones de euros realizado por el operador rumano solo en el ejercicio de 2017.

La cantidad acumulada de devoluciones pendientes por el IAE alcanzaba los 1.000 millones de euros al inicio de 2023. La deuda de la Administración ha seguido creciendo a medida que los tribunales resuelven los recursos presentados por otros operadores, incluida Telefónica. Aunque las sentencias de 2026 aún permiten la presentación de recursos de casación ante el Tribunal Supremo, la consolidación de la jurisprudencia anterior reduce las probabilidades de éxito de la Abogacía del Estado en instancias superiores.

El origen del conflicto tributario data de la reforma del sistema de cuantificación del IAE que se aplica en España desde 2002. Con este modelo, los operadores de telefonía móvil estaban obligados a tributar en función del número de abonados y, además, por cada antena instalada en el territorio nacional. Las empresas del sector impugnaron de forma sistemática estas liquidaciones al considerar que el impuesto tenía un fin meramente recaudatorio que distorsionaba la competencia en el mercado de telecomunicaciones.

Doctrina del Supremo

El Tribunal Supremo estableció doctrina definitiva en julio de 2022 al declarar que el IAE, en su configuración técnica para la telefonía móvil, actúa como un canon específico injustificado. La sentencia de referencia obligó en ese momento a reembolsar 29,8 millones de euros a Vodafone por las cuotas de 2013. El alto tribunal argumentó que la Directiva de la Unión Europea sobre autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas prohíbe imponer cargas que no sean adecuadas y que no estén orientadas a la optimización de recursos.

La disparidad en criterios fiscales entre la telefonía fija y la móvil es uno de los aspectos centrales de los recursos presentados por los operadores. Según los datos proporcionados por Orange en su proceso judicial, la cuota del IAE para el servicio fijo era de 137,48 euros por cada 1.000 abonados. En contraste, los servicios de telefonía móvil enfrentaban un cargo de 632,11 euros por el mismo volumen de clientes, lo que implica una carga tributaria casi cinco veces mayor para la tecnología inalámbrica.

El factor de las estaciones base o antenas aumentaba la presión fiscal sobre las operadoras móviles en comparación con otros servicios de comunicaciones. Las empresas debían realizar un pago adicional de 649,16 euros por cada unidad de red instalada. Este parámetro fue identificado por la justicia como un obstáculo directo para el despliegue de infraestructuras críticas como el 4G y el 5G, vulnerando los principios de neutralidad y fomento tecnológico exigidos por Bruselas.

La Audiencia Nacional ha reiterado en sus recientes fallos que la estructura del impuesto en España no cumple con los requisitos de proporcionalidad y no discriminación. El tribunal sostiene que la Administración no ha presentado razones técnicas ni jurídicas que justifiquen el trato diferencial entre los operadores de red fija y móvil. Al determinarse que el impuesto funcionaba como un instrumento de financiación para las corporaciones locales sin contraprestación directa, la justicia ha ordenado su anulación sistemática en los periodos reclamados.

La gestión de estas devoluciones genera un conflicto financiero entre la Administración Central y las entidades locales. El IAE es un impuesto cuya recaudación se destina a los ayuntamientos, pero es el Estado quien debe afrontar el reembolso de las cantidades cobradas indebidamente tras las sentencias judiciales. Hasta la fecha, las administraciones locales se han negado a devolver los ingresos ya percibidos y gastados, lo que obliga al Gobierno central a recurrir a partidas extraordinarias de los Presupuestos Generales del Estado.

Recientemente, el Gobierno español llevó a cabo una reforma legislativa del IAE para adaptar el impuesto a las exigencias de la Unión Europea y prevenir nuevos litigios. Los cambios normativos eliminaron el factor del número de antenas como elemento de cálculo para la cuota tributaria. Asimismo, se redujo el criterio basado en el número de clientes para equiparar la presión fiscal de la telefonía móvil con la que tradicionalmente se aplicaba a la telefonía fija, eliminando así la discriminación técnica anterior.

La Abogacía del Estado ha defendido las liquidaciones basándose en la presunción de legalidad de las normas locales, aunque la Audiencia Nacional ha optado por aplicar de forma automática los criterios del Tribunal Supremo. Los magistrados han comenzado a utilizar fragmentos literales de la jurisprudencia de 2022 en sus actuales dictámenes para agilizar la resolución de los expedientes acumulados. Esta práctica indica una tendencia judicial clara que complica cualquier intento de la Agencia Tributaria por retener las cantidades reclamadas por las telecos.

Impacto en las cuentas

La resolución de estos procesos judiciales afecta directamente las cuentas de resultados de los grandes grupos de telecomunicaciones en España, en un contexto de consolidación del mercado. Para compañías como Vodafone y Orange, la recuperación de estos activos fiscales permite compensar parcialmente los altos costos derivados de las inversiones en espectro radioeléctrico y redes de nueva generación. La velocidad del ingreso efectivo de los 107,5 millones dependerá ahora de si Hacienda opta por agotar la vía del recurso de casación o proceder al pago inmediato de las cantidades.

El sector de las telecomunicaciones espera que el cierre de estos expedientes ponga fin a un ciclo de inseguridad jurídica que se ha prolongado durante más de dos décadas. Los operadores afirman que la carga fiscal excesiva limitó históricamente la capacidad de inversión en áreas rurales donde el despliegue de antenas era menos rentable debido al costo del IAE por ubicación. La nueva estructura impositiva, alineada con las normativas europeas, busca evitar la repetición de liquidaciones que el Supremo ya ha calificado como injustas y contrarias al derecho comunitario.