La Policía determina que los 100.000 euros aportados por un empresario a Alvise se utilizaron evidentemente para financiar su campaña | España

La Policía Nacional ha presentado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, quien investiga la supuesta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe que “considera veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo afirmó haber entregado al agitador de extrema derecha se destinaron a financiar en parte la campaña electoral de este para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que obtuvo 800.000 votos y tres escaños. El informe policial resalta que “es evidente que la intención subyacente en la actuación de Luis Pérez Fernández es obtener fondos para financiar su campaña electoral, los cuales deben ser opacos, no declarados y de origen difuso, para evitar su fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad entregada haya sido mayor, ya que el propio Alvise menciona en un mensaje intervenido que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise compareció ante el Supremo por esta causa en julio pasado, y durante su interrogatorio, admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó haber utilizado ese dinero para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024 de su agrupación. Fuentes presentes en la declaración indicaron que Alvise afirmó haber usado la mitad de ese dinero para gastos personales y algunos viajes profesionales, mientras que la otra mitad la tenía guardada. Romillo, quien declaró después que el eurodiputado, contradijo esa versión, y, según las mismas fuentes, afirmó que siempre se dejó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. Ahora, el documento policial respalda el testimonio del empresario y enfatiza que “no hay evidencia” que conecte la entrega de ese dinero con “la prestación de servicio de su parte a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias asociadas, como había afirmado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, examina los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería Signal, los cuales fueron recuperados por la Policía en el teléfono de Romillo. Tras confirmar que no han sido manipulados, los investigadores subrayan que estos mensajes demuestran que el agitador de extrema derecha hace ver a Romillo “el potencial” de su colaboración. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchas más personas, y yo podría financiar mi campaña con seguridad y holgura sin la problemática de la persecución estatal”, se puede leer en uno de ellos.

El político describe sus “necesidades”, entre las cuales menciona “fondos que no deban ser controlados por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que él no puede costear de su propio bolsillo “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder de extrema derecha añade que también debe “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como no puedo renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], también me viene bien para financiar la aventura política […] En cash es inrastreador, sí”, afirma en otro mensaje.

En relación a Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes indican que opera solamente por intereses empresariales, “no siendo su objetivo directo financiar la campaña electoral de SALF, pero sí siendo plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, colaborando en su logro”. Según la Policía, el “principal estímulo” del empresario son “sus expectativas de negocio de cara a captar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de lucrarse como consecuencia”. El informe policial enfatiza que, “en múltiples ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario presentó a Alvise “las diversas posibilidades metodológicas de mover capitales sin que sean rastreados por las instituciones fiscalizadoras, ni detectados como financiadores de su campaña electoral”.

Así, los agentes añaden que dos días antes de que se produjera la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió que el dinero que reciba SALF materializado en criptomonedas “se compense en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de manera que los pagos que reciba SALF en diversas wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo sean siempre supervisados por él, quien poseerá la clave privada […] que permite operar”. De esta manera, los agentes argumentan, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien le indica a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía señala que la estrategia de Alvise, “basada en introducir capitales en una sociedad simulando que es una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada”. Se trata, en esencia, de “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, que tiene luego el derecho de canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, provocándose una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―indica el informe― oculta la verdadera intención de los actores, en este caso, utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta causa, de las tres que tiene abiertas en el Supremo, es la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, una se indaga por la difusión de una supuesta prueba falsa de COVID del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa. En la otra, por varios mensajes lanzados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, podrían constituir un delito de acoso.