La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario dio a Alvise fueron claramente utilizados para financiar su campaña | España

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar un informe en el que se considera «veraz» la afirmación del empresario Álvaro Romillo sobre la entrega de 100.000 euros al eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise. Este dinero habría sido destinado a financiar parte de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, donde obtuvo 800.000 votos y tres escaños. El informe policial recalca que “es evidente que el objetivo subyacente en la actuación de Luis Pérez Fernández es obtener fondos para su campaña electoral, los cuales deben ser no declarados y de origen difuso, esquivando así el escrutinio del Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad finalmente entregada pudiera haber sido mayor, ya que Alvise mencionó en un mensaje interceptado que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró en julio pasado ante el Supremo y, durante su interrogatorio, reconoció haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, aunque negó haber utilizado ese dinero para financiar su campaña electoral de 2024. Testigos de su declaración indicaron que Alvise afirmó haber usado la mitad del dinero para gastos personales y viajes profesionales, mientras que el resto lo tenía guardado. Romillo, quien fue interrogado tras Alvise, contradijo su versión, afirmando que los 100.000 euros eran claramente para gastos del partido. Actualmente, el informe policial respalda el testimonio de Romillo y subraya que “no hay evidencia” que vincule la entrega de dicho dinero a “la prestación de servicios por parte de Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias, como había afirmado Alvise Pérez”.

El informe, fechado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, examina los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación Signal, los cuales fueron recuperados del teléfono de Romillo. Tras comprobar que no han sido alterados, los investigadores destacan que los mensajes demuestran que Alvise le muestra a Romillo “la potencialidad” de una colaboración entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían alcanzar a mucha más gente, y yo podría financiar mi campaña con seguridad y comodidad, sin enfrentar problemas con la persecución estatal”, se lee en uno de ellos.

El político detalla sus “necesidades”, entre las que menciona “fondos que no requieran control del Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad”, que no puede cubrir con su propio dinero “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra también menciona que debe “enfrentar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como no voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si era elegido], eso también me sirve para financiar la aventura política […] En cash es irrastreable, sí”, declara en otro mensaje.

En cuanto a Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes indican que su interés es puramente empresarial, “sin buscar financiar directamente la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que esa es la intención de Luis Pérez Fernández, contribuyendo a su logro”. Según la Policía, el “principal incentivo” del empresario son “sus expectativas de negocio de atraer a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de beneficiarse de ello”. El informe enfatiza que, “en múltiples ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario expuso a Alvise “las diversas formas metodológicas de mover capitales sin que sean detectados por las instituciones fiscalizadoras, ni identificados como financiadores de su campaña electoral”.

Así, indican los agentes, dos días antes de la transferencia de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió a Alvise que el dinero que reciba SALF en criptomonedas “se compense en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de modo que los pagos que SALF reciba en varias wallet[monederos virtuales] controladas por Romillo estén siempre bajo su supervisión, ya que él tendrá la clave privada […] que permite operar”. De esta manera, añaden los agentes, “todas las contribuciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien le sugiere a Alvise que comparta en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía observa que el modus operandi de Alvise, “que consiste en ingresar capitales en una sociedad simulando ser una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente empleado en numerosas ocasiones por el crimen organizado”. Básicamente, se trata de “fingir que el dinero entrante es un préstamo de un tercero, que luego puede ser canjeado por participaciones sociales de la sociedad limitada, lo que provoca una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―recalca el informe― oculta la verdadera intención de los actores, en este caso utilizar esos fondos para financiar la agrupación electoral SALF”.

De las tres causas abiertas en el Supremo en su contra, esta es la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, se indaga si difundió una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, así como por varios mensajes lanzados a través de Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, pueden constituir un delito de acoso.