La Justicia respalda nuevamente la eliminación masiva de anuncios de alojamientos turísticos ilegales en Airbnb.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reafirmado su apoyo al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en su confrontación con Airbnb, validando por segunda vez la eliminación masiva de miles de anuncios de pisos turísticos que no se ajustaban a la normativa actual.

Esta acción, que afecta a un total de 34.728 anuncios, se suma a una decisión anterior que obligó a la eliminación de 5.800 anuncios y a una tercera que abarco el resto, alcanzando un total de 65.000 publicaciones que la compañía global eliminó en julio de 2024, después de recibir las resoluciones y la ratificación judicial.

El conflicto se originó cuando la Dirección General de Consumo identificó que numerosos anuncios no incluían el número de licencia requerido por varias normativas regionales, algunos presentaban números erróneos que podían confundir a los usuarios, y en la mayoría de los casos no se especificaba la naturaleza jurídica de los arrendadores. Estos tres aspectos son fundamentales para determinar si el consumidor está debidamente protegido.

Frente a estas irregularidades, el Ministerio liderado por Pablo Bustinduy implementó medidas cautelares para salvaguardar a los consumidores y asegurar la transparencia del mercado, pero Airbnb impugnó, lo que llevó el caso nuevamente al TSJM, que desestimó los recursos y confirmó la legalidad de las acciones tomadas por Consumo.

Según lo explicado por el Ministerio, estas medidas se derivan del compromiso de Bustinduy para abordar la crisis de la vivienda en España. «Hay miles de familias que viven al borde debido a la situación habitacional, mientras unos pocos se enriquecen a través de modelos de negocio que empujan a las personas fuera de sus hogares», declaró el ministro, añadiendo que «ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley».