La polémica situación del desalojo de Paca Blanco: 12 años de ocupación en un inmueble municipal | Noticias de Madrid
Paca Blanco, de 77 años, utiliza un andador y sigue participando activamente en la vida pública y política. En las últimas semanas, ha estado orgullosa de haber asistido a jornadas de Greenpeace, tiene un acto programado en el Congreso para mañana y ha dado dos conferencias hoy en institutos a través del Patronato de Protección de la Mujer. Recientemente publicó su autobiografía titulada Paca Blanco La Brava (Editorial Libros en Acción) y es conocida por su labor como activista social desde hace décadas. Sin embargo, su ocupada agenda se ha visto alterada este martes tras recibir una orden de desahucio de un juzgado de primera instancia de Madrid sobre la vivienda pública en la que ha residido los últimos 12 años en el barrio de Pacífico, en el distrito de Retiro. “Estoy muy emocionada por el apoyo que estoy recibiendo”, comenta por teléfono mientras se prepara para reunirse con su abogada y planear su defensa.
Este caso controvertido tiene una fecha y hora: el 23 de febrero de 2026. Blanco afirma que ha residido de manera continua en el inmueble durante más de una década y que puede demostrarlo con los registros del padrón, así como con recibos de agua, luz, gas y comunidad. En la orden de lanzamiento aparecen los nombres de su hijo, su nuera y una “ocupante ignorada”, refiriéndose a ella, Francisca Blanco. “No le pagué a nadie para entrar en esta casa; entré con llaves, por la puerta”, aclara.
Blanco llegó a Madrid tras dejar Extremadura debido al conflicto por el proyecto turístico de Marina de Valdecañas, donde sufrió acoso y amenazas por oponerse a ese desarrollo en un espacio protegido. “Me lanzaron un cóctel molotov dentro de mi casa, y después de seis años de acoso decidí mudarme a Madrid”, cuenta. Su hijo la acogió en la vivienda pública que tenía asignada.
En ese momento, su hijo vivía con su pareja y ambos planeaban mudarse a Brasil. Cuando se marcharon, Blanco decidió quedarse en la casa para asumir los gastos. Desde entonces, ha solicitado a la EMVS la posibilidad de subrogarse en el contrato y asumir el alquiler a su nombre. Asegura que se lo han negado reiteradamente, argumentando que estas viviendas pueden transmitirse de padres a hijos, pero no de hijos a padres. “Por eso me consideran okupa”, señala.
“He vivido aquí desde 2014. Estoy empadronada desde que llegué. Tengo todos los recibos. Siempre he solicitado a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que me cobren”, expone. Hace un año, le aconsejaron abrir una cuenta y pagar a nombre de su hijo, algo que ha estado haciendo durante un año. “Algunos meses he pagado 400 euros, otros 460, según la calefacción y la comunidad”, detalla. Sin embargo, dado que Blanco ha estado 11 años sin abonar esos 450 euros, su deuda con la EMVS asciende a unos 50.000 euros aproximadamente.
La orden de desahucio, asegura, llegó sin ninguna explicación previa a pesar de esos pagos. Una vez enterada del lanzamiento, ha solicitado, junto con la exdiputada y abogada especializada en vivienda Alejandra Jacinto, una reunión con la gerencia de la EMVS para intentar paralizar el procedimiento. “Estamos dando todos los pasos para detenerlo”, comenta la letrada. Desde el Ayuntamiento, le ofrecieron una plaza en una residencia para mayores, pero Blanco la ha rechazado. “No quiero una residencia. Todavía estoy dando guerra”, afirma.
Blanco percibe unos 600 euros de pensión de jubilación. Tras el fallecimiento de su compañero —con quien convivió 43 años y se casó poco antes de su muerte—, recibe además una pensión de viudedad de otros 600 euros. En total, cobra 1.200 euros.
Blanco indica que ha empadronado en distintos momentos a hijos y nietos cuando han tenido problemas laborales o de salud, aunque actualmente solo vive con un hijo que está buscando piso con su pareja. Resalta que no forman una unidad económica conjunta y que ella es una persona vulnerable sin alternativa habitacional. “No pueden poner en la calle a una persona de 77 años que puede probar que vive aquí desde hace 12 años”, sostiene. “Confío en que podemos parar esto”.
Por su parte, fuentes de la EMVS aclaran que, por motivos de protección de datos y al afectar a derechos fundamentales y a la privacidad de las personas implicadas, no pueden brindar información específica sobre procedimientos judiciales en curso. Además, recuerdan que las viviendas gestionadas por la empresa municipal son públicas, “un bien de todos los madrileños”, y están sujetas a una normativa y reglamento de obligado cumplimiento, cuyo respeto corresponde legalmente a la EMVS.
Estas fuentes explican que, generalmente, la empresa solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, ocupaciones ilegales —sean forzadas o no—, cesiones o subarriendos no autorizados, o impagos reiterados durante largos períodos sin voluntad de acogerse a planes de pago, acumulando deudas de miles de euros. En tales casos, los servicios jurídicos de la EMVS presentan demandas de desahucio “para proteger los derechos de las personas inscritas que esperan la adjudicación de una vivienda pública, así como para salvaguardar el patrimonio municipal”.
Respecto a las subrogaciones, precisan que, en términos generales, solo se permiten cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales establecidos.
La abogada Jacinto argumenta que Paca ha estado viviendo en una vivienda pública adjudicada a su hijo desde 2014 y que ella siempre ha actuado de buena fe: “Por supuesto, nos defenderemos en este procedimiento. Intentaremos demostrar que ella ha buscado cumplir el contrato de arrendamiento y que ha sido, precisamente, la propia EMVS quien ha provocado esta situación. Si la subrogación de contratos puede darse de padres a hijos, tiene sentido que también se pueda hacer al contrario. Esperamos que el desahucio se paralice, porque sería muy injusto que a una persona de casi 80 años, con movilidad reducida, se le desahucie precisamente por quien tiene la obligación de garantizar una alternativa habitacional a personas en estas condiciones”.



