La mayoría de las grandes ciudades no consideran los alojamientos turísticos al establecer la nueva tarifa de residuos | Economía

Desde abril de 2025, los hogares españoles deben pagar a sus ayuntamientos una nueva tasa anual por la recogida y gestión de residuos, que en total generará unos 3.500 millones de euros. Esta medida surge de una ley estatal que impone dos obligaciones principales a los consistorios: quien contamina debe pagar y el impuesto debe cubrir todo el servicio. Los detalles adicionales dependen de cada municipio. Este marco ha resultado en una mezcla de modelos, criterios y tarifas que varían de ciudad a ciudad, abriendo interpretaciones muy diversas en un tema candente del debate urbano actual: el tratamiento fiscal de los pisos turísticos y su gestión de residuos.

Más de la mitad de las grandes ciudades españolas ―las que superan el medio millón de habitantes― han ignorado en sus ordenanzas a las viviendas vacacionales, uno de los aspectos que más afecta a la nueva tasa. Ni Madrid, ni Valencia, ni Zaragoza, ni Málaga han implementado hasta ahora una categoría específica para estos alojamientos, que continúan tributando como residencias normales, a pesar de su creciente número y un uso que, según los expertos, aumenta significativamente la generación de residuos en comparación con un hogar habitual.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a mayo de 2025, Madrid cuenta con unos 15.200 pisos turísticos; Valencia, 6.500; Zaragoza, casi 900; y Málaga, alrededor de 8.500. Entre los otros municipios con más de 500.000 habitantes, solo Sevilla (7.000 pisos turísticos) ha considerado esta categoría de viviendas. En Barcelona, que tiene aproximadamente 9.500 inmuebles de este tipo, se encuentra en un punto intermedio. Durante el primer año de aplicación de la tasa, el ayuntamiento no se ocupó del fenómeno de la vivienda vacacional, pero en 2026 se han aprobado cambios significativos que obligarán a los propietarios a pagar más.

Evaluar los sistemas y las repercusiones del gravamen sobre la basura es complejo. Dado que los ayuntamientos tienen la autoridad para establecer los criterios que consideren pertinentes, es complicado identificar patrones comunes y modelos. La Fundación ENT es una de las pocas entidades que se ha atrevido a investigar este tema. Ignasi Puig, doctor en Ciencias Ambientales y coordinador de Economía y Medio Ambiente y Residuos de la fundación, afirma que “aunque existan excepciones, la mayoría de los municipios no están otorgando un tratamiento específico a los pisos turísticos”. Sugiere que es un aspecto que deberían reevaluar.

Donde hay una población flotante significativa, continúa Puig, los servicios de recogida y gestión de basura tienden a estar sobredimensionados. Esto es evidente en Baleares, Canarias o en los barrios más turísticos de las grandes ciudades, donde se incrementan los costos. “Si no se prevén soluciones adicionales, esos costos adicionales recaen sobre la población empadronada”, explica Puig, por lo que “tendría sentido” trasladar parte de esos gastos a las viviendas turísticas, de forma similar a lo que se hace con hoteles, restaurantes y otros negocios beneficiados por esta actividad.

Es importante también tener en cuenta, sigue Puig, que es complicado que los huéspedes de viviendas turísticas participen adecuadamente en la recogida de residuos, “ya que no suelen estar familiarizados con el sistema de gestión”. Un inspector de Hacienda local consultado tiene una opinión similar: un grupo de turistas que se queda solo unos días y se aloja en un piso vacacional no reciclará al mismo nivel que una familia que vive allí permanentemente, y es probable que genere más basura y consuma más agua.

El inspector, por tanto, aboga por aprovechar todas las herramientas que tienen los consistorios para implementar un trato diferenciado a esta categoría de inmuebles. Recuerda que la tasa de residuos permite gravar más intensamente una actividad económica que el uso residencial, siempre que esté fundamentado en informes económico-financieros. “Si un ayuntamiento monitorea una muestra de pisos turísticos y verifica que generan más residuos, lo cual parece fácil de demostrar, se puede hacer que tributen más”, explica.

Diferentes fórmulas

Un ejemplo es Sevilla. La capital andaluza establece que los apartamentos turísticos paguen la cuota correspondiente al uso residencial, más un adicional que varía según la ubicación y el número de plazas. Por ejemplo, un piso en una calle de primera categoría paga cinco euros más por plaza al trimestre, mientras que uno ubicado en una calle de cuarta categoría o inferior deberá abonar un extra de dos euros.

Otro caso es Barcelona. Allí, las viviendas tributan de acuerdo al consumo de agua y los pisos turísticos no han recibido trato especial en 2025. Sin embargo, el Área Metropolitana de Barcelona, una entidad supramunicipal que tiene algunas competencias sobre 36 municipios, incluida la capital catalana, ha aprobado recientemente un cambio en la ordenanza fiscal para 2026. Ha reclasificado 11.664 viviendas de uso turístico que tributaban como residencias normales y a partir de ahora lo harán como negocios, lo que podría generar 3,3 millones de euros más solo con esta modificación, informa Josep Catà.

En general, en los demás grandes municipios no se hace referencia a los pisos vacacionales. Solo Málaga, que también calcula la tasa según el consumo de agua, señala que estas viviendas se consideran residenciales y están sujetas a las mismas obligaciones. En Madrid, la tasa varía para todos los propietarios en función del valor catastral de la vivienda y de dos indicadores del vecindario: el volumen de basura generada y el grado de reciclaje. Esto, sugiere el inspector, castiga a los vecinos permanentes y favorece a los pisos vacacionales, dado que el nivel de reciclaje suele ser menor en áreas turísticas. Organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid han solicitado, por ello, un tratamiento diferenciado para estos negocios.

Fuera del grupo de grandes localidades, existen diversas situaciones. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se regula de manera específica la tasa de residuos para viviendas vacacionales, con categorías según su capacidad —una vivienda turística de una o dos plazas paga 131,69 euros al año, mientras que una de cinco a diez paga 206,14 euros—. En Palma de Mallorca, otra ciudad con un importante volumen de esta actividad, no se establece una categoría diferenciada para los pisos turísticos, sino que se les aplica la tarifa hotelera, que supone 47,35 euros por plaza al año si ofrece comedor, y 29,07 euros si no lo hace.