La ‘Ley Bolaños’ fuerza a las víctimas de maltrato a testificar en contra de su agresor sin compañía.

La famosa Ley de Eficiencia de la Justicia, promovida por el ministro Félix Bolaños, ya está teniendo repercusiones en la protección de las víctimas de violencia de género. La eliminación de juzgados obliga a las mujeres maltratadas a recorrer más de 80 kilómetros para declarar contra su agresor. De no hacerlo, deberán comparecer solas, sin la compañía de su abogado y a través de videollamada. Según advierten desde la Asociación de Fiscales (AF), esto tiene «efectos disuasorios» en el momento de presentar una denuncia.

La razón de esto es que la ley disminuye el número de juzgados especializados en violencia de género y centraliza los juicios en la capital provincial, un proceso que se llama «comarcalización». Por lo tanto, las víctimas que viven en áreas remotas deben trasladarse para poder testificar. Si optan por declarar desde el juzgado local, lo harían de manera telemática, en una sala, y sin la asistencia de abogados ni fiscales. Es decir, estarían solas.

La Asociación de Fiscales ha denunciado esta situación, subrayando el «caos» generado por la implementación de la ley y las notables e «importantes carencias de estudio» en los aspectos competenciales, tanto en la fase de instrucción como en la de juicio.

Esto ha dado lugar a que la creación de tribunales comarcales para la violencia de género haya dejado a las víctimas obligadas a largos desplazamientos o a comparecencias telemáticas «en detrimento de la atención personal que demandan fiscales y jueces».

Toda esta situación genera una «revictimización» muy clara y provoca «efectos disuasorios» al momento de interponer una denuncia.

Pulseras antimaltrato

Esta nueva controversia en torno a la protección de las mujeres afectadas por violencia de género se añade a los problemas relacionados con los fallos de las pulseras antimaltrato.

La Fiscalía General del Estado advertía en su memoria correspondiente al año 2024 que se habían producido absoluciones debido a incidencias con estos dispositivos, así como problemas con el prestador del servicio, como informó OKDIARIO.

El servicio de seguimiento es proporcionado por una empresa privada contratada por Igualdad que se encarga de instalar, monitorizar y desinstalar los dispositivos.

El ministerio, bajo la dirección de Ana Redondo, minimizó estos errores y los riesgos asociados para las víctimas, atribuyéndolos a simples «incidencias técnicas» relacionadas con un cambio de contrato.

Las memorias de la Fiscalía de estos años, durante los cuales el Gobierno ha presumido de su protección a las víctimas de violencia de género, evidencian múltiples deficiencias en términos de seguridad.

Uno de los problemas más recurrentes es la falta de personal y recursos necesarios para la elaboración de informes forenses de valoración, una prueba crucial para determinar el riesgo al que está expuesta la víctima.

Asimismo, se señala que «razones geográficas» complican en algunas provincias la «utilización» de las pulseras telemáticas.

Por otro lado, el Gobierno también ha reconocido que el servicio de teleasistencia para las víctimas de violencia de género (Atenpro) tampoco funcionó correctamente cuando fallaron los sistemas antimaltrato.

En un reciente real decreto que concede una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la prestación de este servicio, se informa que este verano hubo «carencias en la cobertura móvil en zonas rurales», donde también se registraron problemas de funcionamiento en las pulseras.