La Policía desalojó a una mujer de 90 años de su hogar — idealista/news.

El drama de la ocupación ha afectado de manera contundente a una mujer de 90 años en Torrejón de Ardoz (Madrid), cuya casa ha sido invadida de la manera más inesperada.

La historia se origina con el fallecimiento de su hijo, quien, al estar separado y sin descendencia, dejó la propiedad en manos de su madre. Ella, en un inicio, la arrendó sin problemas. Sin embargo, tras la salida de los primeros inquilinos, la familia del difunto decidió delegar la gestión a una inmobiliaria local, que optó por subarrendar el apartamento por habitaciones a sus empleados.

Al principio, las rentas eran puntuales, pero con el tiempo, uno de los inquilinos dejó de abonar, mientras sus compañeros cumplían con sus obligaciones. Tras ser demandado en el juzgado por impago, la convivencia se volvió insostenible y, al marcharse definitivamente los dos arrendatarios responsables, fue este joven quien aprovechó la oportunidad para hacerse con el control total de la vivienda.

La inmobiliaria decidió actuar al constatar que las deudas seguían aumentándose y que el individuo ahora residía solo. Junto con los propietarios, acudieron al inmueble y confirmaron que la cerradura había sido cambiada, señalando una ocupación ilegal. Sin embargo, durante la visita, los vecinos manifestaron que no habían visto al inquilino desde hacía días, lo que llevó a la firma de la rescisión del contrato de alquiler y a que la familia, acompañada de un cerrajero, ingresara a la vivienda para iniciar tareas de limpieza.

Expulsados de su propio hogar

llegó con la Policía, denunciando un supuesto allanamiento de morada. En presencia de los agentes, mostró una llave de la habitación y afirmó residir allí de manera legítima.

El hermano del fallecido presentó el contrato de la inmobiliaria, y la hermana las escrituras del inmueble. A pesar de esto, los agentes advirtieron a la familia que debían abandonar la propiedad por posibles cargos de allanamiento, ya que, legalmente, el okupa podía alegar residencia habitual.

Intento de extorsión

La familia se mostró consternada en una entrevista en ABC, y afirmaron que el okupa intentó extorsionarlos: primero solicitó 4.500 euros a cambio de abandonar la casa, y luego redujo su exigencia a 2.000, siempre “manteniendo la calma, ya que contaba con asesoría legal”. Además, la cerradura digital instalada por el okupa funcionaba como alerta en caso de intrusión.

La situación legal se ha convertido en una auténtica pesadilla para los afectados. Aunque la inmobiliaria presionó para terminar el contrato de alquiler y les ofreció unirse a la denuncia, el proceso de desalojo puede extenderse durante meses o incluso años. Mientras tanto, la familia no tiene acceso a la vivienda de su hijo/hermano fallecido.

Este es solo un ejemplo más de la indefensión que miles de propietarios enfrentan ante la ocupación ilegal en España y el crecimiento de la inquiokupación.